PT propone nacionalización de “grandísimas” empresas y usar sus ganancias en salud y educación

[Vinicio Chacón Soto]

“La clase obrera en el poder podrá transformar las instituciones que hoy garantizan el dominio y la explotación de esos grandes empresarios, en unas nuevas que permitan que la riqueza se invierta en beneficiar a la mayoría de la sociedad, a eso llamamos un estado socialista”.

No hay dónde perderse en el “Programa Electoral 2026-2030” del Partido de la Clase Trabajadora (PT). El candidato presidencial es el docente de secundaria David Hernández Brenes, militante desde 2006 y con experiencia sindicalista.

El 5 de diciembre Hernández Brenes concedió entrevista en que habló de la necesidad de una “verdadera reforma al sistema económico”, y explicó que “las fuerzas empresariales de este país, las las de los grandes empresarios, son muy poderosas y por eso no le planteamos a la gente que la política es votar cada cuatro años y vamos a solucionar todo; lo que planteamos es que las elecciones son un momento central donde los trabajadores y las trabajadoras tienen que sumarse al debate político y tienen que organizarse, porque si yo me me limito a hablar del voto, también estoy siendo muy mal intencionado, porque la institucionalidad está pensada para que la gran mayoría de la gente no tenga poder ni tenga las posibilidades de cambiar las cosas”.

Ya al referirse a problemas concretos, en cuanto al apremiante tema de la crisis en seguridad aseguró que “los mismos y las mismas que generan la desigualdad que lleva a que los delitos sean cada vez más, son después los que dicen que la única solución es más cárceles, más policía”.

En su criterio, la “única forma” de atacar las causas de la criminalidad es con una “reforma económica que verdaderamente asegure que la mayor cantidad de gente tenga sus necesidades suplidas, que tenga acceso a educación de calidad y que tenga, sobre todo, acceso a empleo de calidad”. Añadió que “tiene que atacarse inmediatamente el secreto bancario”.

Además propuso “posibilitar y ayudar a grupos comunales que quieran organizarse para atacar la inseguridad y que el Estado también esté al servicio de ellos y ellas”.

Respecto al empleo, ponderó en primer lugar que el sistema económico vigente aborda el tema mediante “quitar y quitar impuestos y básicamente posibilitar a las transnacionales que vengan”, lo cual tiene el “gran problema” de que “destruyo la financiación del Estado, al final los servicios públicos no tienen suficiente para poder financiarse y por eso no es casualidad que la deuda del Estado sigue creciendo año tras año”.

Pero además señaló que por esa vía se crea empleo “muy inestable” y como ejemplo mencionó que “la que había sido siempre el trapito de dominguear de la inversión extranjera directa, Intel, ya dijo que va a despedir a 800 personas este este año”.

Así, insistió en que “lo que se necesita es un cambio en el sistema económico, en que la economía no esté para los vaivénes del Estado, en que no sea solo la política de mercado la que defina y que haya verdaderamente planificación económica”, lo cual logrará “con el proceso de nacionalizaciones que hemos planteado en nuestro programa”. Proceso que no apunta hacia las pequeñas y medianas (pymes), sino a “grandísimas empresas” que “se llevan, según los cálculos de nuestro de nuestro equipo económico, más o menos unos 15 billones de colones al año en ganancias”.

“Eso tiene que ser administrado y repartido por la clase trabajadora costarricense, ¿cómo? asegurando servicios de calidad, asegurando empleo de calidad y atacar, por ejemplo, el desempleo”, indicó.

Reiteró que “la única forma en la que puedo atacar los problemas estructurales de este país es con una con una verdadera reforma al sistema económico, donde haya planificación económica que no existe y que hoy en día es más que nunca necesaria”.

Otro tema que se le planteó fue el de la situación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en primer lugar apuntó a “las grandes deudas que tenemos con la Caja y no solo el Estado”, ante “los mecanismos que se utilizan para proteger a millonarios que sencillamente no pagan las cuotas y se las siguen cobrando a los trabajadores” a quienes “subdeclaran”.

Agregó que “el negocio de la salud privada es que la gente esté hecha leña y entre más hecha leña esté, mayor el negocio. Por eso se tienen que acabar todos los ligámenes con cooperativas, con entes empresariales que lo que quieren es lucrar con la salud costarricense”.

Además subrayó que “tiene que cambiar esa dirección política” de la institución para que “las personas trabajadoras también tengan acceso a poder opinar sobre la Caja”, ya que actualmente tienen “muy poco poder para decidir sobre el futuro de la salud y de las pensiones”.

El tema más cercano para Hernández es el de educación. Al respecto señaló en primer lugar los problemas de financiamiento y por ello insistió en la propuesta de nacionalizar las “grandísimas empresas” para que “la riqueza que se produce en el país sea utilizada para la educación pública, se asegure un presupuesto digno”.

Además enfatizó que “necesitamos una educación que sea inclusiva, no solo en cómo se educa, sino también en cómo se toman las decisiones”.

“Yo que estoy todos los días con muchachos y muchachas en el aula, veo el desinterés, veo que sienten que no van a tener posibilidades de trabajo, que sienten que no aprenden cosas que les sirvan, veo cómo hay otro montón de entes socializadores en los que confían más que en la educación y eso se cambia brindando espacios democráticos”, aseguró.

Detalló que “hoy los muchachos y las muchachas son lo mejor que tiene este país, pero todos los gobiernos que hemos tenido lo que han hecho es criminalizarlos o infantilizarlos sin pedirles verdaderamente toma de posición, toma de opinión y dándoles cuotas de poder”.

Por ello planteó “una educación no solo pensada por una tecnocracia, sino pensada por los trabajadores y las trabajadoras que mandan todos sus días a los niños, a las niñas, a jóvenes a los centros educativos” y en la que “se toma en cuenta la posición de los trabajadores y trabajadoras del MEP, que sufrimos terribles condiciones laborales, donde tenemos que hacer un montón de trabajo en la casa que nunca se nos paga, se nos congelan salarios, pensiones y todo eso tiene que ser revertido”.

En cuanto a las relaciones internacionales, denunció que “nuestro gobierno ha sido cómplice de una de las políticas más racistas y más discriminatorias que hemos visto en los últimos años: la política migratoria del gobierno de Trump”, lo cual es “una completa vergüenza, no representa lo que me enseñaron en la escuela, no representa lo que me me enseñaron en la casa”.

Dijo entonces que el PT busca que Costa Rica sea “un baluarte en el respeto de los derechos de todas las personas sin importar su nacionalidad, porque la discriminación y la xenofobia que viven muchísimas de las personas en Estados Unidos, también la viven muchísimas personas extranjeras en Costa Rica y eso tiene que ser atacado”.

Criticó el hecho de que “políticas fáciles, de repetir este racismo y esta xenofobia, a lo que nos han llevado es a ser cómplices de gobiernos que detestan y odian los derechos humanos, como es Estados Unidos, como es Israel y que desnudan el papel de Costa Rica en una época de imperialismo como una colonia más que repite lo que le diga su jefe”.

Por ello abogó por “políticas públicas que materialicen ese respeto a los derechos de todas las personas migrantes porque, esto lo repetimos muchísimo, la clase obrera no tiene nacionalidad”.

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