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Fabiola Pomareda García
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La cantidad de personas movilizadas mediante el transporte público se redujo en un 42.2% entre el 2018 y el 2025, de acuerdo con el Programa Estado de la Nación, y parte de esta población se desplaza ahora en vehículos particulares, ya sean propios o mediante servicios de plataformas, ya que la cantidad de automóviles creció en un 62.1% entre 2013 y 2025.
El dato fue destacado esta mañana por el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía, de la Universidad Nacional (UNA).
Fernando Rodríguez Garro, economista, investigador del Observatorio y ex viceministro de Hacienda, refirió cómo después de la crisis internacional de 2008-2009, la movilidad en el país se orientó cada vez más hacia el uso de vehículos particulares.
El número de automóviles creció en un 62.1%, pasando de 775.433 unidades en 2013 a 1.257.349 en 2025. En el mismo periodo, las motocicletas aumentaron un 122,77%, al pasar de 206.833 a 460.864 unidades.
El uso cada vez más intensivo de los vehículos particulares para los desplazamientos diarios, así como el crecimiento de las plataformas digitales de transporte como sustituto del transporte colectivo, han contribuido al aumento de la congestión vehicular que enfrenta el país, la cual continúa agravándose año tras año, resaltó el Observatorio.
Un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2022 ubicó a Costa Rica en la posición 144 a nivel mundial en movilidad por carretera, con una velocidad promedio de desplazamiento de apenas 55 kilómetros por hora.
Conforme la congestión vehicular se agrava, aumentan los costos asociados a este problema aumentando el consumo de combustibles, la contaminación del aire, la accidentabilidad en las vías nacionales y los niveles de estrés asociados a los largos tiempos de traslado, resaltó Rodríguez.
Abandono de rutas de bus se aceleró entre 2024 y 2025
De forma paralela, la demanda del servicio de autobuses se redujo y se vio particularmente afectada por la pandemia, de la cual aún no se recupera, señaló Rodríguez.
Entre 2018 y 2025, la cantidad de personas movilizadas en transporte público se redujo en un 42,2%, según el Informe del Estado de la Nación 2025. Y parte de esta población se desplaza ahora en vehículos particulares, ya sean propios o mediante servicios de plataformas.
Al cierre de 2025, alrededor de 109 líneas de autobús quedaron en abandono, según datos de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans). Se trata principalmente de empresas pequeñas (con cinco unidades o menos). Asimismo, cerca del 90% de las rutas abandonadas se ubican en zonas rurales, siendo sus pobladores los más afectados.
Rodríguez explicó que este proceso de abandono de rutas de bus se aceleró de forma notable entre 2024 y 2025, debido principalmente a la inviabilidad económica porque las empresas de autobuses señalan que las tarifas vigentes no les permiten cubrir los costos operativos, principalmente debido a la caída en la demanda; a la competencia informal por el auge de servicios ilegales de transporte, como buses privados no autorizados, “colectivos” y el mayor uso de plataformas digitales de transporte; y a la necesidad de renovación de la flota de buses por el cumplimiento del límite de antigüedad de las unidades, sin que muchos operadores cuenten con la capacidad financiera para renovarlas.
Desafío para Gobierno de Laura Fernández
Uno de los desafíos que mencionó el Observatorio para la administración de Laura Fernández es modernizar el sistema de transporte público para mejorar la cobertura, la calidad del servicio y los tiempos de traslado, con el fin de reducir desigualdades territoriales y disminuir la congestión vehicular.
Entre las acciones clave que se plantearon están modernizar el sistema nacional de transporte público, mediante rutas coordinadas y planificación basada en datos, de manera que funcione de forma integrada con otros medios de transporte colectivo y permita recuperar la demanda de pasajeros perdida en los últimos años.
En este sentido es clave promover la intermodalidad y la movilidad activa, integrando el transporte público con ciclovías, aceras seguras, terminales de autobuses en centros urbanos y una planificación urbana orientada al transporte.
Otra acción es renovar la flotilla de buses promoviendo la transición hacia tecnologías limpias, creando condiciones para migrar hacia unidades eléctricas o de bajas emisiones.
También se insistió en establecer un subsidio general al transporte público, que beneficie a los usuarios del sistema y contribuya a aumentar su uso, complementado con mecanismos de apoyo específicos para poblaciones vulnerables, estudiantes y personas adultas mayores, financiados mediante recursos públicos.
Asimismo, una acción a tomar es fortalecer la gobernanza y regulación del sector, mejorando la supervisión, los estándares de calidad del servicio y los mecanismos de evaluación del desempeño de los operadores.
Finalmente, es imperativo avanzar en la concreción del proyecto del tren eléctrico metropolitano y en la definición del financiamiento que se discute en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que este sistema se convierta en la columna vertebral de la movilidad en la Gran Área Metropolitana (GAM), resaltó el Observatorio.
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