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Ohigginis Arcia
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El presupuesto de la Asamblea Nacional ha registrado un incremento significativo en lo que va del año, según revelan los informes más recientes de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta octubre.
De acuerdo con la ejecución preliminar del presupuesto modificado de funcionamiento e inversiones, los fondos asignados al órgano legislativo pasaron de 98.7 millones de dólares, establecidos inicialmente en la Ley de Presupuesto, a 164.6 millones de dólares.
Este ajuste representa una ampliación de 65.9 millones de dólares, lo que equivale a un aumento aproximado del 66.8%.
El informe del MEF indica que el incremento contempla tanto gastos operativos como partidas de inversión, aunque no especifica en qué programas o actividades se han concentrado los mayores aumentos.
En el desglose por tipo de gasto, los recursos destinados a funcionamiento pasaron de 95.7 millones a 160.3 millones de dólares, con una ejecución de 108.7 millones hasta octubre, lo que equivale al 67.8%.
En cuanto a las inversiones, el monto aprobado aumentó de 3 a 4.3 millones de dólares, de los cuales ya se han ejecutado 4.2 millones, lo que representa un 97%. El informe no destaca cuáles fueron las obras realizadas.
En 2024 también sucedió lo mismo: se aprobó un monto que, poco a poco, fue en aumento. El presupuesto de funcionamiento del año pasado pasó de una proyección inicial de 138.3 millones a 167.9 millones de dólares, lo que implicó una modificación de 36.6 millones de dólares al cierre de ese año.
En cuanto a la inversión, la Ley 2024 estipulaba 11.7 millones de dólares, mientras que el presupuesto modificado alcanzó los 18.7 millones de dólares.
Esto llevó el total del presupuesto de 150 millones de dólares, en su versión original, a 186.6 millones de dólares en la versión modificada a finales de 2024, lo que representa un aumento de 36.6 millones de dólares.
Los dos últimos presidentes de la Asamblea, Dana Castañeda (2024-2025) y Jorge Herrera (2025-2026), han prometido la reducción del gasto mediante una disminución de la planilla; sin embargo, en la práctica, se mantienen gastos operativos similares.
En el caso de Herrera, desde su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional delineó una agenda institucional centrada en la transparencia y la eficiencia. Anunció que impulsaría la revisión del reglamento interno, la eliminación de las llamadas “botellas” —personas que cobran sin trabajar—, la digitalización de procesos y la rendición de cuentas al final de cada período legislativo.
No obstante, tras un comportamiento estable en mayo y junio de este año (4,437 y 4,444 funcionarios, respectivamente), julio registró una reducción abrupta hasta llegar a 3,067 empleados, la cifra más baja del período.
A partir de agosto, el número de nombramientos comenzó a aumentar de forma sostenida: 3,156 en agosto y 3,940 en septiembre, tendencia que se extendió hasta octubre, cuando la planilla alcanzó los 4,073 funcionarios.
El repunte más drástico ocurrió en noviembre, cuando el número de empleados llegó a 5,631.
Organizaciones civiles señalan que, pese al aumento en la planilla, no se han presentado indicadores que demuestren mejoras en la capacidad operativa o en la transparencia institucional de la Asamblea. De hecho, la organización Espacio Cívico alertó sobre este crecimiento de la planilla.
En los últimos años, la Asamblea ha mantenido una práctica habitual de solicitar un presupuesto inicial específico, solo para incrementar considerablemente la cifra durante el transcurso del año a través de créditos o traslados de partidas, que son aprobados internamente.
Por ejemplo, en 2020, el presupuesto aprobado inicialmente para la Asamblea fue de 99.6 millones, pero al cierre del año, el gasto real ascendió a 164.9 millones, un incremento de más de 65 millones. Esta práctica continuó en los años siguientes, con aumentos igualmente significativos.
En 2021, el presupuesto pasó de 107.1 millones a 200.9 millones de dólares, mientras que en 2022 se registró un aumento de 143.9 millones a 230.5 millones de dólares.
En 2023, el presupuesto pasó de 150 millones a 188.9 millones de dólares, y, aunque en 2024 la cifra inicial fue de 150 millones cerró con un monto de 186.6 millones de dólares.
La Asamblea Nacional se ha convertido en el órgano del Estado más cuestionado por el uso discrecional de sus recursos.
Las críticas se centran en la existencia de planillas abultadas, pagos a personal sin funciones claras y un manejo opaco de fondos públicos, lo que ha alimentado el malestar ciudadano frente a una gestión que, lejos de transparentarse, parece repetirse con cada administración legislativa.
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De acuerdo con la ejecución preliminar del presupuesto modificado de funcionamiento e inversiones, los fondos asignados al órgano legislativo pasaron de 98.7 millones de dólares, establecidos inicialmente en la Ley de Presupuesto, a 164.6 millones de dólares.
Este ajuste representa una ampliación de 65.9 millones de dólares, lo que equivale a un aumento aproximado del 66.8%.
El informe del MEF indica que el incremento contempla tanto gastos operativos como partidas de inversión, aunque no especifica en qué programas o actividades se han concentrado los mayores aumentos.
El desglose
En el desglose por tipo de gasto, los recursos destinados a funcionamiento pasaron de 95.7 millones a 160.3 millones de dólares, con una ejecución de 108.7 millones hasta octubre, lo que equivale al 67.8%.
En cuanto a las inversiones, el monto aprobado aumentó de 3 a 4.3 millones de dólares, de los cuales ya se han ejecutado 4.2 millones, lo que representa un 97%. El informe no destaca cuáles fueron las obras realizadas.
En 2024 también sucedió lo mismo: se aprobó un monto que, poco a poco, fue en aumento. El presupuesto de funcionamiento del año pasado pasó de una proyección inicial de 138.3 millones a 167.9 millones de dólares, lo que implicó una modificación de 36.6 millones de dólares al cierre de ese año.
En cuanto a la inversión, la Ley 2024 estipulaba 11.7 millones de dólares, mientras que el presupuesto modificado alcanzó los 18.7 millones de dólares.
Esto llevó el total del presupuesto de 150 millones de dólares, en su versión original, a 186.6 millones de dólares en la versión modificada a finales de 2024, lo que representa un aumento de 36.6 millones de dólares.
Las promesas incumplidas
Los dos últimos presidentes de la Asamblea, Dana Castañeda (2024-2025) y Jorge Herrera (2025-2026), han prometido la reducción del gasto mediante una disminución de la planilla; sin embargo, en la práctica, se mantienen gastos operativos similares.
En el caso de Herrera, desde su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional delineó una agenda institucional centrada en la transparencia y la eficiencia. Anunció que impulsaría la revisión del reglamento interno, la eliminación de las llamadas “botellas” —personas que cobran sin trabajar—, la digitalización de procesos y la rendición de cuentas al final de cada período legislativo.
No obstante, tras un comportamiento estable en mayo y junio de este año (4,437 y 4,444 funcionarios, respectivamente), julio registró una reducción abrupta hasta llegar a 3,067 empleados, la cifra más baja del período.
A partir de agosto, el número de nombramientos comenzó a aumentar de forma sostenida: 3,156 en agosto y 3,940 en septiembre, tendencia que se extendió hasta octubre, cuando la planilla alcanzó los 4,073 funcionarios.
El repunte más drástico ocurrió en noviembre, cuando el número de empleados llegó a 5,631.
Organizaciones civiles señalan que, pese al aumento en la planilla, no se han presentado indicadores que demuestren mejoras en la capacidad operativa o en la transparencia institucional de la Asamblea. De hecho, la organización Espacio Cívico alertó sobre este crecimiento de la planilla.
Una práctica habitual
En los últimos años, la Asamblea ha mantenido una práctica habitual de solicitar un presupuesto inicial específico, solo para incrementar considerablemente la cifra durante el transcurso del año a través de créditos o traslados de partidas, que son aprobados internamente.
Por ejemplo, en 2020, el presupuesto aprobado inicialmente para la Asamblea fue de 99.6 millones, pero al cierre del año, el gasto real ascendió a 164.9 millones, un incremento de más de 65 millones. Esta práctica continuó en los años siguientes, con aumentos igualmente significativos.
En 2021, el presupuesto pasó de 107.1 millones a 200.9 millones de dólares, mientras que en 2022 se registró un aumento de 143.9 millones a 230.5 millones de dólares.
En 2023, el presupuesto pasó de 150 millones a 188.9 millones de dólares, y, aunque en 2024 la cifra inicial fue de 150 millones cerró con un monto de 186.6 millones de dólares.
La Asamblea Nacional se ha convertido en el órgano del Estado más cuestionado por el uso discrecional de sus recursos.
Las críticas se centran en la existencia de planillas abultadas, pagos a personal sin funciones claras y un manejo opaco de fondos públicos, lo que ha alimentado el malestar ciudadano frente a una gestión que, lejos de transparentarse, parece repetirse con cada administración legislativa.
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