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Joel Porras Hernández
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La Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica (UCR) concluyó que la persona que esté en el decanato no puede bloquear la convocatoria a una Asamblea de Facultada que se haya solicitado por el 20% de sus miembros. La Asociación de Estudiantes de Derecho (AED) concuerda con lo reseñado por la Asesoría.
“La posibilidad de que el 20% de los miembros convoque a una Asamblea de Facultad no es una mera formalidad ni una concesión sujeta a la voluntad de la autoridad decanal, sino una potestad expresamente reconocida por la normativa universitaria como un mecanismo de control, participación y equilibrio institucional”, mencionó la representación estudiantil.
La respuesta se dio en el marco de una apelación por el bloqueo en las últimas semanas por parte de la decana de Derecho, Marcela Moreno, a la convocatoria a Asamblea de Facultad. Este es el máximo órgano de decisión política, administrativa y académica de la carrera. Se compone de profesores de la Facultad que se encuentran en propiedad y el 25% de representación estudiantil.
Moreno alegaba que suspendió dicha convocatoria para solicitar un criterio a la Oficina Jurídica sobre los temas de agenda que se iban a discutir en la Asamblea.
Entre los puntos planteados para conocimiento de la Asamblea figuran: el proceso de acreditación internacional de la carrera de Derecho; la situación del plan de reducción de interinazgo; el tema de la paridad de género y la eventual convocatoria de concursos exclusivamente para mujeres; y asuntos de la supuesta variación del plan de estudios de la carrera y la propuesta de Prácticas Dirigidas de Graduación.
La Asesoría concluyó, en el dictamen OJ-273-2025 con fecha del 9 de diciembre de 2025, que la convocatoria del 20% de los miembros de la Asamblea no puede ser bloqueada por la decisión unilateral de uno de ellos.
“No es posible, para quien ejerce el cargo de Decano o Decana de una Facultad, actuando de manera unilateral, dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea efectuada por el 20% de sus miembros. Lo cierto es que, su adopción, per se, excede las facultades otorgadas a quien ejerce la Decanatura”, se lee en el documento.
De la misma forma, la Oficia Jurídica explicó que todos los temas de agenda sí pueden ser conocidos por la Asamblea de Facultad, pues les compete a la misma Asamblea, como órgano superior, analizarlos y valorarlos.
“Las particularidades de cada uno de ellos solo podrán conocerse cuando el órgano sesione, y, en ese momento, no antes, será factible valorar cuáles extremos atinentes a los mismos podrían eventualmente – según la discusión particular de cada uno– exceder las competencias del órgano o no”, resaltó la Asesoría Jurídica.
La representación estudiantil de la carrera de Derecho señala que coinciden con este criterio emitido por la Asesoría, dado que responde a la naturaleza jurídica y política de la Asamblea de Facultad.
“Restringir los temas de agenda o condicionar su conocimiento implicaría vaciar de contenido el rol de la Asamblea y convertirla en un órgano meramente simbólico, lo cual sería incompatible con los principios de autonomía universitaria y participación democrática. Este criterio de la Oficina Jurídica fortalece el carácter deliberativo de la Asamblea y garantiza que los distintos sectores que la integran —estudiantes y docentes— puedan ejercer efectivamente su derecho a participar en las decisiones fundamentales de la Facultad”, señalaron desde la AED.
Asamblea convocada el 18 de diciembre: estudiantes denuncian exclusiones por parte de la decana
UNIVERSIDAD conversó con representantes de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Indicaron que posterior a la emisión del criterio del 9 de diciembre, se dio un acercamiento institucional por parte de Moreno.
Tuvieron una reunión en la sesión del Consejo Asesor de Facultad Ampliado para abordar el Informe de Evaluación y Seguimiento Período 2022-2025 del Plan de Desarrollo Estratégico de la Facultad de Derecho 2022-2026.
“Aprovechamos el espacio para consultarle a la decana sobre la situación de la Asamblea de Facultad, a lo cual se limitó a contestarnos de manera cortante y con cierto desinterés”, explicaron las personas alumnas.
Informaron que se llamó a una Asamblea que se celebrará el jueves 18 de diciembre. La representación estudiantil asegura que Moreno cambió, de forma unilateral, la modalidad de la sesión y denuncian que se está excluyendo a una persona asambleísta.
“Resulta preocupante que la decana haya variado de manera arbitraria la modalidad de dicha sesión y que, además, esté excluyendo a una persona asambleísta, reproduciendo un patrón de actuación similar al que ya fue cuestionado por la Oficina Jurídica. Esto genera una sensación de reiteración de conductas que afectan el principio de legalidad y la participación efectiva dentro del órgano”, señalaron.
A partir de esto, efectuaron una consulta formal mediante a la Oficina Jurídica para tener una opinión sobre el actuar de la decana al variar la convocatoria “según criterios de preferencia y al excluir a una persona de la representación estudiantil de la Asamblea de Facultad”.
Resaltan que se mantienen “atentos y vigilantes” con relación al desarrollo de los hechos, esto con el fin de “defender la institucionalidad y el respeto a la normativa universitaria”.
“Consideramos que este tipo de actuaciones no solo afectan a la Facultad de Derecho, sino que pueden sentar precedentes negativos para toda la Universidad si no se corrigen oportunamente. Por ello, insistimos en la importancia de que se respeten los criterios técnicos de la Oficina Jurídica y se garantice el pleno funcionamiento de los órganos colegiados como pilares de la vida universitaria”, concluyó la representación estudiantil.
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