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Orlando Silva
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Este lunes 8 de diciembre de 2025, organizaciones sociales y colectivos de derechos humanos presentaron una rueda de prensa para recordar el primer año de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Steven Medina Lajones, Josué Arroyo Bustos, Ismael Arroyo Bustos y Nehemías Arboleda Portocarrero, cuatro niños afrodescendientes de Las Malvinas, en Guayaquil.
La convocatoria estuvo a cargo de la Mesa de Solidaridad por los 4 de Las Malvinas, articulación integrada por Afroredh, Inredh, la Alianza por la Niñez y Adolescencia, entre otras organizaciones.
El 8 de diciembre de 2024, los cuatro adolescentes salieron de sus prácticas deportivas y, mientras transitaban por los alrededores del Mall del Sur, fueron detenidos de forma arbitraria por miembros de las Fuerzas Armadas.
Tras su traslado a la Base Aérea de Taura se perdió todo rastro de ellos. Desde entonces permanecieron desaparecidos.
Ese día, sus familias denunciaron la desaparición ante la Fiscalía, que no activó una respuesta inmediata y pidió a los padres “esperar”. Fue recién el 16 de diciembre, después de insistencias de los familiares y de organizaciones sociales, cuando se designó a un nuevo fiscal para el caso.
Durante las semanas siguientes, colectivos de derechos humanos acompañaron las gestiones de las familias y alertaron sobre irregularidades en las actuaciones estatales.
La búsqueda concluyó el 31 de diciembre de 2024, cuando se encontraron los restos calcinados de los cuatro niños en el recinto Casa de Zinc, luego de 22 días sin respuestas oficiales.
En la rueda de prensa realizada este lunes, Ingrid García Minda, coordinadora ejecutiva de Inredh, explicó que la organización identificó una sistematización de vulneraciones a derechos humanos atribuibles a las Fuerzas Armadas.
Mencionó que el Plan Fénix no ha sido auditado ni fiscalizado y que el Estado no ha transparentado sus resultados en materia de seguridad.
García sostuvo que el caso reúne los tres elementos que configuran la desaparición forzada: la privación de libertad, la ausencia de información por parte de las autoridades y la participación de agentes de las Fuerzas Armadas en los hechos.
Jorge León, vocero de la Alianza por la Niñez y Adolescencia, informó que se realizarán actividades conmemorativas en ciudades como Cuenca, Machala y Esmeraldas. Estas acciones forman parte de un proceso de movilización que busca mantener presente lo ocurrido y convocar a la ciudadanía a exigir justicia.
Las organizaciones que integran la Mesa de Solidaridad señalaron que este caso se desarrolla en un contexto de militarización, racismo estructural y uso abusivo de la fuerza pública que afecta de manera particular a jóvenes afrodescendientes y comunidades populares.
Piden transparencia total sobre lo ocurrido, sanción para los responsables y un compromiso del Estado para evitar nuevas vulneraciones.
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El caso Las Malvinas que marcó el 2024
La convocatoria estuvo a cargo de la Mesa de Solidaridad por los 4 de Las Malvinas, articulación integrada por Afroredh, Inredh, la Alianza por la Niñez y Adolescencia, entre otras organizaciones.
El 8 de diciembre de 2024, los cuatro adolescentes salieron de sus prácticas deportivas y, mientras transitaban por los alrededores del Mall del Sur, fueron detenidos de forma arbitraria por miembros de las Fuerzas Armadas.
Tras su traslado a la Base Aérea de Taura se perdió todo rastro de ellos. Desde entonces permanecieron desaparecidos.
Ese día, sus familias denunciaron la desaparición ante la Fiscalía, que no activó una respuesta inmediata y pidió a los padres “esperar”. Fue recién el 16 de diciembre, después de insistencias de los familiares y de organizaciones sociales, cuando se designó a un nuevo fiscal para el caso.
Durante las semanas siguientes, colectivos de derechos humanos acompañaron las gestiones de las familias y alertaron sobre irregularidades en las actuaciones estatales.
La búsqueda concluyó el 31 de diciembre de 2024, cuando se encontraron los restos calcinados de los cuatro niños en el recinto Casa de Zinc, luego de 22 días sin respuestas oficiales.
Señalamientos sobre el rol estatal por medio de las organizaciones sociales
En la rueda de prensa realizada este lunes, Ingrid García Minda, coordinadora ejecutiva de Inredh, explicó que la organización identificó una sistematización de vulneraciones a derechos humanos atribuibles a las Fuerzas Armadas.
Mencionó que el Plan Fénix no ha sido auditado ni fiscalizado y que el Estado no ha transparentado sus resultados en materia de seguridad.
García sostuvo que el caso reúne los tres elementos que configuran la desaparición forzada: la privación de libertad, la ausencia de información por parte de las autoridades y la participación de agentes de las Fuerzas Armadas en los hechos.
- Te puede interesar: Guayaquil marcha por un año sin los cuatro niños de Las Malvinas
Acciones de memoria y movilización
Jorge León, vocero de la Alianza por la Niñez y Adolescencia, informó que se realizarán actividades conmemorativas en ciudades como Cuenca, Machala y Esmeraldas. Estas acciones forman parte de un proceso de movilización que busca mantener presente lo ocurrido y convocar a la ciudadanía a exigir justicia.
Las organizaciones que integran la Mesa de Solidaridad señalaron que este caso se desarrolla en un contexto de militarización, racismo estructural y uso abusivo de la fuerza pública que afecta de manera particular a jóvenes afrodescendientes y comunidades populares.
Piden transparencia total sobre lo ocurrido, sanción para los responsables y un compromiso del Estado para evitar nuevas vulneraciones.
- Información relacionada: Caso Las Malvinas
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