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Vinicio Chacón Soto
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Con una fuerte denuncia contra “el preocupante aumento en el número de feminicidios y de la violencia de género en el país en los últimos cuatro años”, además de la “amenaza del modelo extractivista”, un grupo de once organizaciones ambientalistas exigen, entre otras cosas, “protección real para las mujeres defensoras: garantías de seguridad, fin a la criminalización y acceso a la justicia”.
Así se plantea mediante un comunicado difundido este miércoles, a propósito de la cercanía del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y firmado por el Bloque Verde, Defensores de la Casa Común, la Federación Ecologista (Fecon), Guanadefensoras, la Red de Mujeres Costeras y Rurales, Ecobichotas, Coecoceiba-amigos de la tierra Costa Rica, el Movimiento Ríos Vivos, Costa Rica por el Océano, Talamanca Siempre Verde y el Frente Ecologista Universitario (Fecou).
Ese documento de entrada denuncia que Costa Rica “no es el paraíso verde que venden los folletos turísticos. Detrás del discurso de sostenibilidad, nuestros territorios están bajo la amenaza del modelo extractivista que sigue avanzando y destruyendo la vida con la permisividad del gobierno de Rodrigo Chaves”.
Por ello, “en este Día Internacional de las Mujeres, alzamos la voz para denunciar esto, así como el preocupante aumento en el número de feminicidios y de la violencia de género en el país en los últimos cuatro años”.
“Somos las mujeres quienes estamos en la primera línea resistiendo, cargando con el peso de una defensa que el Estado debería garantizar pero que muchas veces criminaliza”, se apunta.
El Bloque Ecofeminista recordó a la activista María del Mar Cordero, quien murió en circunstancias más que sospechosas en diciembre de 1994 junto a los también activistas ecologistas Óscar Fallas Baldí y Jaime Bustamante Montaño. (Archivo)
Además esas organizaciones plantean que “las políticas del Estado que priorizan los intereses económicos nos obligan a luchar y resistir frente a diversas y complejas problemáticas”, entre las que se menciona la “minería no metálica mal regulada que está acabando con los ríos, agrovenenos al por mayor que envenenan el agua y el suelo, monocultivos depredadores que desplazan la vida”.
También se alertó sobre la “falta de recursos y apoyo estatal a las mujeres y organizaciones de mujeres en acciones pro naturaleza y empleos verdes, inexistente gestión integrada de residuos que convierte el mar y los ríos en vertederos, desfinanciamiento de las áreas silvestres protegidas que compromete su conservación, desprotección de las comunidades indígenas y represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades”.
Así, se planteó puntualmente que “la amenaza de la minería a cielo abierto no es cosa del pasado”, pues “la lucha en Crucitas sigue vigente mientras haya empresas esperando su oportunidad y suelos fértiles en riesgo”.
De manera específica se reclama que “la presión sobre la vida de las mujeres se siente también en el litoral, donde los planes reguladores o las voluntades políticas que se ajustan para facilitar el desarrollo turístico en realidad abren la puerta a la especulación inmobiliaria, a la gentrificación y al ecocidio”.
Una preocupación importante tiene que ver con el narcotráfico, que “ha profundizado la violencia en nuestros territorios, trayendo consigo inseguridad, control armado y miedo”.
“Las mujeres que vivimos en zonas costeras sabemos que cuando el narco llega, se llevan la paz, se llevan a nuestros jóvenes y nos dejan más vulnerables. Y cuando denunciamos, cuando nos oponemos, la represalia llega más rápido. El narco no sólo trafica con drogas, también trafica con nuestras vidas”, se apunta.
También se menciona el caso de las mujeres de pueblos originarios y las recuperadoras de tierras ancestrales, quienes “sostienen la defensa del territorio con su cuerpo en Costa Rica y toda Latinoamérica. Ellas enfrentan amenazas, criminalización y violencia por proteger lo que es suyo por derecho histórico”.
Además, se manifiesta “total solidaridad con las mujeres en Gaza, que llevan más de dos años viviendo un genocidio y ecocidio perpetuado por Israel y con apoyo de Estados Unidos. manifestamos nuestra total oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel que fue pactado por el gobierno de Rodrigo Chaves”.
Así, el documento plantea reivindicaciones como el rechazo de la minería metálica a cielo abierto, planes reguladores con participación comunitaria, “no al servicio de la especulación inmobiliaria”; respeto a las Áreas Silvestres Protegidas, “Gandoca-Manzanillo y todos los ecosistemas protegidos no son negociables”; “apoyo real” del Estado a proyectos “por la Naturaleza gestionados por mujeres” y “alto al represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades”.
El comunicado apunta que “el ecofeminismo lo tiene claro, la misma lógica que explota y violenta a las mujeres, explota y destruye la tierra, y no aceptaremos que nuestros territorios sean la solución barata para los problemas de otros”.
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