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Álvaro Murillo
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El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) certificación de que gastó ₡3.802 millones en la campaña para las elecciones de febrero, a pesar de que por el caudal de votación podía haber presentado formalmente gastos por hasta ₡20.138 millones. Son más de ₡16.000 millones de diferencia entre un rubro y otro, casi 81% de la cifra máxima establecida por deuda política.
El monto de ₡3.802 millones no necesariamente representa el total de gastos de campaña del PPSO, sino que es la cantidad sobre la cual el partido considera que tiene respaldos legales para poder reclamarlo como “deuda política” o aporte del Estado.
La certificación la presentó el PPSO el 16 de junio mediante la firma de la contadora pública Karla Herrera Zárate, quien advirtió de que su trabajo no constituye auditoría alguna, sino una revisión de comprobantes de gastos y su cumplimiento con la normativa.
La liquidación de gastos, que equivale al 40% del total de monto presentado por los cinco partidos que tienen derecho a deuda política, se tramita sin que haya aún claridad en el TSE sobre diversos aportes que recibió el PPSO en la campaña, como los ₡38 millones financiados por una mujer sin aparente solvencia económica suficiente.
Al final la renuncia es mayor, un 81%, aunque el TSE aún debe revisar que el monto liquidado por PPSO calce con otras cuentas y si es en efecto susceptible de reembolso. El Departamento de Financiamiento Electoral puede cotejar esos reportes con información de pagos hechos por otras vías.
Pese a numerosas llamadas al secretario general del PPSO, Freddy González, y a mensajes que recibió para poder referirse a este tema, el oficialista no ofreció explicación alguna. Tampoco contestó Mayuli Ortega, presidenta del partido y diputada chavista.
Según el reporte de gastos redimibles, el PPSO gastó ₡804 millones en signos externos, ₡691 millones en formación y funcionamiento de comités, ₡700 millones en pauta televisiva y ₡524 millones en honorarios profesionales, entre los rubros más altos indicados.
Liquidaciones restantes
Aunque por volumen fue el PPSO la agrupación que más dinero dejó sin reclamar, el Partido Liberación Nacional (PLN) es el que registró un mayor porcentaje de diferencia entre el monto al que tiene derecho y el que finalmente liquidó. La cifra liquidada es de ₡1.937 millones, lo que deja sin reclamar el 85% de los ₡12.230 millones a los cuales los verdiblancos tenían derecho por caudal de votación.
“La explicación es sencilla: eso fue lo que se invirtió en la campaña, lo que pudimos conseguir de financiamiento. Ha sido la más austera, aunque hubiéramos querido tener más recursos”, justificó Miguel Guillén, secretario general del PLN.
El verdiblanco no dejó de levantar sospechas sobre la liquidación del PPSO, pues señaló que hubo abundantes gastos del partido oficialista durante la campaña y no necesariamente se corresponden con el monto liquidado.
Llama la atención que el mayor rubro de gasto electoral del PLN es “intereses pagados”, con ₡427 millones, según la certificación en manos de UNIVERSIDAD, que pidió al TSE los documentos correspondientes a los cinco partidos.
Los otros tres partidos que tienen acceso a deuda política son Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pues solo cinco agrupaciones lograron votos suficientes para acceder al menos a un escaño legislativo.
En el caso de Frente Amplio, la liquidación de la reciente campaña fue de ₡1.028 millones, casi un 30% del monto máximo al que tenía derecho, algo normal en la agrupación, según su secretario general, Jonathan Acuña. “Siempre es así. Liquidamos el dinero que gastamos, ni más ni menos, con transparencia y con austeridad”, dijo.
Acuña también se refirió al PPSO señalando que es mentira que haya una “renuncia” a porcentajes de deuda política, pues el que haya un monto máximo al que se tiene derecho no significa que sea dinero en manos de la agrupación, pues la clave está en el dinero reportado como ejecutado en la campaña, en caso de que el reporte sea fidedigno.
La Coalición Agenda Ciudadana, que logró colocar a la diputada Claudia Dobles, presentó gastos por ₡1.271 millones, dos tercios del monto máximo redimible.
“Liquidamos eso porque eso fue lo que gastamos. La liquidación no se hace sobre el total al que se tiene derecho, sino sobre el total que se gastó”, explicó Fabián Solano, el presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), base de la coalición del mismo nombre.
Para el PUSC el reporte de gastos llegó a ₡1.392 millones, sólo ₡150 millones menos que el máximo redimible. Tiene acceso a deuda política por haber colocado a la diputada Abril Gordienko.
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