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Boris Gongora
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La Procuraduría General del Estado (PGE) informó, en su Rendición Pública de Cuentas correspondiente a la gestión 2025, que Bolivia heredó una deuda de aproximadamente 444,6 millones de dólares por arbitrajes de inversión y más de 33,2 millones de dólares por arbitrajes comerciales.
“Aclarar que en la gestión 2025 hemos participado en menos de 25 días hábiles”, señaló el procurador general del Estado, Hugo León La Faye.
Señaló que esta carga económica se origina en decisiones “incorrectas” asumidas por anteriores gobiernos, que derivaron en controversias con empresas privadas y obligaron a recurrir a tribunales internacionales.
“Estamos hablando de 28 arbitrajes, de los cuales el Estado boliviano solo ha ganado dos; el resto representa obligaciones que deben ser asumidas por todos los bolivianos”, se indicó.
El Procurador también advirtió sobre otras problemáticas heredadas, como 7.300 procesos destinados a recuperar aportes de la Agencia Estatal de Vivienda (AE Vivienda), cuyos montos —en su mayoría entre 100 y 500 bolivianos— presentan un bajo beneficio frente a los costos de tramitación.
Lea más: Procuraduría entrega informe sobre ‘El Sillar’ a la ABC para revisión y posibles acciones legales
“Vale decir que si aplicamos para su tramitación un costo-beneficio, obviamente los resultados son negativos”, explicó.
En ese contexto, La Faye cuestionó una presunta desinstitucionalización en la gestión anterior e indicó que ha priorizado lo político sobre lo técnico-jurídico. Asimismo, informó que la institución, que contaba con más de 220 funcionarios, se encuentra en un proceso de readecuación para optimizar funciones y mejorar la eficiencia en la defensa de los intereses del Estado.
“Cada vez nos llega el convencimiento de que la anterior gestión fue una gestión de papel totalmente burocrática y el reto ahora es construir una gestión por resultados. El 2025 fue un año altamente politizado al interior de las instituciones públicas de la cual la Procuraduría no estuvo obviamente exenta”, indicó.
La actual administración planteó como reto transformar a la Procuraduría en una entidad más técnica, transparente y orientada a resultados, dejando atrás una gestión caracterizada por la burocracia.
En esa línea, se remarcó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para recuperar recursos y enfrentar litigios internacionales.
En el acto, el subprocurador de Defensa Legal y Representación Jurídica del Estado, Roger Longaric, informó que en la gestión 2025 la Dirección de Defensa Arbitral recibió cinco arbitrajes comerciales internacionales y cuatro arbitrajes de inversión.
En esa línea, explicó que actualmente se ejecuta una estrategia de blindaje jurídico orientada a fortalecer la defensa del Estado frente a laudos adversos heredados de gestiones anteriores. “Esto deriva en una protección del Tesoro General del Estado, es decir, se asumen acciones legales orientadas a anular o suspender pagos millonarios impuestos al país”, señaló.
Asimismo, detalló que, en el ámbito de la Dirección de Sistemas Internacionales de Derechos Humanos, Bolivia registra 102 procesos en el Sistema Interamericano, además de una medida cautelar, ocho casos con sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y seis casos en el Sistema Universal.
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“Aclarar que en la gestión 2025 hemos participado en menos de 25 días hábiles”, señaló el procurador general del Estado, Hugo León La Faye.
Señaló que esta carga económica se origina en decisiones “incorrectas” asumidas por anteriores gobiernos, que derivaron en controversias con empresas privadas y obligaron a recurrir a tribunales internacionales.
“Estamos hablando de 28 arbitrajes, de los cuales el Estado boliviano solo ha ganado dos; el resto representa obligaciones que deben ser asumidas por todos los bolivianos”, se indicó.
El Procurador también advirtió sobre otras problemáticas heredadas, como 7.300 procesos destinados a recuperar aportes de la Agencia Estatal de Vivienda (AE Vivienda), cuyos montos —en su mayoría entre 100 y 500 bolivianos— presentan un bajo beneficio frente a los costos de tramitación.
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“Vale decir que si aplicamos para su tramitación un costo-beneficio, obviamente los resultados son negativos”, explicó.
En ese contexto, La Faye cuestionó una presunta desinstitucionalización en la gestión anterior e indicó que ha priorizado lo político sobre lo técnico-jurídico. Asimismo, informó que la institución, que contaba con más de 220 funcionarios, se encuentra en un proceso de readecuación para optimizar funciones y mejorar la eficiencia en la defensa de los intereses del Estado.
“Cada vez nos llega el convencimiento de que la anterior gestión fue una gestión de papel totalmente burocrática y el reto ahora es construir una gestión por resultados. El 2025 fue un año altamente politizado al interior de las instituciones públicas de la cual la Procuraduría no estuvo obviamente exenta”, indicó.
La actual administración planteó como reto transformar a la Procuraduría en una entidad más técnica, transparente y orientada a resultados, dejando atrás una gestión caracterizada por la burocracia.
En esa línea, se remarcó la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para recuperar recursos y enfrentar litigios internacionales.
En el acto, el subprocurador de Defensa Legal y Representación Jurídica del Estado, Roger Longaric, informó que en la gestión 2025 la Dirección de Defensa Arbitral recibió cinco arbitrajes comerciales internacionales y cuatro arbitrajes de inversión.
En esa línea, explicó que actualmente se ejecuta una estrategia de blindaje jurídico orientada a fortalecer la defensa del Estado frente a laudos adversos heredados de gestiones anteriores. “Esto deriva en una protección del Tesoro General del Estado, es decir, se asumen acciones legales orientadas a anular o suspender pagos millonarios impuestos al país”, señaló.
Asimismo, detalló que, en el ámbito de la Dirección de Sistemas Internacionales de Derechos Humanos, Bolivia registra 102 procesos en el Sistema Interamericano, además de una medida cautelar, ocho casos con sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) y seis casos en el Sistema Universal.
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