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Vinicio Chacón Soto
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Desde abril, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) ha realizado 13 inspecciones en espacios de alta contención establecidos en el sistema penitenciario y ha encontrado situaciones irregulares calificadas de “retrocesos”, como que las actividades de formación y capacitación “están suspendidas en la práctica” o draconianas restricciones a las visitas u acceso a alimentación.
Así lo expuso Esteban Vargas Ramírez, director del MNPT, instancia adscrita a la Defensoría de los Habitantes, ante la a Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa este jueves.
“La visita familiar, que antes era de cuatro horas una vez a la semana, hoy está reducida a una sola persona una vez al mes durante un espacio de una hora. La visita íntima que antes era cada 15 días por un espacio de 4 horas, hoy se reduce a una frecuencia bimestral con una duración máxima de dos horas”, expuso.
De mayor gravedad es el hecho de que “las personas menores las personas menores de edad tienen prohibidas las visitas presenciales en alta contención, autorizándose únicamente en videollamadas por espacio de aproximadamente 20 minutos y únicamente se permiten visitas excepcionales por enfermedad grave o una recomendación técnica con una serie de criterios que son bastante complejos de cumplir”.
En este sentido, la diputada liberacionista Alejandra Larios subrayó que se trata ni más ni menos del derecho de niños y niñas de poder ver a sus progenitores.
Vargas Ramírez añadió en cuanto a la alimentación que “se ha restringido severamente”. Entre otras cosas, apuntó que no existe la posibilidad de recalentar alimentos, lo cual es una medida severa pues según explicó el último tiempo de comida es a las 4 p.m. y además se tiene la “prohibición expresa de recibir alimentos por parte de sus familiares mediante encomiendas u otros”.
Otra restricción recayó sobre las encomiendas de artículos de primera necesidad, como papel higiénico, pasta de dientes, o desodorante, pues sólo se pueden recibir cada dos meses. En algunos casos ni siquiera se dispone de espacio para deporte y recreación, mientras que “la comunicación telefónica formalmente está reducida a 10 minutos una vez a la semana”.
El funcionario también mencionó la “ausencia de programas de resocialización”, lo cual “aumenta la reincidencia, que hoy día ronda el 37% en el Sistema Penitenciario Nacional”.
“La promesa de más seguridad mediante más más encierro no nos resuelve la realidad”, indicó, pues este 2025, “en el contexto de implementación de alta contención, los índices de homicidio no se han reducido y sino que mantienen un ritmo parecido al año anterior”.
Según reporte de este viernes del Organismo de Investigación judicial (OIJ), ya se suman 794 homicidios este año, dos más que a la misma fecha del año pasado.
De acuerdo con la exposición de Vargas, los problemas se dieron desde un inicio, cuando la implementación inicial “se realizó de una manera abrupta en Semana Santa, cuando no habían personas, ni funcionarios, ni órganos de supervisión que pudieran verificar este proceso.
Muchas notificaciones se realizaron de forma irregular sin estar debidamente fundamentadas e inclusive fundamentadas en normativa que estaba derogada”.
El funcionario puntualizó que “debe existir un balance entre la seguridad penitenciaria y la dignidad de las personas”.
Derechos humanos
Como era de esperar, la diputada chavista Pilar Cisneros buscó salir en defensa de la gestión del gobierno y con su usual tono carroñoso expresó: “vamos a ver, aquí los señores están diciendo que hay que cuidar los derechos de los reos. Los reos que tenían pulperías, dinero para comprar droga dentro de la cárcel, que tenían visita conyugal una vez por semana, pero resulta que las mujeres que iban no tenían nada que ver con la relación sentimental de la mayoría de ellos”.
De manera notoria, el hecho de que sujetos privados de libertad supuestamente recibieran en visita conyugal a distintas mujeres, fue algo que la diputada insistió en reiterar en sus intervenciones.
Según dijo, lo que el gobierno ha pretendido es “poner orden, tratar de que no se metan celulares, que no se metan equipos para que los delincuentes puedan seguir delinquiendo desde la cárcel”, por lo que se preguntó “¿esto es un trato degradante o es lo que le compete al Ministerio de Justicia?”.
En su respuesta, Vargas explicó que “el orden penitenciario es necesario, pero hemos hablado de un balance entre lo que es la seguridad y la dignidad”. Santiago Navarro Cerdas, también funcionario del MNPT, buscó explicar a la diputada que “este país se merece que las políticas de seguridad que existan y lo que se llame ‘ordenar la casa’ suponga una compatibilidad con los estándares internacionales y nacionales de lo que se entiende por democracia, estado derecho y estándares internacionales de derechos humanos”.
Cisneros volvió a tomar la palabra para asegurar entre otras cosas que “algunos de esos privados de libertad han metido recursos ante la Sala IV, todos declarados sin lugar. De manera que, si la Sala IV considera que se están tutelando los derechos de los privados de libertad, se están tutelando”. Aseguró que “a nadie se le quita el derecho de estudiar”.
A ello respondió la frenteamplista Priscilla Vindas, quien indicó que tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) han denunciado que, “por ejemplo, a los docentes no los dejan entrar con computadoras” así como que a las personas privadas de libertad no se les permite acceso a todo el materia didáctico necesario. “Entonces, sí, pueden estar inscritos, pero no necesariamente están recibiendo la educación que necesitan”.
Entre otras cosas, Vargas subrayó que “no podemos olvidar que Costa Rica tiene una larga tradición con respecto a derechos humanos y eso no es un obstáculo para enfrentar el crimen, al contrario, consideramos que es su mayor fortaleza”.

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