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Vinicio Chacón Soto
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De acuerdo con testimonios de personas privadas de libertad, las draconianas imposiciones del gobierno de Laura Fernández han incidido en un serio detrimento en las condiciones de vida de quienes están recluidos en el sistema penitenciario.
Específicamente, UNIVERSIDAD logró testimonios de primera mano de dos personas recluidas en el Centro de Atención Institucional (CAI) Gerardo Rodríguez Echeverría, a donde van a parar muchas personas que son indiciadas, es decir, en contra de las cuáles no pesa ninguna sentencia en firme, no descuentan una pena como tal, sino que sobre ellas pesa la medida cautelar de prisión preventiva.
Esos recuentos describen pésima alimentación, no solo porque la comida es manipulada por personas privadas de libertad sin adiestramiento para ello, sino porque entre otras cosas los tiempos de comida dispuestos institucionalmente determinan que la última comida del día es a las 3 p.m. y luego sigue un largo tramo de 16 horas hasta las 7 a.m. del día siguiente.
UNIVERSIDAD pudo entrevistar a dos reclusos del pabellón 5 de ese CAI, cuyas identidades se protegen. El primero de ellos, en prisión preventiva desde hace 15 meses según dijo, inició su relato con que “el trato para uno siempre es mal, lo tratan a uno como que si fuera un perro; tal vez uno quiere preguntarle algo a los oficiales y siempre le contestan de mala manera, o si no, simplemente no le contestan”.
Pero describió que cuando un recluso considera que requiere atención médica, muchas veces se le contesta con “yo lo veo bien”. “Tienen que cortarse las manos para ver si los oficiales los sacan y en veces ni cortándoselas”, aseguró.
Indicó que ello ha sucedido incluso en casos de personas que requieren cuidados o medicación especiales, por alguna condición derivada de una intervención quirúrgica.
En cuanto a la alimentación, “el asunto es malo”. Señaló “primero que nada, hablan de los cinco tiempos de comida con frutas y con postre; eso no existe. Tal vez eso existe para la persona que lleva una dieta, porque tal vez han sido operados del estómago, ellos sí tienen derecho a la dieta. Nosotros, el restante de los privados de libertad, no recibimos nada de eso”.
“A las 7 a.m. lo que nos dan es una galleta soda y rota, con un poquitico de café y sin azúcar; a las 10:20 recibimos una cucharadita de arroz con frijoles, en veces los frijoles vienen agrios, el huevo duro que no puede faltar”. El arroz puede llegar masudo, quemado o crudo, “con un acompañamiento de ensalada, pero esa ensalada aquí mejor ni la tocamos porque en veces viene con babosas”.
Como ya se apuntó, la última comida del día es a las 3:20 p.m., “le dan a uno chayote en agua, arroz y frijoles, después de las 3:20 nosotros no comemos absolutamente nada”.
Recientemente el ministro de Justicia, cuyas medidas incluyen una reducción sustantiva de los alimentos que los familiares les pueden llevar, celebró haber retirado 263 hornos de microondas de diferentes centros penitenciarios.
Este recluso indicó que eran necesarios precisamente para poder guardar “el ranchito para la noche, para comérselo calientico”; tanto más necesario porque “la comida de aquí se pone mala en el instante, porque los frijoles vienen agrios, porque el arroz viene raro, entonces tal vez uno lo quiere guardar para la noche y no puede comérselo porque se termina de poner malo”.
Apuntó que “a la comida le llamamos rancho porque eso es como una vomitada. Le dan ganas hasta de vomitar a uno”.
En el otro testimonio, el privado de libertad señaló que para dormir cuentan con una colchoneta, “hay gente que tiene aquí 15, 16 meses con la misma colchoneta, lógicamente eso va a quedar como una Gillette, en las puras tablas”.
Por ello, cuando una persona sale en libertad se busca aprovechar su colchoneta, pero muchas se las llevaron las autoridades junto con los microondas, de manera que todos quedaron solo con una. “Nada más nos dijeron que había que quitarlas, que colaboráramos con ellos y colaboraban con nosotros, que si nosotros nos portábamos bien, ellos se portan bien con nosotros; porque también estamos con esa incertidumbre, dicen que nos van a quitar las llamadas, que nos van a quitar además la visita”.
Aseguró que el pabellón en que se encuentra puede medir 12 x 13 metros y aloja a 215 personas, “estamos casi encima uno sobre otro. Ahorita aquí estamos como una babosa sudando, porque incluso también nos cortan el agua” de manera intermitente a lo largo del día.
Ante las severas restricciones impuestas sobre la alimentación que sus familiares les pueden llevar relató, como ejemplo, que “una sopa instantánea aquí por lo menos ya ahora puede valer hasta ₡5.000”.
Además se recabó el testimonio de una mujer cuyo marido también está recluido en ese mismo sitio y lleva más de un año en prisión preventiva por presunto tráfico de drogas. Ella relató que entre los dos tienen seis hijos, todos menores de edad. Confirmó la brutalidad de los tiempos de comida, según los cuales pasan hasta 16 horas sin alimentación, así como la mala calidad de los alimentos que reciben.
Indicó que cuando se permitían las llamadas “encomiendas”, hasta el 3 de junio, “a él se le llevaba una vez a la semana sus cuatro tazas de comida, las cosas personales. Todo lo que él necesitaba se le podía llevar cuando se le recibían encomiendas”, aunque “a veces los oficiales del centro penitenciario no dejaban pasar porque no les daba la gana que pasara”.
Informó de un incidente en que a los reclusos se les habría quitado las cobijas, con las que salen a pasar lista a las 5 a.m., pues no tienen abrigos.
Apuntó que “es un golpe muy duro, porque uno como familiar piensa mucho mucho en él, en si ya comió, que cómo se siente. O sea, son muchas cosas que a uno lo tiene muy deprimido, muy ahuevado”.
Aumento de la prisión preventiva
De acuerdo con el Informe Anual 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la capacidad real de este CAI es de 774 personas, pero alberga a 1.236, es decir, alcanza un 59,69% de sobrepoblación.
Sobre la población indicada, ese documento apunta que la cantidad de personas en prisión preventiva “muestra un aumento significativo”, pues pasó de 2.564 personas en 2022, a 5.034 en 2026, un aumento del 96%.
“Es decir, la cantidad de personas sin condena en el sistema penitenciario básicamente se duplicó en el último quinquenio”, con lo cual representa el 26,25% del total de la población recluida. Eso significa que “un cuarto del total de la población penitenciaria hoy está a la espera de sentencia”.
“Esta estadística enciende importantes alarmas de riesgo, como un aumento significativo en el uso de la prisión preventiva por parte de los Tribunales de Justicia, que genera efectos inmediatos sobre el hacinamiento carcelario y sobre los derechos humanos de las personas en prisión”.
La entrada Privados de libertad revelan pésimas condiciones de alimentación, maltrato y hacinamiento aparece primero en Semanario Universidad.
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