M
Mario Bermúdez Vives
Guest
La primer propuesta salida de uno de los asesores del “grupo técnico” nombrado por la presidenta electa Laura Fernández para buscar las reformas para instalar bases militares de Estados Unidos en Costa Rica, como parte de la lucha contra el narcotráfico, no presenta viabilidad política, ya que requeriría que la oposición renunciara a principios históricos.
Fabián Silva, uno de los cuatro asesores que Fernández presentó como equipo técnico para plantear reformas al Poder Judicial y el Estado, propuso reformar la Constitución para instalar bases militares de Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste para combatir al narcotráfico y al crimen organizado.
Sin embargo, por tratarse de una reforma que afecta la integridad territorial del país, la Constitución Política establece en el artículo 7 que requeriría de 43 votos. Dado que el oficialismo alcanzó 31 curules en la siguiente Asamblea Legislativa, tendría que buscar al menos 12 en la oposición, siempre que mantenga a toda su bancada atrincherada tras una reforma de este tipo.
La tercer fuerza en la próxima Asamblea Legislativa, el Frente Amplio (FA), no se ha pronunciado al respecto, pero dado su historial de votar en contra siquiera de permisos al atraque de barcos armados de Estados Unidos, la posibilidad de que varios de sus legisladores avalen propuestas de este tipo luce irreal.
Esto deja al Partido Liberación Nacional (PLN) como única opción, y ya el secretario general, Miguel Ángel Guillén, cerró las puertas a una reforma en esa dirección. “El PLN no avalará que el miedo reemplace al derecho ni que la violencia se convierta en política pública”, dijo Guillén, quien también resaltó que consideran la idea como “un giro de fondo respecto a la decisión histórica de 1948 y al artículo 12 constitucional, que consagró una República civilista, sin ejército permanente, convencida de que su seguridad descansa en instituciones sólidas, cooperación internacional y Estado de derecho”.
Adicionalmente, Guillén aseguró que la experiencia internacional ha evidenciado que trasladar una tarea que es policial y social a respuestas militares, «puede agravar la violencia, en lugar de resolverla».
La propuesta de Silva no solo torpedearía la abolición del Ejército -uno de los legados más emblemáticos del fundador del PLN, José Figueres- sino también la neutralidad perpetua y no armada del país, proclamada en 1983 por el presidente Luis Alberto Monge, por lo que se requeriría de un viraje gigantesco del PLN, desmantelando el legado de referentes históricos.
Ello no es algo menor, ya que el oficialismo requeriría que prácticamente el 70% de la próxima fracción liberacionista abandonara banderas históricas del partido, para abrazar la propuesta de las bases militares.
Tampoco ayuda la polémica generada con la cancelación de visas de Estados Unidos a funcionarios públicos en el 2025 -incluyendo diputados, magistrados y hasta el ex presidente Óscar Arias-, lo que generó en la oposición un reclamo de que se estaban mezclando elementos de seguridad nacional de ambos países con persecución política.
Adicionalmente, se trata de una sugerencia que en su momento rechazó el propio presidente Rodrigo Chaves, en febrero del 2023, aunque en un contexto diferente. Al ser consultado por la posibilidad de una base militar en Estados Unidos en Costa Rica, ante la presencia de militares rusos en Nicaragua, el Presidente rechazó la opción y resaltó la abolición del Ejército como legado histórico valioso. “Costa Rica es un país de paz, aquí los niños crecen gracias a Dios sin ver tanques ni aviones”, dijo.
E incluso hizo referencia a los operativos de patrullaje conjunto con autoridades norteamericanas contra el narcotráfico, como acciones no armadas. “No es una actividad de objetivos militares, Dios guarde, estamos muy contentos que en Costa Rica no haya Ejércitos propios y mucho menos extranjeros”, manifestó el presidente Chaves en esa ocasión.
No hay datos precisos de las bases militares de Estados Unidos en la región, de las cuales las más reconocidas son la de Guantánamo (Cuba), Soto Cano (Palmerola, Honduras) y las de Aruba y Curazao. Las estimaciones pueden variar de 20 a 80, según las definiciones que se utilicen.
También hay rastros de un debate que puede polarizar el entorno político. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa impulsó una reforma para volver a autorizar las bases militares extranjeras en el país, y logró el aval del Congreso en junio del año pasado, pero un referendo de noviembre rechazó la acción por casi dos terceras partes de los votantes.
La entrada Propuesta de bases militares de EE.UU. en Costa Rica carece de viabilidad política aparece primero en Semanario Universidad.
Sigue leyendo...