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Carlos E. González de la Lastra
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Panamá, por su posición geográfica única, no puede darse el lujo de improvisar en política exterior. La neutralidad que garantiza la estabilidad del país y la confianza internacional en el Canal es un activo estratégico que debe ser protegido mediante un manejo disciplinado, coherente y centralizado de las relaciones diplomáticas.
Por ello, preocupa profundamente que un grupo de diputados anuncie viajes a Taiwán sin la aprobación del Órgano Ejecutivo, que es el único responsable constitucional de conducir la política exterior. Este tipo de iniciativas envía al mundo un mensaje de desorden institucional y abre la puerta a que potencias globales interpreten que Panamá está tomando posición en conflictos ajenos que no nos benefician y que podrían afectar nuestra imagen de país neutral.
Panamá no tiene enemigos, y no debe crearlos por imprudencias internas. El país funciona porque el mundo confía en que somos un territorio estable, prudente y predecible. Romper esa percepción, aunque sea accidentalmente, pone en riesgo sectores vitales como la logística, el comercio, el sistema financiero y el tránsito por el Canal.
El problema se agrava porque la Asamblea Nacional vive uno de sus momentos de mayor desgaste y deslegitimación. Los ciudadanos cuestionan su credibilidad, su transparencia y la desconexión con el interés nacional. En este contexto, que ese mismo órgano del Estado intente desempeñar funciones diplomáticas solo profundiza la frustración ciudadana y alimenta la percepción de que actúa sin controles reales. No sería extraño que, más temprano que tarde, se produzca una reacción masiva contra este tipo de conductas.
La política exterior de Panamá no puede ser un premio ni una aventura. Es una herramienta esencial. La estabilidad del país, su competitividad económica y su posición geopolítica dependen de que mantengamos una diplomacia seria, profesional y cuidadosamente alineada con nuestros intereses permanentes.
Panamá debe hablar siempre con una sola voz. Nuestro futuro depende de ello.
El autor es exdirector de La Prensa
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Por ello, preocupa profundamente que un grupo de diputados anuncie viajes a Taiwán sin la aprobación del Órgano Ejecutivo, que es el único responsable constitucional de conducir la política exterior. Este tipo de iniciativas envía al mundo un mensaje de desorden institucional y abre la puerta a que potencias globales interpreten que Panamá está tomando posición en conflictos ajenos que no nos benefician y que podrían afectar nuestra imagen de país neutral.
Panamá no tiene enemigos, y no debe crearlos por imprudencias internas. El país funciona porque el mundo confía en que somos un territorio estable, prudente y predecible. Romper esa percepción, aunque sea accidentalmente, pone en riesgo sectores vitales como la logística, el comercio, el sistema financiero y el tránsito por el Canal.
El problema se agrava porque la Asamblea Nacional vive uno de sus momentos de mayor desgaste y deslegitimación. Los ciudadanos cuestionan su credibilidad, su transparencia y la desconexión con el interés nacional. En este contexto, que ese mismo órgano del Estado intente desempeñar funciones diplomáticas solo profundiza la frustración ciudadana y alimenta la percepción de que actúa sin controles reales. No sería extraño que, más temprano que tarde, se produzca una reacción masiva contra este tipo de conductas.
La política exterior de Panamá no puede ser un premio ni una aventura. Es una herramienta esencial. La estabilidad del país, su competitividad económica y su posición geopolítica dependen de que mantengamos una diplomacia seria, profesional y cuidadosamente alineada con nuestros intereses permanentes.
Panamá debe hablar siempre con una sola voz. Nuestro futuro depende de ello.
El autor es exdirector de La Prensa
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