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Ana Lucía Freire
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La justicia ecuatoriana dictó este lunes 23 de marzo de 2026 medidas cautelares contra siete miembros de las Fuerzas Armadas, investigados por su presunta participación en el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte. El proceso surge tras el fallecimiento de Bryan Ledesma Franco, ocurrido el pasado 16 de marzo en el cantón Milagro durante una operación militar.
Tras la audiencia de formulación de cargos, una magistrada ordenó la prisión preventiva para dos de los militares, mientras que los otros cinco procesados enfrentarán la instrucción fiscal en libertad condicional. Estos últimos deberán cumplir con presentaciones periódicas ante la autoridad, tienen prohibida la salida del país y deberán portar un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete).
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado señalan que Ledesma Franco habría sido sometido a agresiones físicas y descargas eléctricas por parte del personal militar durante una intervención. No obstante, el elemento más crítico revelado por el propio Ejército Nacional es que dicha operación se ejecutó “fuera de su jurisdicción, sin el conocimiento ni autorización” de los mandos superiores.
Este suceso ocurre en un contexto de alta sensibilidad operativa. Guayas es una de las cuatro provincias bajo toque de queda nocturno (vigente hasta el 31 de marzo) como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, este caso se suma a una lista de denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos sobre el accionar militar en las calles.
El fallecimiento en Milagro no es un hecho aislado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya otorgó medidas cautelares a favor de 26 personas reportadas como desaparecidas tras detenciones militares previas. La memoria colectiva aún retiene el caso de diciembre de 2024, cuando cuatro menores afrodescendientes fueron asesinados tras una detención irregular en Guayaquil, hecho que resultó en sentencias de hasta 34 años de cárcel para 16 uniformados.
Además de las medidas contra los militares, la jueza otorgó protección legal a los familiares de la víctima y a otro ciudadano que resultó herido durante la incursión en Milagro. El Ministerio Público continúa con la recolección de pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los siete implicados en esta nueva crisis institucional para las Fuerzas Armadas.
Información externa Operación militar
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Tras la audiencia de formulación de cargos, una magistrada ordenó la prisión preventiva para dos de los militares, mientras que los otros cinco procesados enfrentarán la instrucción fiscal en libertad condicional. Estos últimos deberán cumplir con presentaciones periódicas ante la autoridad, tienen prohibida la salida del país y deberán portar un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete).
Un operativo militar al margen de la ley
Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado señalan que Ledesma Franco habría sido sometido a agresiones físicas y descargas eléctricas por parte del personal militar durante una intervención. No obstante, el elemento más crítico revelado por el propio Ejército Nacional es que dicha operación se ejecutó “fuera de su jurisdicción, sin el conocimiento ni autorización” de los mandos superiores.
Este suceso ocurre en un contexto de alta sensibilidad operativa. Guayas es una de las cuatro provincias bajo toque de queda nocturno (vigente hasta el 31 de marzo) como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, este caso se suma a una lista de denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos sobre el accionar militar en las calles.
Antecedentes y alertas internacionales
El fallecimiento en Milagro no es un hecho aislado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya otorgó medidas cautelares a favor de 26 personas reportadas como desaparecidas tras detenciones militares previas. La memoria colectiva aún retiene el caso de diciembre de 2024, cuando cuatro menores afrodescendientes fueron asesinados tras una detención irregular en Guayaquil, hecho que resultó en sentencias de hasta 34 años de cárcel para 16 uniformados.
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Además de las medidas contra los militares, la jueza otorgó protección legal a los familiares de la víctima y a otro ciudadano que resultó herido durante la incursión en Milagro. El Ministerio Público continúa con la recolección de pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los siete implicados en esta nueva crisis institucional para las Fuerzas Armadas.
Información externa Operación militar
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