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Fabiola Pomareda García
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Una muestra de cómo el tema ambiental no ha sido una prioridad para la administración Chaves-Robles, ni este año ni en los anteriores, es la reforma que impulsó el Ministerio de Salud al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”, que autoriza la presencia de niveles más altos de plaguicidas en el agua para consumo humano, entre ellos el fungicida clorotalonil, cuyo uso ya fue prohibido en el país.
Para Mauricio Álvarez Mora, geógrafo, docente e investigador del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), este es uno de los principales hechos de este año, el cual califica como “uno de los retrocesos más profundos y graves en materia de salud ambiental que recuerdo en la historia reciente”.
“Esta modificación desmanteló el paradigma basado en el principio de precaución y lo sustituyó por un enfoque que favorece la contaminación y beneficia a la industria de los plaguicidas. Todo esto ocurrió pese a que, como nunca, amplios sectores académicos, institucionales, científicos y socioambientales presentaron argumentos sólidos y se pronunciaron de manera contundente en contra”, señaló Álvarez.
La nueva presidenta de la Federación para la Conservación de la Naturaleza (Fecon), Mariana Porras Rozas, también apuntó a la contaminación del agua con plaguicidas como un hecho que resaltó este año.
“Las comunidades hicieron todo un proceso de denuncia y de fiscalización del uso de plaguicidas —que no estaba haciendo el Estado—. Y a pesar de que se hizo esta denuncia y se comprobó la contaminación, la administración, en lugar de ser más rigurosa en el cumplimiento de estas normas, más bien fue todo lo contrario, debilitó estas normas y aumentó los umbrales de agroquímicos en el agua”.
“Continúan los conflictos por el modelo de producción agropecuaria con el uso intensivo de agroquímicos, no solo con el monocultivo intensivo de la piña, que ha sido una lucha histórica del movimiento ambiental, sino con otros tipos de cultivos, como esta problemática de contaminación en la Zona Norte de Cartago, donde comunidades siguen recibiendo agua potable mediante camiones cisternas”, añadió la ingeniera forestal, especialista en justicia climática e integrante de la organización Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (CoecoCeiba-AT).
Para este 2025, “el balance es turbio y profundamente preocupante”, dijo Mauricio Álvarez, quien afirmó que el país “experimenta un grave retroceso en derechos humanos y sociales”, lo cual, inevitablemente, tiene consecuencias directas sobre la agenda ambiental. A esto se suma que “la impunidad y los discursos polarizantes legitiman la hostilidad contra cualquier forma de disenso”.
Álvarez denunció la corrupción, la parálisis institucional y la reducción de presupuesto del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) como un todo. También citó un informe de la Contraloría General de la República (CGR), que dejó en evidencia una serie de prácticas y omisiones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en las zonas costeras: “que reflejan un relajamiento selectivo de sus funciones, en límites que rozan la corrupción, precisamente en la institución encargada de garantizar el derecho a un ambiente sano”.
Mientras que Porras resaltó que el tema ambiental no ha sido una prioridad para esta administración. Puso como ejemplo el caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (Regama). Afirmó que ahí se visibiliza la poca prioridad que tiene esta administración en temas ambientales, incluso pasando por encima de la normativa nacional e internacional en protección de humedales y con la negativa a delimitar el refugio, “por intereses económicos externos”.
“Se ha notado también con mucho mayor fuerza la presión sobre recursos naturales, sobre todo lo que nosotros llamamos los bienes comunes; por ejemplo, con el desarrollo inmobiliario sin control, tanto en el Valle Central, como en las zonas costeras, que afecta ríos, bosques y agua. Se ha notado esta tendencia a flexibilizar normativas ambientales en pro del desarrollo económico, lo que plantea un reto para mantener esos avances históricos que ha tenido el país en materia de conservación ambiental”, dijo Porras.
Otro de los retrocesos que ha sido más visible este año, señaló Porras, es en los espacios de participación, “que se han visto recortados, cercenados, con menos presupuesto y eso también se nota en la falta de participación de la sociedad civil en la consulta y elaboración de políticas públicas de los criterios que llevó el país a espacios internacionales como la Convención de Cambio Climático (COP30) o la Convención de Diversidad Biológica, donde, en su criterio, “la participación de la sociedad civil ha sido nula”.
Demandas judiciales
Álvarez, por su parte, argumentó que “La violencia se materializó en un discurso ecocida (destrucción del medio ambiente) que, tanto el presidente como actores empresariales siguen sosteniendo”. “En 2025 continuó la criminalización y ataques contra la organización socioambiental, con demandas judiciales contra ‘influencers’ y con violencia simbólica dirigida a defensores de los tiburones”, describió.
Porras coincidió y denunció la criminalización de defensores ambientales, como el caso de Juan Bautista: “Una persona, por denunciar hechos ambientales fue criminalizada y creo que esto es un hito histórico, hace muchos años no lo veíamos de esta manera, y nos preocupa como movimiento ambiental”.
Álvarez también destacó que “la violencia ha aumentado y el narcotráfico evidencia con mayor crudeza el nivel de control y arraigo que posee en los territorios rurales, costeros y transfronterizos”.
Como ejemplo, mencionó que “quedó expuesta una triangulación de narcotráfico en Incopesca”. Se refiere a que el jefe de la Sección de Combustibles de Huetar Caribe del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), habría intervenido en favor del llamado “Cartel del Caribe Sur” para que las lanchas pesqueras en las que transportaban droga tuvieran sus papeles al día, según reportaron los medios La Nación y CRHoy.
En julio, UNIVERSIDAD publicó que la Fiscalía Ambiental investiga la presunta construcción de una pista de aterrizaje dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (Regama), así como los posibles delitos de tala ilegal y cambio de uso de suelo cubierto por bosque, según confirmó el Ministerio Público.
Asimismo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló el presunto daño ambiental, por corta de mangle y dragado en una finca ubicada en Chomes, en Puntarenas, por el grupo criminal denominado “Cartel del Caribe Sur”, que habría usado la isla Chira, ubicada en el golfo de Nicoya, para recibir los cargamentos de droga y luego trasladarlos a esta finca en Chomes.
La entrada Retrocesos en salud ambiental, desarrollo inmobiliario agresivo y narcotráfico impactan defensa de territorios aparece primero en Semanario Universidad.
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