G
Giovanna Alvear
Guest
Tres personas enfrentan prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición involuntaria con resultado de muerte de Héctor Enríquez, en Quito. La Fiscalía formuló cargos contra Julio Marcelo C. M., Yismary Andreina Z. A. y César Damián E. M., tras reunir elementos de convicción que apuntan a su implicación en el caso.
El cuerpo de la víctima apareció el 25 de febrero de 2026 en una quebrada de la vía Alóag-Santo Domingo. La investigación señala que el joven había sido reportado como desaparecido el 18 de febrero, luego de que varios sospechosos lo interceptaran mientras se movilizaba en su camioneta por el sector de Calderón, en el norte de la capital.
Las indagaciones indican que los sospechosos interceptaron a la víctima y la maniataron para robarle el vehículo. Durante el traslado, el joven se habría resistido al asalto. En ese contexto, los implicados supuestamente le quitaron la vida.
Después, los procesados habrían abandonado el cuerpo en una quebrada de la vía Alóag-Santo Domingo. Luego se trasladaron en la camioneta hasta el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Allí, según la investigación, ocultaron el vehículo en un taller mecánico.
Alertas ciudadanas permitieron a la Policía ubicar el automotor. Con esa información, los agentes ejecutaron un operativo el 25 de febrero. En ese procedimiento, aprehendieron a los tres sospechosos en flagrancia por el delito de receptación.
En una causa previa, la Fiscalía ya había formulado cargos contra los implicados por la presunta receptación del vehículo, que registraba una alerta de robo desde el 20 de febrero. En ese proceso, un juez dispuso la prisión preventiva.
Durante la audiencia por desaparición involuntaria con resultado de muerte, el fiscal de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas presentó varios elementos de convicción. Entre ellos constan la denuncia por desaparición, el parte policial investigativo y las versiones de los agentes que realizaron la aprehensión.
También incorporó el informe de trazabilidad que detalla el recorrido del vehículo, así como la autopsia médico-legal practicada al cuerpo de la víctima, entre otros elementos.
Al finalizar la diligencia, el juez acogió el pedido de Fiscalía. Ordenó la prisión preventiva para los tres procesados y dispuso el inicio de la instrucción fiscal por un plazo de 90 días. Además, dictó medidas de protección a favor de los padres de la víctima.
El delito de desaparición involuntaria consta en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma establece una pena de siete a diez años de prisión. Sin embargo, cuando el hecho deriva en la muerte de la víctima, la sanción aumenta de 22 a 26 años.
Sigue leyendo...
Más noticias
- Hallan el cuerpo sin vida de Héctor Enríquez en la vía Alóag-Santo Domingo
- Lo que se sabe sobre la desaparición de Héctor Enríquez y los operativos en curso
El cuerpo de la víctima apareció el 25 de febrero de 2026 en una quebrada de la vía Alóag-Santo Domingo. La investigación señala que el joven había sido reportado como desaparecido el 18 de febrero, luego de que varios sospechosos lo interceptaran mientras se movilizaba en su camioneta por el sector de Calderón, en el norte de la capital.
Intercepción y hallazgo del cuerpo
Las indagaciones indican que los sospechosos interceptaron a la víctima y la maniataron para robarle el vehículo. Durante el traslado, el joven se habría resistido al asalto. En ese contexto, los implicados supuestamente le quitaron la vida.
Después, los procesados habrían abandonado el cuerpo en una quebrada de la vía Alóag-Santo Domingo. Luego se trasladaron en la camioneta hasta el cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Allí, según la investigación, ocultaron el vehículo en un taller mecánico.
Alertas ciudadanas permitieron a la Policía ubicar el automotor. Con esa información, los agentes ejecutaron un operativo el 25 de febrero. En ese procedimiento, aprehendieron a los tres sospechosos en flagrancia por el delito de receptación.
Proceso judicial y elementos de convicción
En una causa previa, la Fiscalía ya había formulado cargos contra los implicados por la presunta receptación del vehículo, que registraba una alerta de robo desde el 20 de febrero. En ese proceso, un juez dispuso la prisión preventiva.
Durante la audiencia por desaparición involuntaria con resultado de muerte, el fiscal de la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas presentó varios elementos de convicción. Entre ellos constan la denuncia por desaparición, el parte policial investigativo y las versiones de los agentes que realizaron la aprehensión.
También incorporó el informe de trazabilidad que detalla el recorrido del vehículo, así como la autopsia médico-legal practicada al cuerpo de la víctima, entre otros elementos.
Al finalizar la diligencia, el juez acogió el pedido de Fiscalía. Ordenó la prisión preventiva para los tres procesados y dispuso el inicio de la instrucción fiscal por un plazo de 90 días. Además, dictó medidas de protección a favor de los padres de la víctima.
El delito de desaparición involuntaria consta en el artículo 163.1 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma establece una pena de siete a diez años de prisión. Sin embargo, cuando el hecho deriva en la muerte de la víctima, la sanción aumenta de 22 a 26 años.
Te recomendamos
Sigue leyendo...