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Mario Bermúdez Vives
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La llegada de un nuevo Gobierno suele traducirse en una revisión de la agenda legislativa, que se reajusta a partir de las prioridades de la nueva administración y de los propios diputados, aún en los casos en los que en Zapote repite el partido en el poder.
Sin embargo, la llegada de los diputados del período 2026-2030 tiene particularidades adicionales: aunque la gestión de Laura Fernández ha reiterado varias de las prioridades que impulsó la administración de Rodrigo Chaves, se trata de iniciativas que se mostraban estancadas, y que deberán recalibrarse con los nuevos equilibrios, en el que el oficialismo pasa de una bancada inicial de diez curules, a una mayoría simple de 31 diputados.
No obstante, eso no debe interpretarse como borrón y cuenta nueva: en varios de estos temas, la aspiración del Ejecutivo requerirá de mayoría calificada (38 votos), como lo es el caso de la venta del Banco de Costa Rica o los nombramientos de magistrados suplentes, a los que el oficialismo da largas, a la espera de la renovación de las curules.
Otros temas, como las jornadas de doce horas o la minería en Crucitas, enfrentan el desafío de superar los estancamientos por mociones. Aquí el control de la Presidencia legislativa, virtualmente amarrada para la diputada Yara Jiménez, concederá una nueva ventaja, pero no permitirá saltarse votaciones que han atrasado el trámite de iniciativas. Y en el caso de los diputados entrantes, habrá que medir la forma en que están dispuestos a jornadas largas para votar mociones… o entrar en un terreno desconocido para el chavismo, sentarse a negociar con la oposición.
Debe recordarse que a pesar de la nueva mayoría en el Congreso para el oficialismo, también los desafíos son mayores: en el plan de Gobierno de Laura Fernández, de 575 acciones prometidas, en 116 se planteaba una reforma legal, un 20%. Esto quiere decir que una de cada cinco acciones de la próxima Mandataria se relacionan con decisiones que se deberán concretar en la Asamblea Legislativa. Más allá de las votaciones, implica casos en los que se requieren 38 votos, particularmente en el manejo de la agenda legislativa.
En todo caso, el inicio de la nueva administración y los nuevos equilibrios legislativos obligaría, de entrada, a replantear varios temas que se vislumbran como prioridades para las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Legislativo:
Proyecto 24.290, Jornadas laborales de doce horas: El proyecto para las jornadas laborales 4 X 3 tiene una vía rápida aprobada, lo que implica que mientras esté convocado, acapara la agenda del Plenario. De las 2.564 mociones originales (5.128 considerando las revisiones) faltan por votarse, sin el uso de la palabra, 4.270 (es decir, 83,2% del total).
Con los ritmos de votaciones de la actual Asamblea, eso implica de 9 a 21 meses (según las semanas de más a menos votaciones), y con una carga adicional: la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) expresó desde enero que, luego de la aprobación de 14 mociones impulsadas por la oposición -de la 859 a la 872-, consideran que el proyecto es “inviable”. Es decir, se requeriría de una larga disciplina para avanzar con una reforma que no convence al principal interesado, lo que obligaría a nuevos ajustes.
Proyecto 24.717, autorización de minería a cielo abierto en Crucitas: el expediente recibió 155 mociones en el primer día para presentar enmiendas, las cuales ya fueron votadas. Sin embargo, se requiere iniciar el trámite de segundo día para volver a recibir enmiendas, para lo cual no ha habido acuerdo. Ello implica que se le podrían presentar nuevamente mociones.
La presidenta electa Laura Fernández incluyó este tema en la agenda de consenso que solicitó a los actuales diputados aprobar antes del cambio en la Asamblea Legislativa, y fue el principal escollo en sus primeras negociaciones como futura jerarca.
Elección de magistrados suplentes: Los diputados solo han podido elegir dos de los cinco magistrados suplentes para la Sala Tercera (expediente 25.180). y los nueve de la Sala Constitucional (expediente 25.258), luego de diez y seis rondas de votación, respectivamente.
El oficialismo se empeñó en postergar las definiciones para esperar a la renovación de curules, lo que aumentará notoriamente su influencia (pasa de 12 votos, entre bancada oficialista y los “independientes” que se le han plegado), a 31 votos, con lo que solo quedará a 7 de los 38 necesarios para el nombramiento). Sin embargo, aun así requerirá de algún nivel de acuerdo con el PLN o el FA. En todo caso, será el primer paso de algo que es una de las prioridades del chavismo: incidir en la integración de las diferentes Salas de la Corte.
Resurrección de iniciativa Jaguar: Los proyectos 24.364 y 24.467 en los que el presidente Rodrigo Chaves plasmó la iniciativa Jaguar, como intentos de reformar la contratación pública y reducir la fiscalización de la Contraloría -que trató de vender como evitar que la Contraloría coadministrara- naufragaron en la Sala Constitucional, pero el diputado electo José Manuel Quesada mencionó esta materia entre los temas sobre los que se requiere “legislación importante”.
Estas iniciativas no lograron avanzar en la Asamblea, por lo que el Gobierno intentó impulsarlas por la vía de referendo. Sin embargo, aunque ahora el oficialismo tendrá mayoría simple en el Plenario, deberá tomar en cuenta que la esencia de varias de sus reformas -eliminar potestades de la Contraloría- ya fueron declaradas inconstitucionales por la Sala IV.
Reforma del Estado: El Gobierno inició con varias propuestas de reforma del Estado, para las que presentó diferentes expedientes, con el fin de concentrar competencias y manejo de fondos en ministros (presentó proyectos en transporte, ambiente, agricultura, vivienda y manejo de fondos sociales, además de eliminar órganos con desconcentración en el Ministerio de Salud, Cultura, Educación y Hacienda). Estas propuestas no lograron el respaldo esperado por Zapote, y la comisión de Reforma del Estado fue perdiendo espacios en las prioridades del Ejecutivo.
Además, se insistió en la venta del Banco de Costa Rica, una propuesta que se presentó en tres ocasiones durante la actual administración, sin lograr ningún nivel de avance. Esto podría replantearse en un entorno diferente, con mayoría del oficialismo; sin embargo, se requeriría de una ley especial, con 38 votos, para concretar esta acción.
La entrada Próxima Asamblea recibirá herencia caliente, que será recalibrada con nueva integración de bancadas aparece primero en Semanario Universidad.
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