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Mauricio Diaz
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Este lunes, cerca del mediodía, la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty fue trasladada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en el sur de La Paz, donde cumplirá una detención preventiva de cuatro meses.
El transporte de la acusada se hizo en medio de un operativo policial reforzado, para que se cumplan todos los protocolos de seguridad durante su ingreso al penal.
La medida cautelar fue dispuesta el pasado sábado por un juzgado de La Paz, en el marco de la investigación por un proyecto de tomates financiado por el ex Fondo Indígena.
La Fiscalía sostiene que los proyectos de tomate y hortalizas no se ejecutaron en su totalidad y que Patty recibió un total de Bs 700.000 en cuentas personales. Según el Ministerio Público, estos fondos debieron destinarse al desarrollo de los proyectos, por lo que se investiga un presunto uso indebido de recursos públicos.
El abogado defensor de Patty, Richard Cerca, calificó la medida como “ilegal” y señaló que los depósitos se realizaron en cuentas privadas debido a lo que establece la normativa vigente. Cerca enfatizó que se trata de un procedimiento que respeta la ley y negó que existiera intención de apropiación indebida de fondos.
El caso de Patty se complica con la apertura de una segunda investigación, conocida el viernes por la noche, relacionada con un proyecto de producción de miel que demandó una inversión superior a 650.000 bolivianos.
Sobre ese caso, la Fiscalía señaló que esta nueva pesquisa forma parte de la revisión de otros proyectos financiados por el Fondo Indígena durante la gestión de Patty como legisladora.
El ingreso de Patty a Obrajes marca un nuevo capítulo en el seguimiento de procesos judiciales vinculados al manejo de recursos del ex Fondo Indígena. Autoridades judiciales y policiales aseguraron que se garantizarán los derechos de la exdiputada, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles sanciones.
Patty fue protagonista del caso Golpe de Estado I, en el que acusó a la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el exdirigente cívico Marco Pumari de una serie de delitos antes de la renuncia del presidente Evo Morales en 2019.
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El transporte de la acusada se hizo en medio de un operativo policial reforzado, para que se cumplan todos los protocolos de seguridad durante su ingreso al penal.
La medida cautelar fue dispuesta el pasado sábado por un juzgado de La Paz, en el marco de la investigación por un proyecto de tomates financiado por el ex Fondo Indígena.
Lidia Patty
La Fiscalía sostiene que los proyectos de tomate y hortalizas no se ejecutaron en su totalidad y que Patty recibió un total de Bs 700.000 en cuentas personales. Según el Ministerio Público, estos fondos debieron destinarse al desarrollo de los proyectos, por lo que se investiga un presunto uso indebido de recursos públicos.
El abogado defensor de Patty, Richard Cerca, calificó la medida como “ilegal” y señaló que los depósitos se realizaron en cuentas privadas debido a lo que establece la normativa vigente. Cerca enfatizó que se trata de un procedimiento que respeta la ley y negó que existiera intención de apropiación indebida de fondos.
El caso de Patty se complica con la apertura de una segunda investigación, conocida el viernes por la noche, relacionada con un proyecto de producción de miel que demandó una inversión superior a 650.000 bolivianos.
Detención preventiva
Sobre ese caso, la Fiscalía señaló que esta nueva pesquisa forma parte de la revisión de otros proyectos financiados por el Fondo Indígena durante la gestión de Patty como legisladora.
El ingreso de Patty a Obrajes marca un nuevo capítulo en el seguimiento de procesos judiciales vinculados al manejo de recursos del ex Fondo Indígena. Autoridades judiciales y policiales aseguraron que se garantizarán los derechos de la exdiputada, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles sanciones.
Patty fue protagonista del caso Golpe de Estado I, en el que acusó a la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el exdirigente cívico Marco Pumari de una serie de delitos antes de la renuncia del presidente Evo Morales en 2019.
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