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La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, planteó la tarde de este martes que el caso que involucra al Servicio Nacional de Salud (Senasa) es la “operación más grave de corrupción que ha presentado el Ministerio Público”.
La funcionaria judicial habló del tema a su salida de la audiencia de solicitud de medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva contra los imputados de corrupción administrativa en el seguro estatal.
La audiencia, realizada en el Segundo Tribunal Colegiado, se aplazó para el próximo jueves 11 de diciembre. El Ministerio Público pide contra los 10 imputados establecer de forma cautelar de 18 meses de prisión y declara el caso de corrupción administrativa como complejo.
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En sus declaraciones a los periodistas presentes en el lugar, Ortiz también señaló que en esta primera fase, son imputados personas físicas y jurídicas, entre los que hay empresarios y profesionales de la medicina.
Indicó que cuentan con un legajo de pruebas documentales y testimoniales que, según la representante del MP, probaran cada una de las acusaciones que presentan contra los implicados.
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Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público, la red operó entre el año 2020 y 2024. El mecanismo principal consistía en, presuntamente, adjudicar contratos millonarios con empresas vinculadas al sector salud a cambio de sobornos, y luego facturar servicios ficticios o inflados, muchas veces a pacientes inexistentes o por tratamientos inexistentes.
Hasta ahora, el órgano persecutor ha identificado diez personas como imputadas en este caso. Los señalados son:
Los cargos
Se les acusa de prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos y lavado de activos.
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Detalles confirmados sobre la audiencia y medidas cautelares
La funcionaria judicial habló del tema a su salida de la audiencia de solicitud de medida de coerción en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva contra los imputados de corrupción administrativa en el seguro estatal.
Sobre la medida de coerción
La audiencia, realizada en el Segundo Tribunal Colegiado, se aplazó para el próximo jueves 11 de diciembre. El Ministerio Público pide contra los 10 imputados establecer de forma cautelar de 18 meses de prisión y declara el caso de corrupción administrativa como complejo.
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Acerca de los señalados en el proceso
En sus declaraciones a los periodistas presentes en el lugar, Ortiz también señaló que en esta primera fase, son imputados personas físicas y jurídicas, entre los que hay empresarios y profesionales de la medicina.
¿Quiénes son los imputados y qué delitos se les atribuyen?
Indicó que cuentan con un legajo de pruebas documentales y testimoniales que, según la representante del MP, probaran cada una de las acusaciones que presentan contra los implicados.
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El caso Senasa
Según el expediente instrumentado por el Ministerio Público, la red operó entre el año 2020 y 2024. El mecanismo principal consistía en, presuntamente, adjudicar contratos millonarios con empresas vinculadas al sector salud a cambio de sobornos, y luego facturar servicios ficticios o inflados, muchas veces a pacientes inexistentes o por tratamientos inexistentes.
Hasta ahora, el órgano persecutor ha identificado diez personas como imputadas en este caso. Los señalados son:
- Santiago Marcelo F. Hazim Albainy — exdirector ejecutivo de Senasa (2020–2025).
- Gustavo Enrique Messina Cruz — exgerente financiero.
- Germán Rafael Robles Quiñones — exconsultor jurídico.
- Francisco Iván Minaya Pérez — exgerente de Servicios de Salud.
- Eduardo Read Estrella — médico y empresario.
- Cinty Acosta Sención — vinculada a empresa prestadora de salud.
- Ramón Alan Speakler Mateo — vinculado al Grupo Suilrod.
- Ada Ledesma Ubiera — vinculada a una farmacéutica y sector salud.
- Rafael Luis Martínez Hazim — también mencionado entre los imputados.
- Heidi Mariela Pineda Perdomo — figura entre los imputados en algunos listados presentados.
Los cargos
Se les acusa de prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos y lavado de activos.
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