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Marcela Rojas Hidalgo
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Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios expresaron este martes su preocupación por el plan de acción del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) para el proyecto de ampliación de la carretera San José-San Ramón (Ruta 1).
Los congresistas destacaron una falta de claridad y especificidad alrededor del presupuesto para realizar las expropiaciones necesarias para la ejecución del proyecto, así como la metodología elegida para trabajar que, según el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, no se ve en otros países.
Marlon Navarro, ministro de Planificación; Francisco Tula, gerente del Área de Inversiones Públicas del Ministerio, y Johanna Salas, también titular de esta área, acudieron a esta comisión para referirse al proyecto de ley de financiamiento de $770 millones para la ampliación y mejoramiento del Corredor Vial San José-San Ramón (expediente 25.183).
En la presentación inicial del ministro, se explicó que, para el desarrollo del proyecto, los 55,63 kilómetros de la ruta se dividieron en siete tramos. Navarro también solicitó el apoyo continuo a proyectos como la Ley general de adquisición de terrenos y expropiaciones (24.669), ya que la considera fundamental para el avance de proyectos de gran envergadura como el que se estaba discutiendo.
La preocupación surgió de varias partes. El diputado José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), expresó su escepticismo respecto a que el proyecto de ley de expropiaciones solucionara algo. “Lo que agiliza las expropiaciones es la coordinación y que estén los recursos disponibles en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)”, afirmó.
En total, el Estado tendría que adquirir 503 propiedades para llevar a cabo el proyecto. Navarro explicó que ya poseen un porcentaje muy alto (61%) de estas propiedades, superando el mínimo requerido para comenzar. Por ello, cree que podrían empezar a trabajar y gradualmente ir avanzando con las demás adquisiciones.
Por su parte, el liberal progresista, Eliecer Feinzaig, criticó que se desconozca el porcentaje exacto de predios pendientes de expropiación en el tramo 1 (aproximadamente 3 kilómetros entre La Sabana y Repretel). Dada la magnitud del proyecto, según Feinzaig, esto podría suponer que, una vez iniciada la construcción, haya intervalos en los que aún no se pueda empezar a trabajar, lo que comprometerá y reducirá la calidad del proceso.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios y diputada liberacionista, Paulina Ramírez, también tomó la palabra para cuestionar la falta de concreción en el informe presentado por el Mideplan, al señalar que debería haber una solicitud explícita al Ministerio de Hacienda y al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para que los recursos para las expropiaciones “estén incluidos en algún presupuesto”.
Según informó UNIVERSIDAD, la obra de ampliación y mejoramiento, además de tener un costo de $770 millones y constar de 55,63 kilómetros del corredor, cuenta con obras complementarias que incluyen 16 intercambiadores, 20 puentes peatonales, 8 estaciones de peaje y 110 bahías de buses.
De acuerdo con la presidenta de la comisión, se espera la aprobación del proyecto de ley de financiamiento para principios de marzo.
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