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Monserrat Cordero Parra
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Las 20 agrupaciones políticas que compiten por la presidencia de la República coinciden en que se debe invertir más dinero en infraestructura y conectividad educativa debido al rezago actual; no obstante, difieren en la gobernanza y evaluación del sistema educativo.
Así lo señala un análisis realizado por Rolando Barrantes y Pablo Chaverri del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad Nacional (Ineina-UNA)
Este estudio denominado Promesas y propuestas: análisis de la educación en los planes de gobierno 2026-2030, revisó los documentos publicados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y organizó las propuestas en siete ejes: equidad, acceso y bienestar; educación técnica y empleabilidad; infraestructura educativa; conectividad e innovación tecnológica; dignificación docente; inversión y gobernanza; y, por último, transformación curricular.
Específicamente, las agrupaciones coinciden en que se debe destinar un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, dotar de conectividad a los centros educativos, modernizar la malla curricular y atender las más de 800 órdenes sanitarias de centros educativos.
“El país tiene más de 800 órdenes sanitarias en centros educativos, altos niveles de interinazgo docente y rezago en lectura y escritura que requiere atención inmediata”, afirmó Barrantes.
Los planes incluyen también formación continua del personal docente, ampliación de becas, transporte estudiantil y comedores; fortalecimiento de la educación indígena y sistemas de alerta temprana para prevenir la exclusión educativa. También plantean ampliar la educación técnica y la educación dual, con incentivos para el sector productivo.
Ante el rezago que existe en el país sobre infraestructura, Barrantes resaltó la propuesta de la agrupación Unidos Podemos, la cual propone declarar emergencia nacional en infraestructura educativa y elaborar un inventario georreferenciado para priorizar riesgos y generar mantenimiento reactivo.
El análisis hecho por los investigadores señala que algunas propuestas plantean fortalecer las juntas de educación con acompañamiento técnico, mientras otras buscan transformar su rol a órganos contralores. También aparecen modelos de alianzas público-privadas para infraestructura y servicios, así como propuestas de nacionalización del sistema educativo.
En el material analizado también aparecen propuestas disruptivas como la educación en casa para secundaria, la concesión de servicios educativos, la eliminación de pruebas estandarizadas y la creación de modelos alternativos de evaluación. En materia curricular, los partidos plantean enfoques humanistas, prácticos, cívicos y críticos, con diferencias sobre educación sexual, valores y relación con el mercado laboral.
El investigador Chaverri destacó que la mayoría de partidos políticos enfatizan la conexión de la educación con la economía y el empleo, pero muy pocos lo hacen con la conexión integral del ser humano.
“Se habla poco o nada de la conexión de la educación y el mejoramiento de la salud de las personas; por ejemplo, tener una buena educación y mejorar la salud física y mental”, señaló Chaverri.
Asimismo resaltó la importancia de que la conexión sea más explícita entre las políticas que se eligen y la evidencia científica, al señalar que uno de los retos más importantes en política educativa, social y de desarrollo tiene que ver con la toma de decisiones basada en evidencia.
“Muchas veces los programas elaborados con buenas intenciones no logran los resultados esperados y también hay programas a los que no se les da importancia y obtienen resultados muy positivos”, finalizó el investigador.
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