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Adrián Z. Rivero
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La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) ordenó al banco BAC Credomatic asumir el costo de más de ₡11 millones en transacciones fraudulentas que sufrió uno de sus clientes tras ser asaltado violentamente en Medellín, Colombia.
Así se indica en la Resolución DG-2025-10 del 28 de noviembre de 2025, en la que consta el reclamo de la víctima en contra del banco, que no solo le estaba cobrando los montos de las compras realizadas por los delincuentes, sino también intereses sobre las transacciones.
De acuerdo con el documento, el cliente del BAC fue asaltado y drogado con una sustancia denominada “escopolamina”, un alcaloide que causa efectos como confusión o bloqueo de memoria, y que criminales utilizan para doblegar la voluntad y obligar a las víctimas a realizar determinadas acciones. La droga también se conoce como “burundanga” y hay reportes en medios de otros atracos similares en Medellín, incluido uno a otro costarricense.
En el caso conocido por la OCF, el reclamante despertó en un hospital sin sus pertenencias, entre ellas, el celular y las tarjetas de crédito. Indicó que pasó más de doce horas inconsciente y que “es imposible que él haya realizado las compras”, pues se encontraba hospitalizado en ese momento.
Cuando reclamó al banco para el respectivo contracargo, no obstante, la gestión fue rechazada excepto por dos compras de $4 y $9.
Según la resolución, la entidad financiera argumentó que en Colombia los datáfonos no poseen tecnología para solicitar el PIN cuando se realizan compras, además de que en varias de las compras se enviaron mensajes por WhatsApp para verificar si las compras se reconocían, con respuestas afirmativas.
La OCF señala en el texto que el BAC “no aportó ningún tipo de respaldo” sobre los argumentos anteriores y resaltó que toda operación de pago superior a los ₡50.000, independientemente del país, debe exigir el uso del PIN.
“El emisor debería, al menos, de estar en capacidad de demostrar que su tarjeta sí estaba debidamente configurada para solicitar el PIN, y que fue por una acción u omisión atribuible al comercio (o al adquirente del POS) que la transacción fue procesada sin este mecanismo de autenticación. En tal escenario, el actuar de un tercero (como lo sería el banco adquirente del datáfono) podría constituir una causa eximente de responsabilidad para el emisor”, dijo la Oficina.
Sobre la responsabilidad de la víctima, la OCF señaló que “cualquier persona puede verse expuesta a situaciones peligrosas, inesperadas y difíciles de anticipar, como la vivida por el recurrente”, por lo que calificó como “irrazonable” exigir que un tarjetahabiente pueda neutralizar la actuación de terceros malintencionados que se aprovechan de momentos de vulnerabilidad, sobre todo porque existe evidencia de que la víctima estaba bajo los efectos de una sustancia que alteró sus facultades.
La resolución señala que otro aspecto relevante es que el banco omitió explicar por qué su sistema de seguridad no generó alertas sobre el posible uso indebido del plástico, ya que, a criterio de la oficina, las 16 compras por montos significativos en un lapso menor a cinco horas y fuera del país constituyen elementos suficientes para que se hubiera activado alguna alerta o realizado un bloqueo preventivo.
“Esta Oficina considera que, en el presente caso, el banco no logró demostrar que fue completamente ajeno al daño reclamado por el consumidor, ni que cumplió de manera íntegra con las obligaciones normativas que le resultan aplicables”, dice el texto.
El documento también señala que en casos en los que el PIN no funcione en otras jurisdicciones, corresponde al emisor de la tarjeta implementar otras medidas de autenticación reforzada que brinden al consumidor “un nivel razonable de protección frente a este tipo de situaciones”.
Finalmente, la resolución establece que el BAC debe asumir la totalidad del monto reclamado por la víctima, que asciende a $22.096,22.
Sobre el caso, el BAC indicó que cumplirá «de manera íntegra y en los plazos establecidos con lo dispuesto» con la resolución, reafirmando su «compromiso con la transparencia y el apego al marco regulatorio de la referida Oficina».
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