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Maria Nuñez Chacón
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El próximo Gobierno con Laura Fernández a la cabeza deberá afrontar una serie de desafíos económicos frente a los escenarios de incertidumbre local e internacional, con amenazas de desaceleración y un entorno con reglas que cambian frecuentemente y a profundidad.
De esta forma, la nueva administración tendrá que impulsar desde los primeros días de su mandato acciones contundentes para reducir las desigualdades, que son cada vez más marcadas en la sociedad costarricense, generar más empleo y oportunidades, e impulsar sectores que están deprimidos.
Un análisis desarrollado por el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) planteó un listado de ocho desafíos que están a la espera de soluciones.
Según detalló Fernando Rodríguez del OES-UNA y exviceministro de Hacienda, el tema de la reactivación económica es prioritario para los próximos años, porque, aunque la tasa de crecimiento nacional no ha ido mal, lo cierto es que existen enormes retos para impulsar sectores específicos que no se han visto beneficiados de esas cifras macroeconómicas y que están más vinculados a la dinámica de las economías locales.
Tal es el caso del sector agrícola, la construcción o el turismo, entre muchos otros, que tienen mucho tiempo de estar pidiendo acciones contundentes que les ayuden a salir de la crisis.
“La reactivación es urgente para empezar a generar más empleo y aumentar la recaudación de impuestos. Y viendo los acontecimientos recientes con los despidos de la empresa Amazon, hay un reto aún mayor y es como atender la pérdida de empleos en sectores que son muy dinámicos en zonas francas, debido a la automatización y la inteligencia artificial”, detalló Rodríguez.
Siempre en la generación de empleo, el nuevo Gobierno tendrá que atender las necesidades con enfoque de género y vinculado a grupos jóvenes, los cuales han sido desatendidos y tienen diferencias de participación laboral muy groseras.
A la vez, el país afronta desafíos crecientes por el cambio demográfico y la presión que genera en los regímenes de pensiones y en los servicios de salud. Mientras, en la acera del frente, de la administración pública, se ha dejado de pagar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no se están evitando nuevas deudas y la oferta “novedosa” de la administración que entrará pronto es vender el Banco de Costa Rica para capitalizar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Ahora bien, para saber si la próxima administración tiene una ruta clara en estos temas, se tomó como base una revisión que hizo la Escuela de Planificación y Promoción Social (PPS) de la UNA de los distintos planes de gobierno, incluido el de Pueblo Soberano, que llevó a la presidencia a Fernández para el período 2026-2023.
Allí se evidenció que, aunque reconoce los temas de empleo femenino, reducción de la desigualdad, impulso agropecuario y el desarrollo territorial lo hace con poca profundidad.
“El plan de gobierno de la próxima administración plantea las brechas de género y de algunas desigualdades territoriales, que buscarán eliminarlas a través de educación, salud y servicios de empleo, sin embargo, no hay mayor rigurosidad en la planificación, no se cuantifica, ni se establecen indicadores de resultados u objetivos claros”, explicó Carlos Ulate del PPS.
Sobre el sector agropecuario, desarrollo rural y seguridad alimentaria el plan de Fernández plantea estos temas como motores de desarrollo ligados a la necesidad de fortalecimiento institucional, pero a la vez dice que reducirán los costos y aumentarán la eficiencia institucional; habla de asistencia técnica, pero esto es algo que ya se viene haciendo, por lo que queda debiendo cuáles serán las innovaciones.
Movilidad, infraestructura y tasas de interés
Otros temas que serán esenciales para el impulso de la economía costarricense, dijo Fernando Rodríguez, es la movilidad y todo lo relacionado con el transporte público, el reto es entender que el dueño del servicio es el Estado y lo concesiona, por lo que le corresponde rescatar al sector, así como la demanda asociada.
También, tienen grandes retos por mejorar la movilidad, pero reduciendo el transporte privado, las presas y el congestionamiento, que son cada vez mayores y más complejos, para ello se requiere transporte público multimodal, con trenes, buses y otras alternativas como tranvía o metro, sumado a la urgencia de atender la red vial y portuaria.
Nuevamente, en estos temas, el plan de gobierno hace menciones y da pinceladas: plantea acciones como modernizar las rutas de buses urbanas y rurales, o la puesta en marcha de transportes emergentes, pero sin formulación de metas o indicadores que den línea base para saber el estado actual y saber hacia dónde dirigirse.
“En infraestructura vial y portuaria sí se habla del programa de conservación y mantenimiento de la red nacional vial, y realizar ampliaciones de rutas estratégicas para la movilidad de personas y mercancías, o la modernización de Japdeva, pero no habla de lo municipal, proyectos específicos, cronogramas, fuentes de financiamiento o priorización territorial”, agregó Ulate.
Por último, hay otros tres retos económicos, vinculados con la necesidad de que la baja de la Tasa Política Monetaria (que es la tasa de interés de referencia para el mercado laboral) al resto de tasas que pagan los consumidores y empresas, para reducir la presión de quienes están endeudados; así como en materia fiscal hay generar más ingresos.
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