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Ashley Quesada
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El asesor sindical de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Jeffry Hernández Rojas, declaró ante la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia este martes que presentó un recurso de amparo para conocer la información completa sobre la indagación que abrió el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) sobre la hija del excandidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos.
La investigación al excandidato inició el 17 de diciembre de 2025 luego de que circulara un video de la menor de edad en redes sociales, donde en un evento privado daba un discurso en contra de Rodrigo Chaves, donde llamó al presidente un dictador y pidió a los costarricenses “derrotar el mal”.
En la comisión, los diputados Francisco Nicolás y Johana Obando, cuestionaron la decisión del PANI de calificar el caso de la hija de Ramos como prioridad 1, a lo que el funcionario Hernández explicó:
“El modelo de gestión de procesos atencionales del PANI establece que una denuncia se clasifica como prioridad 1, altísimo riesgo, únicamente cuando existe una amenaza directa que implique riesgo inminente para la vida o la integridad de una persona menor de edad.”
Entre esas amenazas, según el funcionario, se encuentran casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual en curso, tentativa de homicidio, negligencia severa. Sin embargo, según el informe que la asesoría jurídica del PANI rindió ante la Sala Constitucional, la situación presentada el 17 de diciembre del 2025 contra el entonces excandidato presidencial Álvaro Ramos se originó por denuncias relacionadas con la participación de su hija menor de edad en una actividad política.
La presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, explicó en ese momento al diario La Nación que la actuación del patronato respondía a su deber de resguardar «derechos como la integridad, derecho a la imagen y por supuesto todo esto es del interés superior de la persona menor de edad».
En enero, el entonces candidato a diputado de Liberación Nacional por el primer lugar de San José, Álvaro Ramírez, aseguró que el PANI entrevistó durante dos horas a la hija de Ramos, tras la difusión del video.
Según agregó Hernandez, en el caso de Ramos no se describieron hechos asociados a violencia, abuso, negligencia severa o riesgo inminente para la integridad de su hija. Y tras la valoración técnica realizada por la oficina local correspondiente, el propio PANI archivó el caso el pasado 6 de enero.
Mientras tanto, según los datos que expuso Hernández sobre un oficio entregado por la presidencia del PANI, Garza expuso que para febrero de 2026 aún quedaban 327 denuncias de prioridad 1 del pasado año 2025.
Según comentó, estos casos de altísimo riesgo deben ser atendidos dentro de las primeras 24 horas después de que entre la denuncia.
Aquellos 327 casos sin atender dentro del periodo establecido se deben a un rezago que, según Hernández, responde a la sobrecarga laboral, pues de 59 oficinas locales a nivel nacional de la institución, aproximadamente el 80% se encuentra en ese estado, sin embargo, según continuó el funcionario, Garza rechazó que exista un rezago y, por el contrario, alegó un flujo activo de trabajo.
Para esclarecer el por qué de la categoría más alta con la que se calificó en el caso del excandidato, Hernández indicó este martes que realizó la consulta a la jerarca del PANI. Luego de no obtener una respuesta que explicara la situación, el asesor sindical presentó un recurso de amparo a la Sala Constitucional, la cuál le dio la razón.
“La presidencia ejecutiva me indica que es información confidencial, entonces en enero yo interpongo un recurso de amparo, la Sala (Constitucional o Sala IV) le da curso, la asesoría jurídica emite un informe y ahora ya se declaró con lugar.”
Según Hernández, luego del fallo de la Sala, queda a la espera de que se brinde el informe final donde se detallen los datos para conocer cuál es la oficina local, coordinadora o coordinador, profesional responsable y en dónde fue que se desarrolló la investigación preliminar.
La entrada PANI calificó como “prioridad 1” la investigación sobre hija de Álvaro Ramos tras participar en video político, mientras 327 casos de 2025 de ese nivel seguían rezagados a febrero de 2026 aparece primero en Semanario Universidad.
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