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Ana Guerrero
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La Policía de Ecuador aprehendió en flagrancia a un adolescente de 14 años, presunto implicado en una tentativa de asesinato, hecho ocurrido el 12 de octubre de 2024, en Esmeraldas. Él y otra persona se movilizaban en una motocicleta, desde donde se propinaron disparos contra la víctima. Según las investigaciones, el joven sería el responsable.
El 9 de agosto de 2025, la Policía de Ecuador aprehendió a otro menor de edad que tenía en su poder tres armas de fuego, municiones y otros indicios relacionados con posibles actos delictivos. El adolescente se encontraba en la provincia de Los Ríos. Él no estaba solo.
En mayo del mismo año, en el operativo denominado Cero Impunidad 1142, un adolescente fue aislado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Según la Policía, él sería integrante del Grupo Armado Organizado Los Lobos.
El 24 de octubre de ese mismo año, un menor de edad a bordo de una motocicleta realizó varios disparos en los exteriores de una empresa, en Guayaquil. La Policía dio cuenta de que los fines serían extorsionar a personas del lugar. En la vivienda del joven se encontraron dos armas de fuego. Él fue aislado.
Los casos en Ecuador abundan. Los menores de edad ya no son solo un blanco fácil de las organizaciones criminales a través del reclutamiento forzado; hay otras dinámicas.
El reclutamiento se da, incluso, en los planteles educativos del país. Algunos entran a los grupos de delincuencia organizada desde los 10 años. Así lo refiere la Estrategia Emergente para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada por el Ministerio del Interior en enero de 2025.
El reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada se ha consolidado como una práctica sostenida en distintos territorios del Ecuador. Guayas es la provincia con mayor vulnerabilidad.
Las otras localidades que presentan más factores de riesgo son Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Sin embargo, no son las únicas. Ya se han dado casos en Pichincha.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg, el 21 de enero de 2026, entregaron el proyecto de Ley para prevenir y erradicar el reclutamiento en la Asamblea Nacional.
Según el proyecto de Ley, los menores no actúan de forma voluntaria, sino que son víctimas directas de estructuras criminales que se aprovechan de su edad, precariedad socioeconómica, exclusión social y de la ausencia de mecanismos efectivos de protección estatal.
Katherine Herrera Aguilar, experta en Defensa Nacional y quien ha investigado de cerca la problemática, refiere que hay una evolución del reclutamiento de menores de edad por estructuras criminales, caracterizada por la precarización de la mano de obra infantil y adolescente dentro de estas organizaciones.
Los niños y adolescentes llegaron a percibir ingresos trimestrales significativos y, en algunos casos, recibían incentivos como motos o bonos equivalentes a un salario básico, condicionados al cumplimiento de ciertas exigencias.
La experta detalla que el reclutamiento ya no se limita a la delincuencia común, sino que responde a estructuras criminales organizadas, donde los menores cumplen distintos roles: desde campaneros hasta ejecutores de tareas armadas y violentas.
Actualmente, existe una codificación de pagos, con montos reducidos: por actos como sicariato o tareas de gatillero se pagan entre 150 y 200 dólares, lo que evidencia una fuerte precarización, ya que los menores son fácilmente reemplazables si mueren, son detenidos o abandonan el grupo.
El reclutamiento ya no responde únicamente a un sentido de pertenencia, sino a la falta de alternativas de vida, lo que vuelve más atractivo integrarse a estas estructuras.
Además, los propios menores reclutados se convierten en agentes de captación y control, presionando, amenazando o tomando represalias contra otros niños y adolescentes que intentan salir o denunciar.
Se identifica un incremento de la trata de personas y el tráfico humano interno, tanto dentro de grandes estructuras criminales como en dinámicas más pequeñas, como pandillas o actores delictivos individuales.
El reclutamiento de menores de edad ya no se concentra solo en grupos armados organizados conocidos, sino que se ha intensificado en lo que se denomina crimen desorganizado, ampliando la población victimaria.
Esos grupos reclutan menores para extorsionar, vacunar, intimidar y generar violencia, incluso en entornos escolares urbanos, no solo en zonas costeras, sino también en ciudades como Quito.
El reclutamiento se ha facilitado mediante redes sociales como TikTok, aunque no es el único mecanismo. También se observa la participación de familiares que ya forman parte de estas dinámicas, lo que ha llevado a una normalización del delito como una alternativa laboral y de subsistencia para niños y adolescentes.
Martín Domínguez, docente de Derecho, alude a que los informes de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales como Unicef evidencian una tendencia alarmante en el periodo 2024-2026 respecto de la situación de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia en Ecuador.
En cuanto a los homicidios, la tasa de muertes violentas de menores aumentó un 640 % en los últimos cuatro años, lo que muestra su exposición directa a los escenarios más críticos del conflicto.
En 2025, se registraron 257 casos formales de reclutamiento forzado, aunque se advierte que existe un subregistro significativo. Del total de casos documentados, el 62 % corresponde a varones y el 38 %, a mujeres. El fenómeno mantiene una relación directa con la deserción escolar.
Desde el punto de vista jurídico, la normativa ecuatoriana atraviesa una fase de transición. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el reclutamiento con penas de 10 a 13 años de prisión, aunque su aplicación es limitada debido a las dificultades para probar la jerarquía del reclutador.
En el proyecto de Ley del Ejecutivo se propone endurecer las penas hasta un rango de 22 a 26 años para quienes recluten menores en delitos graves.
Existe además una tensión jurídica entre el Código de la Niñez y Adolescencia, que reconoce a los menores como víctimas, y la presión social para sancionar a adolescentes involucrados en delitos graves mediante medidas socioeducativas.
Emilio Carrillo Morales, experto en Psicología, advierte que aprobar reformas fragmentadas sin comprender la integralidad de los derechos de la niñez, la complejidad del problema y su contexto social representa un riesgo, ya que la sola existencia de normas no garantiza soluciones efectivas.
En esa línea están el maltrato infantil, la deserción escolar, el trabajo infantil, el aumento del suicidio, el embarazo adolescente y el abuso sexual.
El docente universitario de la UIDE, además, remarca que las secuelas psicológicas tendrán un impacto directo en el desarrollo de la personalidad. “Toda guerra deja efectos postraumáticos”. En ocasiones, sanar de la violencia requiere de varias generaciones familiares, más si la situación sigue agravándose.
Emilio Carrillo Morales, la adolescencia es una etapa de formación, marcada por profundos cambios físicos, psicológicos y sociales. En este proceso se consolidan actitudes, valores y puntos de vista, mediante la reconstrucción constante del pensamiento a partir del pasado, la proyección hacia el futuro y la búsqueda de sentido de vida.
También se desarrollan intereses, motivaciones y una concepción moral influida por los modelos adultos, lo que permite la adquisición de habilidades sociales necesarias para la vida.
La conducta de los adolescentes está condicionada por tres niveles de influencia social: la sociedad en la que interactúan, los micromedios como la familia, la comunidad y la escuela, y su propia personalidad.
Muchos adolescentes se desarrollan en entornos marcados por la violencia, el abandono, la exclusión y la falta de oportunidades, lo que afecta negativamente sus expectativas de desarrollo y los expone a modelos inadecuados.
Por eso, el profesional menciona que las responsabilidades legales deben darse dentro de un sistema especializado, con acompañamiento familiar, social y de salud mental. Las medidas socioeducativas o los procesos de reclusión deben ser proporcionales a la infracción y ajustados a las necesidades individuales.
Sin embargo, los expertos coinciden en la necesidad de políticas que vayan al fondo de la problemática.
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Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos delictivos en Ecuador
El 9 de agosto de 2025, la Policía de Ecuador aprehendió a otro menor de edad que tenía en su poder tres armas de fuego, municiones y otros indicios relacionados con posibles actos delictivos. El adolescente se encontraba en la provincia de Los Ríos. Él no estaba solo.
En mayo del mismo año, en el operativo denominado Cero Impunidad 1142, un adolescente fue aislado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Según la Policía, él sería integrante del Grupo Armado Organizado Los Lobos.
El 24 de octubre de ese mismo año, un menor de edad a bordo de una motocicleta realizó varios disparos en los exteriores de una empresa, en Guayaquil. La Policía dio cuenta de que los fines serían extorsionar a personas del lugar. En la vivienda del joven se encontraron dos armas de fuego. Él fue aislado.
Una realidad latente en el país
Los casos en Ecuador abundan. Los menores de edad ya no son solo un blanco fácil de las organizaciones criminales a través del reclutamiento forzado; hay otras dinámicas.
El reclutamiento se da, incluso, en los planteles educativos del país. Algunos entran a los grupos de delincuencia organizada desde los 10 años. Así lo refiere la Estrategia Emergente para la Prevención del Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, publicada por el Ministerio del Interior en enero de 2025.
El reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada se ha consolidado como una práctica sostenida en distintos territorios del Ecuador. Guayas es la provincia con mayor vulnerabilidad.
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Las otras localidades que presentan más factores de riesgo son Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas. Sin embargo, no son las únicas. Ya se han dado casos en Pichincha.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, y el ministro del Interior, John Reimberg, el 21 de enero de 2026, entregaron el proyecto de Ley para prevenir y erradicar el reclutamiento en la Asamblea Nacional.
El fondo del reclutamiento y la evolución
Según el proyecto de Ley, los menores no actúan de forma voluntaria, sino que son víctimas directas de estructuras criminales que se aprovechan de su edad, precariedad socioeconómica, exclusión social y de la ausencia de mecanismos efectivos de protección estatal.
Katherine Herrera Aguilar, experta en Defensa Nacional y quien ha investigado de cerca la problemática, refiere que hay una evolución del reclutamiento de menores de edad por estructuras criminales, caracterizada por la precarización de la mano de obra infantil y adolescente dentro de estas organizaciones.
Los niños y adolescentes llegaron a percibir ingresos trimestrales significativos y, en algunos casos, recibían incentivos como motos o bonos equivalentes a un salario básico, condicionados al cumplimiento de ciertas exigencias.
Las formas que predominan
La experta detalla que el reclutamiento ya no se limita a la delincuencia común, sino que responde a estructuras criminales organizadas, donde los menores cumplen distintos roles: desde campaneros hasta ejecutores de tareas armadas y violentas.
Actualmente, existe una codificación de pagos, con montos reducidos: por actos como sicariato o tareas de gatillero se pagan entre 150 y 200 dólares, lo que evidencia una fuerte precarización, ya que los menores son fácilmente reemplazables si mueren, son detenidos o abandonan el grupo.
El reclutamiento ya no responde únicamente a un sentido de pertenencia, sino a la falta de alternativas de vida, lo que vuelve más atractivo integrarse a estas estructuras.
Además, los propios menores reclutados se convierten en agentes de captación y control, presionando, amenazando o tomando represalias contra otros niños y adolescentes que intentan salir o denunciar.
Se identifica un incremento de la trata de personas y el tráfico humano interno, tanto dentro de grandes estructuras criminales como en dinámicas más pequeñas, como pandillas o actores delictivos individuales.
Tareas y vías de reclutamiento
El reclutamiento de menores de edad ya no se concentra solo en grupos armados organizados conocidos, sino que se ha intensificado en lo que se denomina crimen desorganizado, ampliando la población victimaria.
Esos grupos reclutan menores para extorsionar, vacunar, intimidar y generar violencia, incluso en entornos escolares urbanos, no solo en zonas costeras, sino también en ciudades como Quito.
El reclutamiento se ha facilitado mediante redes sociales como TikTok, aunque no es el único mecanismo. También se observa la participación de familiares que ya forman parte de estas dinámicas, lo que ha llevado a una normalización del delito como una alternativa laboral y de subsistencia para niños y adolescentes.
El reclutamiento cobra vidas
Martín Domínguez, docente de Derecho, alude a que los informes de la Defensoría del Pueblo y de organismos internacionales como Unicef evidencian una tendencia alarmante en el periodo 2024-2026 respecto de la situación de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia en Ecuador.
En cuanto a los homicidios, la tasa de muertes violentas de menores aumentó un 640 % en los últimos cuatro años, lo que muestra su exposición directa a los escenarios más críticos del conflicto.
En 2025, se registraron 257 casos formales de reclutamiento forzado, aunque se advierte que existe un subregistro significativo. Del total de casos documentados, el 62 % corresponde a varones y el 38 %, a mujeres. El fenómeno mantiene una relación directa con la deserción escolar.
Desde el punto de vista jurídico, la normativa ecuatoriana atraviesa una fase de transición. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el reclutamiento con penas de 10 a 13 años de prisión, aunque su aplicación es limitada debido a las dificultades para probar la jerarquía del reclutador.
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En el proyecto de Ley del Ejecutivo se propone endurecer las penas hasta un rango de 22 a 26 años para quienes recluten menores en delitos graves.
Existe además una tensión jurídica entre el Código de la Niñez y Adolescencia, que reconoce a los menores como víctimas, y la presión social para sancionar a adolescentes involucrados en delitos graves mediante medidas socioeducativas.
¿Qué pasa en la mente de un niño o adolescente reclutado?
Emilio Carrillo Morales, experto en Psicología, advierte que aprobar reformas fragmentadas sin comprender la integralidad de los derechos de la niñez, la complejidad del problema y su contexto social representa un riesgo, ya que la sola existencia de normas no garantiza soluciones efectivas.
En esa línea están el maltrato infantil, la deserción escolar, el trabajo infantil, el aumento del suicidio, el embarazo adolescente y el abuso sexual.
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El docente universitario de la UIDE, además, remarca que las secuelas psicológicas tendrán un impacto directo en el desarrollo de la personalidad. “Toda guerra deja efectos postraumáticos”. En ocasiones, sanar de la violencia requiere de varias generaciones familiares, más si la situación sigue agravándose.
Un proceso de formación alterado deja huellas
Emilio Carrillo Morales, la adolescencia es una etapa de formación, marcada por profundos cambios físicos, psicológicos y sociales. En este proceso se consolidan actitudes, valores y puntos de vista, mediante la reconstrucción constante del pensamiento a partir del pasado, la proyección hacia el futuro y la búsqueda de sentido de vida.
También se desarrollan intereses, motivaciones y una concepción moral influida por los modelos adultos, lo que permite la adquisición de habilidades sociales necesarias para la vida.
La conducta de los adolescentes está condicionada por tres niveles de influencia social: la sociedad en la que interactúan, los micromedios como la familia, la comunidad y la escuela, y su propia personalidad.
Muchos adolescentes se desarrollan en entornos marcados por la violencia, el abandono, la exclusión y la falta de oportunidades, lo que afecta negativamente sus expectativas de desarrollo y los expone a modelos inadecuados.
Por eso, el profesional menciona que las responsabilidades legales deben darse dentro de un sistema especializado, con acompañamiento familiar, social y de salud mental. Las medidas socioeducativas o los procesos de reclusión deben ser proporcionales a la infracción y ajustados a las necesidades individuales.
Sin embargo, los expertos coinciden en la necesidad de políticas que vayan al fondo de la problemática.
- Informe externo: Reclutamiento
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