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Ignacio Ortiz Salas
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La Sala Constitucional ordenó retirar de la circulación nacional todos los insecticidas que contengan fipronil, luego de declarar con lugar un recurso de amparo presentado por personas dedicadas a la meliponicultura y apicultura en Lepanto, Puntarenas, quienes denunciaron una afectación significativa en sus colmenas.
Se trata de un insecticida que se usa para eliminar plagas agrícolas y domésticas e insectos en general y por ejemplo suele aplicarse contra la avispa que ataca al mango o los ácaros que afectan al aguacate.
El tribunal tuvo por acreditada la existencia de daños a las poblaciones de abejas y concluyó que se configuró una transgresión al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado tutelado en el artículo 50 de la Carta Magna.
Los magistrados giraron una orden al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), que deberán sacar de circulación los productos con ese ingrediente activo. Ya las instituciones habían avanzado normativa en este sentido, habiendose publicado en La Gaceta el pasado 3 de abril el Decreto Ejecutivo N.º 45522-MAG-S-MINAE que pretende la salida de este producto del mercado en un plazo de 24 meses.
Las personas recurrentes señalaron que desde 2024 observaron la pérdida de al menos 24 colonias de abejas nativas y daños severos en más de 300 colmenas, con una reducción poblacional cercana al 70%. Indicaron además que estas afectaciones coincidieron con la intensificación del uso de insecticidas en plantaciones de mango en el sector de La Penca, en Lepanto. A su vez alegaron un abandono institucional dado que acudieron al Ministerio de Salud, SENASA y al MAG, sin que se realizara inspección alguna.
Según el comunicado, la Sala valoró informes del SENASA y resultados del Laboratorio Nacional de Servicios Veterinarios (LANASEVE), en los que se detectó la presencia de fipronil y su metabolito en muestras de abejas analizadas. También consideró investigaciones del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional y criterios técnicos de la Universidad de Costa Rica que documentaron la toxicidad de este insecticida para abejas y otros polinizadores.
La resolución establece que la prohibición del fipronil será absoluta una vez cumplidos los plazos del decreto citado, debido a los daños y muertes generadas en poblaciones de abejas y sus efectos nocivos en la salud, la biodiversidad y el ambiente. Además, ordena al MAG supervisar las fincas agrícolas para verificar el cumplimiento de la medida.
La sentencia también advierte que el incumplimiento de lo ordenado en el recurso de amparo podría acarrear sanciones penales, y condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, los cuales se liquidarán en la vía contencioso-administrativa.
Ganó el bienestar público frente al beneficio privado
Fabián Pacheco, agrobiólogo y ecologista, quien logró la prohibición del fungicida clorotalonil en Costa Rica, el cual se usaba para controlar enfermedades en cultivos como papa, tomate, melón y banano, dijo que nuevamente queda evidenciado el triunfo de las organizaciones de la sociedad civil ante la Sala Constitucional frente al accionar del Ministerio de Agricultura y Ganadería que «deja mucho que desear en la lucha contra los plaguicidas».
«El mérito lo reconocemos como un esfuerzo de los apicultores que hicieron valer el bienestar público frente al beneficio privado», comentó Pacheco, quien añadió que el fipronil es un producto que ya estaba prohibido desde 2013 en la Unión Europea.
En su opinión otros beneficiados de esta prohibición son los propios agricultores como por ejemplo los que siembran café o aguacate porque ambos productos dependen de las abejas para lograr una fructífera cosecha. «Está demostrado que sin abejas, no hay cosechas».
Pero una advertencia queda luego de esta resolución del tribunal constitucional. De acuerdo con el ecologista, a pesar de que la Sala prohibió también productos de altamente contaminantes como son el bromacil y el clorotalonil, este último «sigue apareciendo en los mantos acuíferos en la zona norte de Cartago, de los cuales dependen comunidades, por la comercialización ilegal».
«Hacemos un llamado a que haya un control fronterizo del flujo ilegal de plaguicidas en el país porque todavía hay tráfico ilegal de esas sustancias. A que haya que verdadera vigilancia en las fronteras porque por allí pasan estos agroquímicos», sentenció.
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