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Álvaro Murillo
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“Mientras se desarrolla la investigación administrativa, no podemos brindar los nombres de las personas involucradas”.
Así contestó la Presidencia de la República una consulta de UNIVERSIDAD sobre los detalles del anuncio que hizo por la mañana de lunes la presidenta Laura Fernández, de su decisión de remover de cargos de confianza a siete directores de cuerpos policiales porque supuestamente no pasaron la prueba del polígrafo y, por tanto, podrían estar mintiendo sobre asuntos de corrupción o de nexos con crimen organizado.
Fernández hizo difundir un video por la mañana del lunes con el reporte de que siete jefes policiales dejarán de ocupar los cargos de confianza que tenían hasta ahora y de que ahora son objeto de investigaciones administrativas, aunque no reportó las identidades, los cargos que tenían ni qué funciones desempeñarán en adelante en el Ministerio de Seguridad.
Este semanario preguntó esos detalles y la respuesta de Presidencia fue escueta: no da detalles por ser asuntos en investigación.
Con este informe de destitución de jefaturas policiales, Fernández intenta dar un mensaje de supuesta mano dura interna y de probidad del Poder Ejecutivo, a pesar de numerosos cuestionamientos al polígrafo como detector de mentiras, pues el sistema lo que hace es detectar reacciones corporales ante ciertas preguntas que se plantea, pero está lejos de ser preciso en sus resultados.
Pese a esto, Fernández ha hecho del polígrafo un tema en su política de seguridad, utilizando a una empresa privada sin que se conozca hasta ahora los criterios de elección de las preguntas, los resultados de quienes se han sometido a las pruebas ni detalles de la contratación de esa firma que aplica las pruebas.
Sindicatos policiales han solicitado se revele la identidad de los siete jefes policiales destituidos y al mismo tiempo cuestionan la validez de los resultados de la prueba de polígrafo como evidencia supuesta de que mienten en alguno de los aspectos consultados.
UNIVERSIDAD recibió una lista de funcionarios que supuestamente habrían reprobado la prueba y que perdieron sus puestos, pero no ha sido posible corroborarla. Se trata de directores
Tampoco ha sido posible obtener confirmación de que la prueba haya sido superada por el ministro de Seguridad, Gerald Campos, aunque Fernández reportó que sí lo hicieron el jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez, y el director de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Arnaldo Villarreal, que se suman al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar y el director de Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi. Mientras el director del OIJ, Michael Soto, se sometió a la prueba por su propia voluntad y la pasó también, dijo.
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