Rescate de tres monitos ardilla y un loro alerta sobre el tráfico de fauna en Ecuador: así puede denunciar

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Paola Gavilanes

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La recuperación de un loro cabeciazul (Pionus menstruus) en Pichincha y tres monos ardilla (Saimiri macrodon) en Napo, en febrero de 2026, volvió a poner en evidencia un problema persistente en Ecuador: el tráfico ilegal de fauna silvestre.

Este delito no solo amenaza la biodiversidad, también activa sanciones administrativas y penales que pueden incluir prisión.

Autoridades ambientales recuerdan que la denuncia ciudadana resulta clave para frenar esta actividad, considerada el cuarto negocio ilícito más lucrativo del mundo.

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El primer paso consiste en reconocer situaciones sospechosas. La tenencia ilegal de animales silvestres como mascotas, su venta en mercados o redes sociales y el transporte sin permisos constituyen señales de alerta.

Especialistas recomiendan evitar la confrontación directa con los involucrados y priorizar la seguridad personal. La recolección de datos básicos facilita la intervención de las autoridades.

Entre la información útil constan:

  • Ubicación exacta del hecho
  • Fotografías o videos, si obtenerlos no implica riesgo
  • Descripción del animal y de las personas involucradas

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Canales oficiales para denunciar tráfico de animales​


En Ecuador existen varias vías para reportar estos casos:

  • ECU 911: opción inmediata ante flagrancia, por ejemplo, cuando el animal se vende o transporta en ese momento.
  • Ministerio del Ambiente y Energía: mediante oficinas técnicas provinciales.
  • Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional.
  • Plataforma Animalia EC: disponible en Guayas, Pastaza y Orellana.
  • Fiscalía General del Estado: para presentar denuncias formales por delitos ambientales.

Las autoridades recalcan que cualquier ciudadano puede denunciar, incluso de forma reservada.

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Multas y cárcel: las sanciones por traficar fauna silvestre​


La legislación ecuatoriana contempla dos vías de sanción.

Vía administrativa (Código Orgánico del Ambiente): multas desde cinco hasta 65 salarios básicos unificados, según la gravedad del caso, el nivel de amenaza de la especie y la capacidad económica del infractor. Además, se dispone el decomiso del animal.

Vía penal (artículo 247 del COIP): penas privativas de libertad de uno a tres años para quienes capturen, transporten, comercialicen o se beneficien del tráfico de especies silvestres.

La pena máxima aplica cuando el delito afecta especies en peligro de extinción, ocurre dentro de áreas protegidas, involucra delincuencia organizada o provoca muerte masiva de animales.

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Más de 1 200 animales rescatados: las provincias con más casos​


En los últimos años, las autoridades retuvieron 1 289 individuos de vida silvestre. Las provincias con más rescates fueron El Oro (347), Pichincha (192) y Napo (138).

Del total, 53 animales pertenecían a especies en peligro crítico y 38 a especies en peligro, lo que evidencia la presión directa sobre poblaciones vulnerables.

El impacto ambiental del tráfico ilegal de fauna​


El daño va más allá del sufrimiento animal. La desaparición de aves y primates afecta la dispersión de semillas y compromete la regeneración de los bosques. También altera la cadena alimenticia y aumenta el riesgo de zoonosis, enfermedades que pasan de animales a humanos.

Organismos ambientales estiman que por cada ejemplar que llega vivo al comprador, al menos nueve murieron durante la captura y el transporte.

La denuncia oportuna, insisten las autoridades, puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la desaparición de una especie.


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