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Maria Nuñez Chacón
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“…un policía mexicano nos cruzó por 80.000 pesos, nos tuvo en una casa supuestamente en Arizona, nos pidió más dinero y, por no tener, agredía a los niños. Pudimos escapar un día que el policía se fue, pero nos agarró la policía de Estados Unidos y nos deportaron a Guatemala. Ahí dijimos que sí éramos de ahí por miedo y no volver a ser deportados. Nos regresamos a El Salvador por los niños, que quedaron traumatizados”. Este es el relato de una familia salvadoreña que fue víctima de secuestro y deportada a Guatemala por Estados Unidos.
“…tú sabes la tristeza que tengo sin ver a la hija mía que tiene dos añitos, el hijo mío tiene cuatro y todavía no ha ido a la escuela porque no me salió la oportunidad de comprarle unos zapatitos. Vine para conseguir y lo que llevo es desgracia… Puedo perder a mi familia por eso… (siento) un odio por eso, por el viaje…y me siento mal”. Alexander (seudónimo) es un hombre venezolano en migración inversa en Costa Rica.
Estos dos testimonios son solo una muestra de miles de casos de personas migrantes que enfrentaron persecución, criminalización, violación a sus derechos en procesos de detención, deportaciones, retorno forzado a sus países o flujo inverso y la inmovilidad o “estancamiento”, en el que Costa Rica no ha sido la excepción.
Sus historias son parte de un amplio informe regional desarrollado de manera conjunta entre la American Friends Service Committee (ASFC); Casa Violeta, en Guatemala; el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes en México; el Centro de Integración para Migrantes Trabajadores y Trabajadoras y el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador; y el Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica (SJM-CR).
Pone en papel una realidad que va más allá de los números y estadísticas migratorias, es un registro claro y contundente “de las graves consecuencias de políticas de crueldad” que diversos Estados, empezando por el Norte, de la región implementan como estrategias de seguridad nacional.
Papalote creado en el taller “Conoce tus derechos”, dirigido a infancias y realizado en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos. (Foto: AFSC. Cortesía)
Las prácticas se basan en impedir la llegada de las personas migrantes a los Estados Unidos, trasladar total o parcialmente los procedimientos de asilo a terceros países, y devolver o expulsarlo a territorios que no son su lugar de origen.
Según la investigación, el número de personas en retorno forzado ha aumentado y datos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, al 27 de octubre de 2025, reportan que más de 2 millones de personas extranjeras habían salido de este país; 527.000 por mecanismos de deportación, y 1,6 millones decidieron la “auto deportación” por las amenazas constantes de capturas y sanciones.
“Mostramos cómo esas políticas migratorias deshumanizan a las personas migrantes que han tenido que huir de sus países, afectados, entre otros, por conflictos sociopolíticos, guerras, genocidios, estados fallidos y desplazamientos, incluidos desplazamientos por razones climáticas”, aseguró Mavi Cruz, directora general del Centro de Derechos Humanos Fray Matías.
De la información recabada en 364 entrevistas a personas migrantes en diversos países de la ruta migratoria, las organizaciones confirmaron que las detenciones y deportaciones, así como los retornos forzados, destruyen el arraigo y la estabilidad que personas y familias han construido por años en países como Estados Unidos.
De estos, el 23% de las personas entrevistadas que procedían de Estados Unidos habían vivido en dicho país por más de 6 años y un 34%, por más de una década, todas estas personas tenían familias, empleos estables y lazos fuertes con sus comunidades y precisamente, la separación familiar fue una de las consecuencias de la deportación o del retorno forzoso.
También demuestra que prevalecen la crueldad y la tortura en los procesos de detención y deportación de personas migrantes, incluso las personas entrevistadas refirieron haber sufrido intimidaciones, amenazas, humillaciones, hacinamiento, falta de debido proceso, discriminación y racismo, violencia sexual y otras violencias basadas en género, y separaciones familiares, muchos de esos tratos, coinciden con la definición de tortura de las Naciones Unidas.
¿Qué muestra sobre Costa Rica?
De acuerdo con Adam Álvarez, director del Servicio Jesuita en Costa Rica, este informe evidencia para el territorio costarricense lo que la Sala Constitucional determinó en una resolución, en la que señaló que el Estado vulneró el derecho a la libertad de las personas expulsadas de Estados Unidos y que fueron traídas al país forzadamente y privadas de libertad sin base legal suficiente.
Fueron 200 personas que llegaron en 2025 desde Estados Unidos después de que el presidente Rodrigo Chaves dijera que “amor con amor de paga”, en referencia a complacer a Estados Unidos para que el gobierno de Donald Trump retribuyera en otros aspectos, como los aranceles comerciales, de los que el país finalmente no se salvó.
Por ejemplo, hubo personas que no tuvieron acceso a información adecuada en sus idiomas, no recibieron atención médica oportuna, sus documentos de viaje fueron retenidos y no contaron con las condiciones adecuadas para su estancia en el Catem-Sur, el cual se usó prácticamente como una cárcel, además, muchos fueron retornados, pese a sufrir persecución política en sus países.
Lejos de mejorar la situación
“Entre las recomendaciones más destacadas que se hace en el informe y que aplica para Costa Rica es que el país acepte recibir personas que han sido expulsadas de Estados Unidos tiene una serie de responsabilidades que adquiere con ellas, y no pueden desentenderse las autoridades costarricenses, las obligaciones de derechos humanos no terminan en la frontera”, añadió Álvarez.
Pese a las recomendaciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil a los países para que sus políticas migratorias contribuyan a regular las relaciones sociales, no a atacar, ni a violentar a las personas que se movilizan entre fronteras en busca de protección, el gobierno de Costa Rica anunció en marzo pasado un nuevo acuerdo con Estados Unidos para recibir nuevos migrantes deportados.
El convenio plantea que el país recibiría hasta 25 migrantes cada semana por un plazo que no quedó definido en el documento difundido por el gobierno y advierte que la cifra podrá variar.
Ante esta realidad latente, el director del Servicio Jesuita advirtió que la obligación del Estado costarricense es garantizar su acceso al asilo, darles protección internacional, que se haga evaluación justa de cada caso; que no puede convertirse en un trámite a discreción de las autoridades y respetar el principio de no devolución.
La entrada Persecución, criminalización, deportaciones y retornos forzados dejó el paso por Centroamérica y México para los migrantes aparece primero en Semanario Universidad.
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