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Ignacio Ortiz Salas
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El Banco Central de Costa Rica (BCCR) emitió un criterio negativo a dos proyectos de ley que permitirían el retiro total de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), al advertir posibles efectos adversos sobre el sistema de pensiones, el mercado financiero y la estabilidad macroeconómica del país.
Así lo expuso el presidente del BCCR, Roger Madrigal, durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, donde se analizaron los expedientes 24.955 y 24.984. Según explicó, ambas iniciativas “desvirtúan el objetivo original del ROP”, concebido como un complemento de la pensión básica durante toda la etapa de vejez.
“El retiro total implica que la persona deja de contar con un ingreso complementario en el largo plazo, precisamente en la etapa de la vida donde aumentan las vulnerabilidades”, afirmó Madrigal, quien señaló que la evidencia disponible muestra un uso acelerado de esos recursos cuando se entregan en un solo tracto.
El jerarca citó una encuesta de la Superintendencia de Pensiones (Supen) realizada en 2020, según la cual el 54% de las personas que retiraron la totalidad de sus fondos los agotó en el primer año, y el 85% antes de tres años. Además, indicó que un 75% de los afiliados consultados manifestó preferir el retiro inmediato del dinero, lo que, a criterio del Banco Central, incrementa el riesgo de desprotección en la vejez.
Madrigal advirtió que un retiro masivo del ROP podría reducir la rentabilidad del fondo para los afiliados activos, al disminuir el volumen de recursos disponibles para inversión, y obligar a las operadoras a mantener mayores niveles de liquidez con rendimientos bajos. “Si hoy se recibe menos rentabilidad, mañana la tasa de reemplazo será menor”.
El presidente del BCCR también alertó sobre posibles efectos sistémicos, como la necesidad de vender activos financieros de forma acelerada, lo que podría generar pérdidas de valor que se trasladen a otros actores del sistema financiero. A ello se sumarían presiones inflacionarias derivadas de un aumento del consumo sin un incremento equivalente en la producción.
Otro riesgo señalado fue el impacto cambiario. Madrigal explicó que hasta un 50% de los recursos del ROP podría estar invertido en moneda extranjera, por lo que su liquidación implicaría un aumento en la oferta de dólares en el mercado local, con presiones a la baja sobre el tipo de cambio.
Diputados de distintas fracciones cuestionaron la posición del Banco Central y reclamaron la supuesta ausencia de estudios que sustenten los riesgos advertidos. El diputado Jorge Rojas de la fracción chavista señaló que las advertencias expuestas durante la audiencia se basan en proyecciones generales y no en datos concretos: “No existe un estudio que determine cuál es el monto que realmente podría llegar a retirarse ni el impacto real que eso tendría”. En la misma línea, su compañera de bancada y proponente de uno de los proyectos, Ada Acuña, afirmó que las operadoras han indicado que pueden hacer frente a los retiros y cuestionó que el BCCR no presentara cifras precisas: “Hoy esperábamos un estudio técnico y no lo tuvimos”.
Otras intervenciones enfatizaron las necesidades económicas de las personas pensionadas y el carácter individual de los recursos. El diputado independiente, Gilbert Jiménez, sostuvo que limitar el acceso al ROP desconoce la realidad de quienes enfrentan deudas y problemas de salud. “Las personas tienen necesidades y quieren disfrutar en vida lo que ahorraron durante años de trabajo”, y agregó que “el dinero es de los trabajadores, no de las operadoras ni del Estado”. Desde esa perspectiva, cuestionó que se priorice la protección del sistema por encima de las condiciones materiales de quienes ya se jubilaron.
También se plantearon críticas al diseño del régimen y a la forma en que se calculan los beneficios. La diputada frenteamplista Priscilla Vindas cuestionó la expectativa de vida utilizada para distribuir los recursos y pidió revisar las comisiones de las operadoras. “No es razonable calcular la entrega del ROP como si las personas fueran a vivir más de 100 años”. Además, consultó por qué no se exploran esquemas graduales o diferenciados que permitan responder a la presión social sin recurrir a un retiro total inmediato.
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