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Adrián Z. Rivero
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Las personas con menos recursos, sin capacidad para llevar a una entidad bancaria ante los tribunales, serían las más beneficiadas con la aprobación del proyecto de ley que busca que las entidades financieras respondan ante fraudes electrónicos.
Así lo explicó la abogada Adriana Rojas, directora de la Asociación Pro Defensa al Consumidor (Aprodeco), quien manifestó que la “mayor ventaja” que tiene la iniciativa es que obliga a los bancos a indemnizar a las víctimas en la vía administrativa, por medio de sus contralorías de servicios, cuando ellas presentan el reclamo.
“¿Qué va a generar? La indemnización o devolución del dinero perdido en el trámite administrativo interno de la misma entidad financiera, sin necesidad de acudir a abogados y peritos y jueces y procesos largos de cinco años”, comentó la experta en consumo financiero.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.908, fue aprobada en primer debate el pasado miércoles por la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa y el miércoles de esta semana se someterá al segundo debate, que deberá superar para convertirse en ley.
Rojas explicó que, actualmente, a muchas de las víctimas solo les queda la opción de acudir a la vía judicial cuando son estafadas, sin embargo, muchas veces no cuentan con el dinero para pagar un proceso de estos, cuyo costo mínimo es de alrededor de ₡3 millones.
“En este momento, si una persona pierde ₡250 mil o ₡700 mil no tiene ninguna oportunidad de recuperar el dinero, pero ahora, si se logra aprobar la ley en segundo debate, entonces los consumidores van a tener justicia pronta y cumplida en la vía administrativa sin necesidad de peritos y abogados”, dijo la directora de Aprodeco.
La abogada resaltó que los delincuentes “estafan a ricos y a pobres sin piedad alguna”, pero son quienes tienen menos recursos los que menos opciones ven de tener de vuelta el dinero perdido: “No todos los casos son de muchos millones de colones; es ahí en donde ellos no tienen justicia”, agregó.
La especialista dijo que sí se logra la aprobación de la ley entonces habría “un antes y un después en la historia del consumidor financiero”, que incluso podría llegar a cambiar el panorama de los seguros que actualmente pagan los clientes bancarios:
“Si queda aprobado como está, el seguro sería más de interés del banco que del consumidor. El banco tendría más interés en un seguro de responsabilidad civil porque lo obligan a indemnizar al consumidor. Entonces se cambiarían las condiciones que tenemos hoy. Hoy en día estamos pagando seguros. El tema de los seguros yo siempre lo he recomendado porque hemos tenido un estado de indefensión por años, sin embargo, si se aprueba la ley, hay que analizar con mayor profundidad el tema de los seguros, la conveniencia o no”, subrayó la abogada.
El proyecto establece un plazo de 30 días naturales para que las víctimas presenten sus reclamos, los cuales deberán ser atendidos por las entidades financieras en un periodo igual, con la posibilidad de una única prórroga de 10 días hábiles.
La iniciativa marca una serie de excepciones que permitirían a las entidades financieras rechazar los reclamos, como cuando se trate de un autofrade, cuando haya existido dolo (conducta deliberada de una persona orientada a cometer un acto ilícito, con pleno conocimiento de su ilegalidad) y cuando la transferencia sea entre cuentas del mismo titular de la cuenta.
Víctimas lo ven como un “paso importantísimo”
Para Carmen Rojas Guzmán, fundadora del Movimiento Gente Estafada en los Bancos en Costa Rica e impulsora del proyecto de ley, la aprobación en primer debate fue un “paso importantísimo” no solo para los consumidores financieros, sino para Costa Rica en general:
“El país encuentra un instrumento para enfrentar las estafas para obligar a los bancos a que blinden sus sistemas de seguridad y que, con eso, la cantidad de estafas vaya bajando”, aseguró.
Rojas Guzmán, quien en su momento fue víctima de una estafa electrónica, recordó que cualquiera podría llegar a ser afectado, pero que ahora, si se aprueba esta iniciativa, la ley aplicará a su favor.
“En Costa Rica, el aparato político ha estado dormido ante este tema. Los bancos con absoluta indiferencia, como si no fuera con ellos. La Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) también. La particularidad en Costa Rica es que tuvimos que ser las víctimas quienes nos organizamos y fundamos el movimiento, comenzamos a llamar la atención sobre el tema”, añadió la afectada.
Bancos se oponen
En varios comunicados de prensa, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) manifestó su oposición al proyecto de ley, primero diciendo que “está muy lejos de resolver el problema real de crimen organizado” y luego reafirmando su rechazo contundente hacia la iniciativa.
“Es desbalanceado, genera inseguridad jurídica y no responde al combate estructural del crimen organizado detrás de las estafas electrónicas”, dijo la ABC, luego de que el Banco Nacional (BNCR), el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) presentaran su renuncia a esa organización gremial.
La asociación reiteró la necesidad de “de crear un marco legal para enfrentar este fenómeno delictivo, que afecta tanto a las personas usuarias como a las entidades financieras”, pero dijo que este debe “construirse sobre bases técnicas sólidas, garantizar un equilibrio adecuado de responsabilidades y concentrar sus esfuerzos en perseguir y sancionar a los verdaderos responsables del delito”.
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