Prensa Libre
New member
DIÁLOGO
Por qué el 2026 será decisivo para el Estado de derecho y la institucionalidad en Guatemala
En 2026 se renovarán instituciones clave del Estado. En entrevista con Marielos Fuentes, se analizan cómo las decisiones que se tomen marcarán la democracia, la justicia y la confianza ciudadana en los próximos años.
Belinda S. Martínez
11 de enero de 2026
|
06:00h
Compartir en Facebook
Compartir en X
Compartir en LinkedIn
Compartir en WhatsApp
Copiar enlace
Guardar artículo
Las elecciones de segundo grado de 2026 definirán la estabilidad democrática y la credibilidad de las instituciones en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
En el transcurso de un solo año, confluyen varios procesos de renovación institucional cuyas decisiones tendrán consecuencias directas sobre la estabilidad democrática, la certeza jurídica y la credibilidad de las instituciones ante la ciudadanía.
En el 2026 se designará a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, quienes velarán por las elecciones generales del 2027 y del 2031. También deberá elegirse al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. A estos procesos se suma la elección de magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031, y, por último, la del contralor general de Cuentas.
Ante este escenario, Marielos Fuentes, directora ejecutiva en Guatemala Visible, advierte que las decisiones que se tomen en 2026 no solo definirán la integración de cargos clave, sino el rumbo del Estado de derecho y la confianza ciudadana en los próximos años.
LECTURAS RELACIONADAS
Presidente Bernardo Arévalo insta a la población a impedir nueva captura de instituciones clave para el país
¿Cuáles son los tres grandes temas en los que se concentrarían los diputados durante el 2026?
¿Por qué deberían importarles a los guatemaltecos las elecciones que se celebrarán en el 2026?
Porque son muchas las instancias que cambiarán durante el año y, aunque uno diga: ‘Yo no soy abogado, no tengo nada que ver con procesos de ley’, nuestro día a día es resultado del impacto que tiene la buena o mala elección de quienes serán nombrados próximamente.
El hecho de acercarnos cada vez más a un Estado de derecho en el que se cumpla la ley y sepamos, como guatemaltecos, que podemos confiar 100% en nuestras instituciones, se deriva de la elección de las personas que ocuparán estos diferentes cargos. Eso impacta directamente en nuestra vida.
Todo lo que hacemos se rige por las leyes del país, y quienes las hacen cumplir serán las personas que resulten electas.
Desde su análisis, ¿hacia dónde se dirige la institucionalidad del país a raíz de estas elecciones?
Yo lo veo con un aire de esperanza. Nosotros trabajamos mucho en el fortalecimiento de las instituciones y confiamos, además, en fortalecer a los ciudadanos como actores activos.
Creo que este momento es crucial para que el rumbo del Estado de derecho en Guatemala se afiance y logremos tener magistraturas independientes.
Las primeras son las del Tribunal Supremo Electoral y luego, por supuesto, está quien dirija el Ministerio Público, que tiene la enorme responsabilidad de velar, ante todo, por el cumplimiento de la Constitución y de dar seguimiento a todas las denuncias que se presenten ante esa institución, ya sean por delitos comunes u otros. Es una gran responsabilidad.
También está el contralor general de Cuentas de la Nación, quien, además, es la única persona que puede pedir cuentas, por ejemplo, a entidades autónomas como la Universidad de San Carlos. La Contraloría debería estar muy fortalecida para poder asumir este proceso electoral con una institución capaz de tener, por ejemplo, un criterio uniforme para otorgar los finiquitos a quienes deseen optar a cargos públicos.
Lo mismo aplica para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes deben actuar con imparcialidad, para que sepamos cuáles serán las reglas y que estas sean claras.
La relevancia de estas elecciones es que nos devuelven, aunque sea poco a poco, parte de la institucionalidad del país. Con ello damos ese primer paso hacia una mejor elección general, en la que los guatemaltecos podamos confiar en quiénes serán los candidatos a alcaldes, diputados y a la presidencia de la república.
“Este momento es crucial para que el rumbo del Estado de derecho en Guatemala se afiance y logremos tener magistraturas independientes”
-Marielos Fuentes
¿Qué repercusiones puede tener en las políticas guatemaltecas unas buenas o malas elecciones?
Las repercusiones son altísimas, especialmente en el fortalecimiento de las instituciones. El Tribunal Supremo Electoral está muy debilitado y necesita, con urgencia, buenos perfiles con liderazgo, que ejerzan la supremacía que su función exige. Debería ser una institución noble, como lo ha sido, y garantizar a los guatemaltecos la certeza de que su voto será respetado.
El Tribunal es un eje fundamental de la democracia, porque organiza las elecciones. Si no hay buenos perfiles, se mantiene la debilidad institucional y se abre la puerta a la manipulación. Al final, somos los guatemaltecos quienes pagamos ese precio, con autoridades que no están a la altura, que fueron impuestas o que resultaron electas tras excluir a otros aspirantes. En muchos casos, no somos realmente quienes elegimos, porque durante el año previo se va depurando quién puede o no participar.
Los partidos políticos también se ven afectados cuando, dentro del Tribunal, los criterios no son uniformes y se favorece a unos sobre otros. Las sanciones deberían aplicarse de manera uniforme, pero no ha sido así. Todo esto repercute directamente en la ciudadanía, porque delegamos en esas autoridades el manejo del Estado, del presupuesto nacional y del quehacer público.
En el ámbito de la justicia, con la elección del Ministerio Público, los guatemaltecos necesitamos sentirnos seguros de que se respeta el debido proceso: que una acusación permita una defensa efectiva y que una denuncia sea investigada de manera eficiente. ¿Cuántas personas dicen: “No, no puse la denuncia porque no pasa nada”? Aunque ha habido avances, los desafíos siguen siendo enormes. La justicia se ve manipulada y presionada; jueces y magistrados han denunciado presiones en sus comunidades, y eso no debería ocurrir.
Todo debería funcionar como un reloj suizo, cuyo engranaje no tuviera ningún problema, y que nos dé, cada vez más, certeza de que vivimos en un país donde la ley se cumple.
[IMG alt="Eleccin para elegir representante titular y suplente del CANG para integrar la comisin de postulacin para el TSE 2026-2032.
Fotografa Esbin Garcia 05-01-26"]https://www.prensalibre.com/wp-cont...G-ELECCIONCANG013.jpg?quality=52&w=1024[/IMG]
Las decisiones que se tomen en 2026 impactarán directamente la vida cotidiana y el respeto al Estado de derecho. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
¿Percibe que hay grupos oscuros o de crimen organizado tratando de influir en estos procesos?
Percibimos que hay una serie de actores que siempre han estado presentes. Algunos son visibles y otros no, pero todos comparten un mismo interés: mantener el poder. Cuando ese poder se pierde, también se pierden espacios de influencia, y los lugares que quedan vacíos los ocupa alguien más. Por eso, hay mucho en juego.
En este tablero hay distintos jugadores a los que les interesa seguir teniendo poder y contar con autoridades afines para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, un político puede querer personas cercanas en el Tribunal Supremo Electoral, para tener control sobre cómo se desarrollan las elecciones generales. Pero no es el único caso: distintos actores de la sociedad guatemalteca, sean o no beneficiosos para el país, buscan mantener o aumentar su cuota de poder.
¿Cuáles son los mecanismos que tiene el sistema para evidenciarlos y eventualmente, anular su participación e influencia?
Es complicado, porque cuando se habla de crimen organizado no se trata de estructuras que lleven registros visibles o transparentes. Por su propia naturaleza, las actividades ilícitas ocurren a oscuras y no siempre es fácil evidenciar vínculos. En contraste, los partidos políticos y quienes han ejercido cargos públicos sí tienen una trayectoria visible, porque su gestión está a la vista de todos los guatemaltecos.
Ahora bien, hay casos en los que los vínculos sí son evidentes y de conocimiento público. Por ejemplo, personas que aspiran a estos cargos y que han tenido relación con organizaciones ilícitas o con el narcotráfico, incluso con condenas en Estados Unidos. Esos casos pueden identificarse con mayor claridad, aunque no son la mayoría.
Aun así, existe suficiente información para que las autoridades que integran las comisiones de postulación puedan formarse un criterio. Si hay dudas razonables sobre un aspirante y existen otros perfiles disponibles, lo lógico es inclinarse por quienes no tienen señalamientos, cuentan con una mejor trayectoria y una hoja de vida intachable. Se trata de elegir personas cuya carrera profesional hable por sí misma, que no hayan estado involucradas en escándalos, que tengan una vida recta y un ejercicio profesional digno.
“Si hay dudas razonables sobre un aspirante y existen otros perfiles disponibles, lo lógico es inclinarse por quienes no tienen señalamientos”
-Marielos Fuentes
Como ciudadano, ¿cómo me puedo involucrar más en estos procesos?
Informándose, pero también siendo conscientes de que se avecina una gran cantidad de noticias falsas, desinformación y campañas de desacreditación creadas deliberadamente para confundir a la ciudadanía sobre los perfiles de quienes se postulen. Por eso, es fundamental identificar bien las fuentes de información y no reenviar automáticamente todo lo que llega a los chats familiares, escolares o universitarios.
Vivimos sobrepasados por información y no siempre tenemos la capacidad de filtrarla. Antes de compartir algo, es importante saber quién lo envía y de dónde proviene. Con la inteligencia artificial, esto se ha vuelto aún más complejo, porque es fácil manipular contenidos, sacar frases de contexto o incluso crear videos en los que personas parecen decir cosas que nunca dijeron. Esto no solo ocurrirá en estos procesos, sino en todo el ciclo electoral.
Veremos una gran cantidad de contenido generado con inteligencia artificial circulando en redes sociales, lo que representa un desafío importante para distinguir qué es real y qué no. Por eso, es clave dar crédito a los medios tradicionales, que cuentan con procesos de verificación, y ser cautelosos con plataformas muy dinámicas y atractivas, pero que muchas veces carecen de profundidad.
Otra forma de involucrarse es participar. Muchas de estas sesiones son públicas. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, el proceso es distinto, porque no se rige por comisiones de postulación. Ahí, por ejemplo, el Ejecutivo —en Consejo de Ministros— nombra a su titular y suplente; el Congreso lo hace en sesión pública, que puede seguirse por su canal oficial; y, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, aún no se ha determinado si será una sesión pública.
En los procesos del Ministerio Público y del Tribunal Supremo Electoral, las sesiones sí deben ser públicas por ley. Estas serán transmitidas en vivo, lo que permite a la ciudadanía dar seguimiento al proceso.
¿Cuáles son los puntos clave para entender los procesos de elección que se llevarán a cabo en el 2026?
Lo primero que hay que entender es que ya se vivió un episodio en el que no se respetaron los plazos y en el que recursos legales impidieron que las comisiones de postulación concluyeran a tiempo, lo que nos dejó en un limbo jurídico que no debería repetirse. Por eso, es clave estar atentos a que se cumplan todas las fases y los tiempos establecidos.
Las comisiones de postulación inician con la definición de su cronograma, el perfil idóneo y las tablas de gradación. Estas últimas merecen especial atención, porque no deberían privilegiar únicamente los títulos académicos o la acumulación de doctorados, sino reflejar trayectorias profesionales honorables. Hay juristas con amplia experiencia y ejercicio intachable que, si se sometieran a ese tipo de tablas de gradación, obtendrían apenas 20 o 30 puntos.
En ese sentido, la ciudadanía puede trasladar inquietudes y observaciones a los rectores y a los integrantes de las comisiones.
Los días de votación también son fundamentales. Es importante saber quién votó, cómo lo hizo y de qué manera, ya que se trata de información pública. Los integrantes de las comisiones deben entender que tienen en sus manos una oportunidad clave para generar un cambio, especialmente en la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, colocando perfiles que no respondan a partidos políticos, que no actúen con sesgos ideológicos y que prioricen la democracia, el Estado de derecho y las libertades.
En el caso de la elección del fiscal general, aunque la comisión solo elabora una nómina y la decisión final corresponde al presidente de la República, lo relevante es que esa nómina esté integrada por perfiles tan sólidos que cualquiera de los seleccionados garantice un buen desempeño. El mismo criterio aplica para la nominación del contralor general de Cuentas.
Sigue leyendo...