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Proponen reducir tasa de homicidios en Guatemala a 8 por cada 100 mil habitantes en 10 años
Actualmente, la tasa de homicidios en Guatemala es de 16 por cada 100 mil habitantes; buscan reducirla a la mitad en una década. La cartera de Gobernación plantea reforzar el sistema penitenciario mediante cárceles de máxima seguridad.
Mauricio Álvarez
22 de abril de 2026
|
13:04h
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Una de las propuestas es reforzar el sistema penitenciario con cárceles de máxima seguridad. (Foto Prensa Libre: PNC)(Foto Prensa Libre: PNC)
Guatemala reporta una tasa de 16.8 homicidios por cada 100 mil habitantes hasta marzo del 2026, según datos presentados por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, este miércoles en el conversatorio “Seguridad y desarrollo en Guatemala: fortaleciendo la convivencia para un futuro próspero”, organizado por Fundesa, que forma parte de los primeros eventos del Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2026.
La Coalición por la Seguridad Ciudadana de Fundesa propuso reducir en los próximos diez años los homicidios a la mitad, es decir, pasar de 16 a ocho por cada 100 mil habitantes. Según datos del Fondo Monetario Internacional, la violencia le cuesta a Guatemala hasta el 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con Juan Mini, presidente del comité organizador del ENADE 2026, la seguridad no solo afecta el desarrollo del país, sino a miles de familias guatemaltecas. “El fortalecimiento de la seguridad es necesario para un futuro próspero. Sin seguridad, no hay inversión, no hay empleo ni bienestar”, afirmó.
Agregó que en el 2024, año en que se realizó el último ENADE enfocado en seguridad, Guatemala tenía una tasa de 31 homicidios por cada 100 mil habitantes. En ese entonces, el país se ubicó entre los más peligrosos de América Latina y del mundo. “Ahora estamos entre los países medianamente peligrosos”, comentó.
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Reiteró que durante los últimos cinco años el país no ha logrado reducir la tasa de 16 homicidios. “Estamos estancados y a veces la cifra va al alza. Para convertirnos en un país realmente seguro, que es el sueño de todos los guatemaltecos, aún hay mucho por hacer en reducción de homicidios, extorsiones, maras y narcotráfico”, dijo.
En ese contexto, el ministro Villeda explicó que el incremento más significativo comenzó a partir del 2000, hasta alcanzar su punto más alto en el 2010. “Fue el año más violento de nuestro país, donde llegamos a tener 46.5 fallecidos por cada 100 mil habitantes”, señaló.
A partir del 2011, la tendencia comenzó a disminuir, hasta llegar a su punto más bajo en el 2020, durante la pandemia. “Fue el año menos violento en la historia de nuestro país, con un promedio de 15 fallecidos por cada 100 mil habitantes”, afirmó.
Posteriormente, la tasa aumentó a 16.6 en el 2021. “En el 2025, cuando tomé posesión, estábamos en un promedio de 17.4 fallecidos por cada 100 mil habitantes”, indicó. Añadió que, tras la implementación de estados de sitio, estados de prevención y otras estrategias desde noviembre, la tasa se ubica en 16.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Fallas del sistema penitenciario
El ministro Villeda señaló que la violencia homicida en Guatemala responde a múltiples factores. “Tenemos violencia provocada por el narcotráfico, por pandillas, por delincuencia común, por venganzas personales, entre otros”, explicó.
Agregó que existe una concentración territorial del fenómeno. “El 70% de la violencia homicida se produce en dos departamentos: Guatemala y Escuintla”, indicó. Asimismo, señaló que el 70% de las extorsiones se originan en las cárceles.
Villeda indicó que uno de los principales problemas estructurales se encuentra en el sistema penitenciario, debido a la sobrepoblación y la limitada capacidad de control. “Tenemos 25 centros penitenciarios con capacidad para 7 mil privados de libertad, pero actualmente hay casi 24 mil, según el censo biométrico que finalizó en enero”, explicó.
Esto representa, según el funcionario, una sobrepoblación del 340%.
A esta situación se suma la falta de personal. “Contamos con 4 mil guardias penitenciarios en total, es decir, 2 mil por turno para controlar a 24 mil privados de libertad”, señaló.
Indicó que las condiciones salariales también inciden en el funcionamiento del sistema. “Es una guardia penitenciaria muy mal pagada, con salarios de alrededor de Q4 mil al mes, lo que los hace susceptibles a ser corrompidos por los criminales”, afirmó.
Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación durante el conversatorio sobre seguridad, evento previo al Enade 2026. (Foto Prensa Libre: Fundesa)
Propuestas
De acuerdo con Mini, para reducir la tasa de homicidios en el país se requiere una estrategia acordada y consensuada en los próximos meses entre los distintos actores involucrados. “La seguridad no es un lujo, es una condición indispensable para el progreso económico y el bienestar social”, mencionó.
Añadió que alcanzar esta meta implica transformar las instituciones de justicia. “Debemos lograr eficiencia, responsabilidad, tecnología, reglamentación favorable, leyes favorables, personal capacitado, inversión y conciencia ciudadana”, explicó.
Asimismo, reiteró que el sistema penitenciario debe ser reformado y ampliado con cárceles nuevas de máxima seguridad. “Desde allí se origina la mayor cantidad de extorsiones en el país, se organizan muchos crímenes y a veces se fugan los reos más peligrosos”, comentó.
También planteó la necesidad de mayor coordinación institucional. Señaló que el Ministerio de Gobernación debe trabajar de la mano con el Ministerio de la Defensa Nacional, el Organismo Judicial (OJ) y el Ministerio Público (MP) para fortalecer la persecución penal. Además, pidió al Gobierno eficiencia y transparencia en el uso de los recursos.
Por su parte, el ministro Villeda coincidió en la necesidad de una articulación más amplia dentro del sistema de seguridad. “El Ministerio de Gobernación es solo una parte del sistema de seguridad del país. Es solo una de las patas de la mesa. Los otros órganos también deben cumplir con sus funciones”, afirmó.
También señaló la necesidad de mejorar la coordinación entre instituciones. “El socio natural del ministro de Gobernación es el fiscal general. Tiene que existir comunicación constante para solicitar órdenes de allanamiento y aprehensión, y para operativizar acciones contra los fenómenos criminales”, explicó.
En ese sentido, subrayó la importancia del rol del MP y del sistema judicial. “Necesitamos un Ministerio Público que investigue y un sistema judicial independiente, con jueces que emitan las resoluciones que correspondan y que no permitan que los delincuentes queden en libertad en menos de 24 horas”, indicó.
Agregó que los nuevos proyectos, como los centros penitenciarios en Izabal y Masagua, Escuintla, buscan implementar un modelo distinto. “No podemos construir nuevas cárceles para que sean administradas por la misma guardia que ha estado involucrada en actos de corrupción”, dijo.
El ministro también indicó que se busca ampliar el personal de seguridad. “Necesitamos aumentar el número de guardias penitenciarios y renovar la guardia, que actualmente es susceptible a actos de corrupción y a no respetar protocolos”, señaló.
En materia policial, informó que se han graduado tres mil agentes y que se prevé incorporar otros tres mil en julio, además de iniciar un nuevo proceso de reclutamiento. “La idea es que al finalizar el Gobierno se hayan incorporado 12 mil nuevos agentes”, explicó.
Asimismo, anunció la adquisición de equipo para mejorar la operatividad. “Vamos a adquirir mil patrullas y mil motocicletas. Las últimas patrullas se compraron en el 2019, y si no lo hacemos este año vamos a entrar en una crisis severa de movilidad”, mencionó.
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