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Lucía Vásconez
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La Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (Fenabe) anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 231, firmado el 24 de noviembre de 2025, que amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para registrar plantaciones de banano, plátano y otras musáceas sembradas sin autorización.
El presidente de Fenabe, Franklin Torres, ha sostenido en varios medios de comunicación que el decreto y su aplicación, a través del Acuerdo Ministerial 132 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), vulneran la Ley del Banano. A su criterio, se modifica por vía administrativa una norma legal vigente que prohíbe nuevas siembras sin autorización desde 1997 y fija sanciones claras.
“El artículo 8 de la ley es claro. No se puede cambiar una ley mediante decreto”, afirmó Torres. Según el dirigente, la ampliación del plazo legaliza siembras irregulares y genera una competencia desleal frente a productores que han cumplido la normativa. Por ello, anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad.
El Decreto Ejecutivo 231 permite registrar, hasta finales de 2026, plantaciones que no constaban en los registros oficiales. En paralelo, el MAGP reformó el instructivo para aplicar el reglamento de la Ley del Banano mediante el Acuerdo Ministerial 132, emitido el 3 de diciembre.
La normativa establece que quienes soliciten el registro hasta el 31 de diciembre de 2025 deberán pagar la multa prevista en la ley equivalente a 600 dólares por hectárea. En cambio, quienes lo hagan entre 2026 deberán cancelar ese valor más una sanción adicional de diez salarios básicos unificados (SBU) de 2025, es decir, 4 700 dólares más 600 dólares por hectárea.
Para Torres, este esquema confirma una interpretación discrecional de la ley. Además, advierte que grandes productores, con mayor respaldo financiero y tecnológico, podrán asumir las multas, en detrimento de los pequeños agricultores.
Desde el sector exportador, la lectura es distinta. Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, asegura que la medida busca regularizar plantaciones que ya están en producción y generan empleo y divisas. Recalca que no se autorizan nuevas siembras y estima que unas 20 000 hectáreas deberán ser regularizadas.
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Productores bananeros van a la Corte por decreto de siembras
El presidente de Fenabe, Franklin Torres, ha sostenido en varios medios de comunicación que el decreto y su aplicación, a través del Acuerdo Ministerial 132 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP), vulneran la Ley del Banano. A su criterio, se modifica por vía administrativa una norma legal vigente que prohíbe nuevas siembras sin autorización desde 1997 y fija sanciones claras.
“El artículo 8 de la ley es claro. No se puede cambiar una ley mediante decreto”, afirmó Torres. Según el dirigente, la ampliación del plazo legaliza siembras irregulares y genera una competencia desleal frente a productores que han cumplido la normativa. Por ello, anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad.
El decreto y las sanciones previstas
El Decreto Ejecutivo 231 permite registrar, hasta finales de 2026, plantaciones que no constaban en los registros oficiales. En paralelo, el MAGP reformó el instructivo para aplicar el reglamento de la Ley del Banano mediante el Acuerdo Ministerial 132, emitido el 3 de diciembre.
La normativa establece que quienes soliciten el registro hasta el 31 de diciembre de 2025 deberán pagar la multa prevista en la ley equivalente a 600 dólares por hectárea. En cambio, quienes lo hagan entre 2026 deberán cancelar ese valor más una sanción adicional de diez salarios básicos unificados (SBU) de 2025, es decir, 4 700 dólares más 600 dólares por hectárea.
Para Torres, este esquema confirma una interpretación discrecional de la ley. Además, advierte que grandes productores, con mayor respaldo financiero y tecnológico, podrán asumir las multas, en detrimento de los pequeños agricultores.
Posiciones divididas en el sector
Desde el sector exportador, la lectura es distinta. Richard Salazar, director ejecutivo de Acorbanec, asegura que la medida busca regularizar plantaciones que ya están en producción y generan empleo y divisas. Recalca que no se autorizan nuevas siembras y estima que unas 20 000 hectáreas deberán ser regularizadas.
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