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Paola Gavilanes
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador dio un giro de alto impacto político con la ejecución de varios allanamientos la madrugada del miércoles 28 de enero de 2026, como parte de una investigación denominada Caso Caja Chica.
Esa apunta a una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, bajo la hipótesis de que dinero ilícito habría ingresado desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023.
Los operativos incluyeron al menos cuatro diligencias: tres en inmuebles de la provincia de Pichincha y uno en Guayas. Uno de los predios intervenidos corresponde a la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González. Hasta ahora, la Fiscalía no ha reportado detenciones y mantiene el proceso en fase de investigación previa, lo que implica reserva de parte de la información procesal.
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El eje de la investigación sostiene que fondos sin trazabilidad legal pudieron ingresar desde Venezuela en efectivo, presuntamente para apoyar a la alianza política que compitió en las elecciones presidenciales de 2023. Esta tesis fue confirmada por Fiscalía a través de redes sociales, aunque sin detallar montos ni rutas específicas de ese supuesto flujo de dinero.
Este caso reúne a dirigentes y exfuncionarios vinculados al movimiento Revolución Ciudadana (correísmo). La lista de las ocho personas bajo investigación incluye:
La Fiscalía investiga el papel de estas personas en la presunta estructura financiera que habría facilitado el ingreso y uso de recursos no declarados para actividades políticas.
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Las repercusiones no se hicieron esperar. Integrantes de la Revolución Ciudadana y aliados del correísmo calificaron los allanamientos de motivados por criterios políticos, insistiendo en que no existe sustento ni transparencia en la denuncia inicial.
El expresidente Correa sostuvo que acciones de este tipo “no se verían ni en las peores dictaduras”, y que la investigación obedece a una persecución contra su movimiento.
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Esa apunta a una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, bajo la hipótesis de que dinero ilícito habría ingresado desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023.
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Quiénes son las ocho figuras del correísmo investigadas por la Fiscalía en el caso Caja Chica
Los operativos incluyeron al menos cuatro diligencias: tres en inmuebles de la provincia de Pichincha y uno en Guayas. Uno de los predios intervenidos corresponde a la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González. Hasta ahora, la Fiscalía no ha reportado detenciones y mantiene el proceso en fase de investigación previa, lo que implica reserva de parte de la información procesal.
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Presunta red de financiamiento: dinero desde Venezuela
El eje de la investigación sostiene que fondos sin trazabilidad legal pudieron ingresar desde Venezuela en efectivo, presuntamente para apoyar a la alianza política que compitió en las elecciones presidenciales de 2023. Esta tesis fue confirmada por Fiscalía a través de redes sociales, aunque sin detallar montos ni rutas específicas de ese supuesto flujo de dinero.
Quiénes son los ocho investigados en el Caso Caja Chica
Este caso reúne a dirigentes y exfuncionarios vinculados al movimiento Revolución Ciudadana (correísmo). La lista de las ocho personas bajo investigación incluye:
- Rafael Correa: Expresidente de Ecuador y líder histórico del correísmo.
- Luisa González: Excandidata presidencial en 2023 y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana.
- Andrés Arauz: Excandidato presidencial y exfuncionario público del correísmo.
- Patricio Chávez: Asambleísta de la Revolución Ciudadana.
- Suad Manssur: Exsuperintendenta de Compañías y militante del movimiento. Fue miembro del Gabinete Ampliado del Presidente de la República del Ecuador durante la presidencia de Rafael Correa.
- Fausto Herrera: Exministro de Finanzas durante gobiernos afines al correísmo.
- Patricio Rivera: También exministro de Finanzas. En 2017, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lo designó como Superintendente de Economía Popular y Solidaria.
- Bibian Hernández: Abogada que figura en la lista de investigados. Su nombre aparece en los chats del caso Metástasis
La Fiscalía investiga el papel de estas personas en la presunta estructura financiera que habría facilitado el ingreso y uso de recursos no declarados para actividades políticas.
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Reacciones y contexto político Caso Caja Chica
Las repercusiones no se hicieron esperar. Integrantes de la Revolución Ciudadana y aliados del correísmo calificaron los allanamientos de motivados por criterios políticos, insistiendo en que no existe sustento ni transparencia en la denuncia inicial.
El expresidente Correa sostuvo que acciones de este tipo “no se verían ni en las peores dictaduras”, y que la investigación obedece a una persecución contra su movimiento.
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