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Mauricio Diaz
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El retorno al país de los exministros María Elva Pinckert, Yerko Núñez y Víctor Hugo Zamora —del gobierno de Jeanine Áñez, 2019-2020— y del exalcalde Luis Revilla está acompañado de procesos judiciales abiertos en su contra, lo que reactiva un debate sobre la Justicia.
Pinckert, quien se quedó refugiada en Brasil tras declararse en clandestinidad, volvió al país el 15 de noviembre de este año, tras cuatro años y medio de su autoexilio. Sobre ella pesa una orden de aprehensión emitida en 2021 por no presentarse a declarar ante la Fiscalía, por presuntas designaciones ilegales durante su gestión.
Núñez, por su parte, también figura entre los exministros buscados en investigaciones pendientes ligadas a la crisis política de 2019.
Por su parte, Revilla enfrenta procedimientos judiciales por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos bancarios sospechosos —depósitos y retiros por montos elevados entre 2019 y 2022—, que no concuerdan con su perfil económico.
En octubre de 2021 se conoció una denuncia contra el exalcalde por presunto daño económico a la ciudad de La Paz por la compra de 61 buses PumaKatari, que supera los Bs 26,7 millones. La acusación fue presentada por el exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve) Jesús Vera.
A este proceso se sumó el actual alcalde de La Paz, Iván Arias.
En tanto, Zamora, otrora ministro de Hidrocarburos, regresó al país tras haber permanecido fuera desde fines de 2020, cuando salió en medio de investigaciones abiertas en su contra.
Enfrenta procesos por presunto uso indebido de influencias, conducta antieconómica y favorecimiento a terceros, vinculados a contrataciones observadas en YPFB durante su gestión. Su retorno a Tarija reactivó la atención sobre estos casos, que estaban en etapa preliminar debido a su ausencia.
El exministro afirmó que vuelve para “dar la cara”, demostrar su inocencia y someterse a la justicia, mientras su defensa sostiene que las acusaciones responden a motivaciones políticas surgidas tras el cambio de gobierno. La Fiscalía, entretanto, anunció que retomará las actuaciones pendientes para restablecer su situación jurídica y definir si corresponde imputación formal.
Al llegar al país, las exautoridades autoexiliadas declararon que retornan para enfrentar las investigaciones y defender su inocencia. Sostuvieron que los procesos en su contra son parte de lo que califican como “persecución política”. Y anunciaron que exigirán un juicio justo, con respeto a sus derechos.
La Fiscalía ya confirmó que los casos seguirán su curso, aunque precisó que antes debe restablecerse la situación jurídica de cada implicado. Las denuncias incluyen irregularidades administrativas, supuesto uso indebido de influencias y movimientos económicos no justificados.
El retorno de Pinckert, Núñez, Zamora y Revilla reaviva la polémica sobre los procesos abiertos tras la crisis de 2019 y 2020. Además, intensifica la presión sobre el sistema judicial. Mientras algunos sectores exigen justicia pronta y efectiva, otros advierten sobre posibles clientelismos o motivaciones políticas.
El curso de estas causas determinará no solo el futuro jurídico de los señalados, También, la credibilidad del sistema de justicia frente a denuncias de supuesta corrupción y presuntos privilegios.
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Pinckert, quien se quedó refugiada en Brasil tras declararse en clandestinidad, volvió al país el 15 de noviembre de este año, tras cuatro años y medio de su autoexilio. Sobre ella pesa una orden de aprehensión emitida en 2021 por no presentarse a declarar ante la Fiscalía, por presuntas designaciones ilegales durante su gestión.
Exautoridades
Núñez, por su parte, también figura entre los exministros buscados en investigaciones pendientes ligadas a la crisis política de 2019.
Por su parte, Revilla enfrenta procedimientos judiciales por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) detectó movimientos bancarios sospechosos —depósitos y retiros por montos elevados entre 2019 y 2022—, que no concuerdan con su perfil económico.
En octubre de 2021 se conoció una denuncia contra el exalcalde por presunto daño económico a la ciudad de La Paz por la compra de 61 buses PumaKatari, que supera los Bs 26,7 millones. La acusación fue presentada por el exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve) Jesús Vera.
Regreso a Bolivia
A este proceso se sumó el actual alcalde de La Paz, Iván Arias.
En tanto, Zamora, otrora ministro de Hidrocarburos, regresó al país tras haber permanecido fuera desde fines de 2020, cuando salió en medio de investigaciones abiertas en su contra.
Enfrenta procesos por presunto uso indebido de influencias, conducta antieconómica y favorecimiento a terceros, vinculados a contrataciones observadas en YPFB durante su gestión. Su retorno a Tarija reactivó la atención sobre estos casos, que estaban en etapa preliminar debido a su ausencia.
Procesos
El exministro afirmó que vuelve para “dar la cara”, demostrar su inocencia y someterse a la justicia, mientras su defensa sostiene que las acusaciones responden a motivaciones políticas surgidas tras el cambio de gobierno. La Fiscalía, entretanto, anunció que retomará las actuaciones pendientes para restablecer su situación jurídica y definir si corresponde imputación formal.
Al llegar al país, las exautoridades autoexiliadas declararon que retornan para enfrentar las investigaciones y defender su inocencia. Sostuvieron que los procesos en su contra son parte de lo que califican como “persecución política”. Y anunciaron que exigirán un juicio justo, con respeto a sus derechos.
Investigaciones
La Fiscalía ya confirmó que los casos seguirán su curso, aunque precisó que antes debe restablecerse la situación jurídica de cada implicado. Las denuncias incluyen irregularidades administrativas, supuesto uso indebido de influencias y movimientos económicos no justificados.
El retorno de Pinckert, Núñez, Zamora y Revilla reaviva la polémica sobre los procesos abiertos tras la crisis de 2019 y 2020. Además, intensifica la presión sobre el sistema judicial. Mientras algunos sectores exigen justicia pronta y efectiva, otros advierten sobre posibles clientelismos o motivaciones políticas.
El curso de estas causas determinará no solo el futuro jurídico de los señalados, También, la credibilidad del sistema de justicia frente a denuncias de supuesta corrupción y presuntos privilegios.
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