M
Moisés Cáceres
Guest
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, abordó la intervención en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y defendió la decisión del Gobierno de frenar varios procesos mientras avanza una revisión interna. En una entrevista con Ecuavisa, describió fallas estructurales dentro de la entidad y anticipó cambios en los sistemas, los controles y la gestión.
Luque indicó que el Ejecutivo exige eficiencia y transparencia a todos sus funcionarios y que, cuando esos principios se rompen, corresponde tomar correctivos. En ese contexto, justificó la paralización temporal de varios procesos dentro de la ANT para impedir nuevas manipulaciones mientras avanza el diagnóstico técnico.
Añadió que el nuevo director lidera un plan que incluye la implementación de la “tercera placa”, la depuración de registros históricos y el diseño de un sistema distinto al Axis 4.0, al que calificó como inviable en su estado actual.
Luque afirmó que la intervención reveló un nivel de vulneración mayor al que el Gobierno conocía hasta ahora. Dijo que la ANT acumuló durante años una base de datos extensa sin auditorías técnicas capaces de detectar patrones irregulares.
El ministro describió casos en los que ciertos cantones registraban decenas de miles de matriculaciones pese a contar con un parque automotor muy inferior y situaciones en las que un vehículo apareció a nombre de otra persona sin autorización de su propietario.
Según explicó Roberto Luque, el sistema sí permite identificar usuarios y tiempos de modificación, pero esos mecanismos no se usaron de forma sistemática en el pasado. Añadió que ahora los equipos técnicos sí logran rastrear quién realizó un cambio y cuándo ocurrió, aunque todavía falta información completa sobre muchos perfiles que operaron la plataforma.
También alertó sobre accesos sin control dentro del sistema. Indicó que existen usuarios propuestos por gobiernos locales sin revisión de antecedentes y casos de personas que ya no laboran en instituciones públicas, pero conservaban permisos para modificar registros.
Para el ministro, ese conjunto de fallas obligó a detener procesos mientras avanza la depuración. Señaló que la prioridad consiste en auditar los datos históricos, eliminar accesos indebidos y rediseñar la plataforma tecnológica de la Agencia Nacional de Tránsito para impedir nuevas manipulaciones.
Luque informó que equipos técnicos externos, con apoyo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), revisan los sistemas de la ANT. Ese trabajo incluye análisis forense digital para reconstruir operaciones irregulares y cerrar brechas de seguridad.
El Gobierno evalúa dos alternativas: adquirir un nuevo software con estándares de inviolabilidad o contratar un servicio externo que asuma responsabilidades contractuales y sanciones ante filtraciones, con el fin de reducir riesgos de extorsión o sobornos dentro de la institución.
El ministro anunció que algunos trámites volverán a operar en el corto plazo. Como ejemplo mencionó el Certificado Único Vehicular, necesario para la compra y venta de automotores. A la par, la ANT restringirá accesos a usuarios que generaron irregularidades y comunicará cada habilitación por canales oficiales.
Luque estimó que el plazo de 30 días para reabrir la agencia resulta razonable, aunque reconoció que la crisis institucional obliga a revisar avances día a día. También anticipó planes para atender los trámites acumulados, en un escenario que incluye cientos de miles de licencias por caducar y miles de transferencias de vehículos cada mes.
El ministro se refirió a Pedro Abril y explicó que su nombre llegó al Ejecutivo dentro de una terna de profesionales con experiencia en transporte y tránsito. Según dijo, en ese momento se valoraron sus credenciales técnicas, pero insistió en que el Gobierno exige eficiencia y transparencia a todos sus funcionarios.
Sobre el nuevo encargado de la ANT, señaló que lo conoce personalmente y destacó su trayectoria en gestión administrativa.
Indicó que ese perfil resulta clave para ejecutar dos objetivos centrales: la implementación de la tercera placa y la depuración integral de la base de datos, además del diseño de un nuevo sistema informático que cierre las vulneraciones detectadas. Añadió que el actual director trabaja con un plan y un cronograma inicial para la intervención.
Luque precisó que la intervención no se limita a funcionarios de la ANT. Incluye usuarios de gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y de centros de revisión vehicular privados que operan con competencias municipales.
Aseguró que el Gobierno central revisa quiénes acceden al sistema, qué antecedentes poseen y en qué institución laboran.
Confirmó además que solicitará a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la revisión patrimonial y financiera de funcionarios de alto nivel y de personal de nombramiento, junto con evaluaciones adicionales para identificar posibles nexos con redes de corrupción.
La intervención ocurre tras una investigación de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional del Ecuador, que detectaron una red dedicada a agilizar licencias y asignar rutas y frecuencias a cambio de pagos. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el esquema involucró a presuntos integrantes de Los Choneros y a funcionarios de distintos niveles dentro de la ANT.
Según las autoridades, el flujo de dinero alcanzó alrededor de tres millones de dólares por año. Tras allanamientos en varias provincias, las fuerzas del orden incautaron equipos electrónicos, documentos, dinero en efectivo y armas, y dispusieron el cierre temporal de oficinas de la ANT mientras avanzan las investigaciones penales y administrativas.
Sigue leyendo...
Más noticias
- ANT no cobrará multas de licencia y matrículas mientras dure la reestructuración en Ecuador
- Qué es la ANT y cuáles son los trámites que atiende esta agencia en Ecuador
Roberto Luque habló sobre la intervención de la ANT
Luque indicó que el Ejecutivo exige eficiencia y transparencia a todos sus funcionarios y que, cuando esos principios se rompen, corresponde tomar correctivos. En ese contexto, justificó la paralización temporal de varios procesos dentro de la ANT para impedir nuevas manipulaciones mientras avanza el diagnóstico técnico.
Añadió que el nuevo director lidera un plan que incluye la implementación de la “tercera placa”, la depuración de registros históricos y el diseño de un sistema distinto al Axis 4.0, al que calificó como inviable en su estado actual.
Base de datos vulnerada y trámites alterados
Luque afirmó que la intervención reveló un nivel de vulneración mayor al que el Gobierno conocía hasta ahora. Dijo que la ANT acumuló durante años una base de datos extensa sin auditorías técnicas capaces de detectar patrones irregulares.
El ministro describió casos en los que ciertos cantones registraban decenas de miles de matriculaciones pese a contar con un parque automotor muy inferior y situaciones en las que un vehículo apareció a nombre de otra persona sin autorización de su propietario.
Según explicó Roberto Luque, el sistema sí permite identificar usuarios y tiempos de modificación, pero esos mecanismos no se usaron de forma sistemática en el pasado. Añadió que ahora los equipos técnicos sí logran rastrear quién realizó un cambio y cuándo ocurrió, aunque todavía falta información completa sobre muchos perfiles que operaron la plataforma.
También alertó sobre accesos sin control dentro del sistema. Indicó que existen usuarios propuestos por gobiernos locales sin revisión de antecedentes y casos de personas que ya no laboran en instituciones públicas, pero conservaban permisos para modificar registros.
Para el ministro, ese conjunto de fallas obligó a detener procesos mientras avanza la depuración. Señaló que la prioridad consiste en auditar los datos históricos, eliminar accesos indebidos y rediseñar la plataforma tecnológica de la Agencia Nacional de Tránsito para impedir nuevas manipulaciones.
Auditoría forense y apoyo externo en la revisión
Luque informó que equipos técnicos externos, con apoyo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), revisan los sistemas de la ANT. Ese trabajo incluye análisis forense digital para reconstruir operaciones irregulares y cerrar brechas de seguridad.
El Gobierno evalúa dos alternativas: adquirir un nuevo software con estándares de inviolabilidad o contratar un servicio externo que asuma responsabilidades contractuales y sanciones ante filtraciones, con el fin de reducir riesgos de extorsión o sobornos dentro de la institución.
Reapertura progresiva de servicios y control de usuarios
El ministro anunció que algunos trámites volverán a operar en el corto plazo. Como ejemplo mencionó el Certificado Único Vehicular, necesario para la compra y venta de automotores. A la par, la ANT restringirá accesos a usuarios que generaron irregularidades y comunicará cada habilitación por canales oficiales.
Luque estimó que el plazo de 30 días para reabrir la agencia resulta razonable, aunque reconoció que la crisis institucional obliga a revisar avances día a día. También anticipó planes para atender los trámites acumulados, en un escenario que incluye cientos de miles de licencias por caducar y miles de transferencias de vehículos cada mes.
- Esta información le puede interesar: AMT mantiene estos trámites activos en Quito pese al cierre nacional de la ANT
Luque habló de Pedro Abril y del nuevo encargado
El ministro se refirió a Pedro Abril y explicó que su nombre llegó al Ejecutivo dentro de una terna de profesionales con experiencia en transporte y tránsito. Según dijo, en ese momento se valoraron sus credenciales técnicas, pero insistió en que el Gobierno exige eficiencia y transparencia a todos sus funcionarios.
Sobre el nuevo encargado de la ANT, señaló que lo conoce personalmente y destacó su trayectoria en gestión administrativa.
Indicó que ese perfil resulta clave para ejecutar dos objetivos centrales: la implementación de la tercera placa y la depuración integral de la base de datos, además del diseño de un nuevo sistema informático que cierre las vulneraciones detectadas. Añadió que el actual director trabaja con un plan y un cronograma inicial para la intervención.
Depuración en municipios y revisión patrimonial
Luque precisó que la intervención no se limita a funcionarios de la ANT. Incluye usuarios de gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y de centros de revisión vehicular privados que operan con competencias municipales.
Aseguró que el Gobierno central revisa quiénes acceden al sistema, qué antecedentes poseen y en qué institución laboran.
Confirmó además que solicitará a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la revisión patrimonial y financiera de funcionarios de alto nivel y de personal de nombramiento, junto con evaluaciones adicionales para identificar posibles nexos con redes de corrupción.
La intervención ocurre tras una investigación de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional del Ecuador, que detectaron una red dedicada a agilizar licencias y asignar rutas y frecuencias a cambio de pagos. El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el esquema involucró a presuntos integrantes de Los Choneros y a funcionarios de distintos niveles dentro de la ANT.
Según las autoridades, el flujo de dinero alcanzó alrededor de tres millones de dólares por año. Tras allanamientos en varias provincias, las fuerzas del orden incautaron equipos electrónicos, documentos, dinero en efectivo y armas, y dispusieron el cierre temporal de oficinas de la ANT mientras avanzan las investigaciones penales y administrativas.
- Esta información le puede interesar: ANT
Sigue leyendo...