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Mario Bermúdez Vives
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La fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) recurrió al verticalismo, la fuerza de sus votos e interpretaciones del reglamento cuestionadas por la oposición para exigir una nueva lista de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Primero la fracción oficialista votó en blanco en dos rondas para evitar que cualquiera de los 18 candidatos alcanzara los 38 votos necesarios para su nombramiento, y luego la presidenta legislativa Yara Jiménez tramitó, sin permitir siquiera opinar a los diputados de oposición, una moción de orden para devolver la nómina a la Corte y solicitar una nueva lista, como había exigido desde hace dos semanas el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta.
Precisamente Acosta fue el único que habló antes de la votación, alegando que no se había logrado un acuerdo político luego de 11 rondas de votación, por lo que “lo que procede es lo que aplicó en el pasado la presidenta legislativa Silvia Hernández, devolver la nómina a la Corte”, para iniciar nuevamente el proceso y “encontrar candidatos idóneos”.
Y con los votos oficialistas, la moción se aprobó 29 contra 26, a pesar de los fuertes reclamos opositores, en el sentido de que se estaban dando violaciones reiteradas al Reglamento y que ni siquiera se les permitió defenderse en este trámite.
Primero el diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), alegó que se trataba de una proposición de fondo y no una moción de orden; por lo que se requería de un debate. “Varios diputados solicitaron la palabra, porque queríamos consultarle cuál era la mayoría que requería la moción, porque no era mayoría simple sino calificada… usted incurrió en un vicio de ilegalidad, impidió que se hicieran consultas”, expresó.
Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) también reforzó que según el reglamento, se trataba de una proposición de fondo y no una moción de orden, y que requería de 38 votos para ser aprobada, porque el proceso de elección de magistrados al que se refería, estableció la mayoría calificada para lograr la decisión.
Abril Gordiendo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) especificó que tenía el derecho de apelar la cuestionable decisión de tramitar la propuesta como si fuera moción de orden, cuando evidentemente era una propuesta de fondo.
Y Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), calificó las acciones como “un atropello” a los derechos de los diputados, y resaltó que “tomaremos las medidas que correspondan”, en lo que se perfila como un nuevo recurso ante la Sala Constitucional contra acciones del Gobierno.
Pero el pulso se mantuvo en los procesos siguientes, en los que la presidenta legislativo insistió en conocer una revisión antes de la apelación de sus decisiones. Esto volvió a generar reclamos. Y posteriormente, Villalta elevó el tono: «Aquí lo que hace la bancada oficialista es bloquear el nombramiento de magistrados suplentes, para perjudicar a la gente, porque quieren tener el control de Sala IV y Poder Judicial, para mantener la impunidad de cargos cuestionados. Todo lo demás son excusas, quieren el control con un chantaje vulgar, pero no se van a salir con la suya», dijo.
Pero Acosta rechazó que se tratara de un chantaje, porque se requerirían 38 votos. «No solo el partido de gobierno, ustedes van a ser partícipes».
Posteriormente de que se había confirmado el acto, se tramitaron dos apelaciones contra la decisión de la presidenta legislativa, en lugar de proposición, ya que la moción de orden se dirige a ordenar el debate, pero en este caso se utilizó para tomar una decisión, que ni siquiera se discutió pese a las solicitudes de la palabra. Nuevamente, el oficialismo se limitó a recurrir a su mayoría, y se rechazaron 24 votos contra 29.
Anteriormente, ninguno de los 18 candidatos remitidos por la Corte Suprema de Justicia alcanzó los 38 votos requeridos para ser electo como magistrado suplente, con lo que se mantenía la deuda legislativa de designar nueve suplentes, que se suman a los tres magistrados suplentes pendientes de la Sala Tercera.
En la décima ronda, cuatro candidatos lograron el pleno de votos de la oposición (26): Mauricio Chacón, Roberto Garita, Kattia Araya y Songhay White; mientras en la decimo primera, la cantidad subió a siete, se sumaron Alexandra Alvarado, Aracelly Pacheco y Alejandro Delgado. Empero, al no lograr ni uno solo de los 27 votos del oficialismo, que se entregaron en blanco, quedaron lejos de su designación.
Por si fuera poca la presión con los retrasos de nombramientos, este miércoles la presidenta legislativa Yara Jiménez comunicó que el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, remitió una comunicación en la que indicó que la magistrada Sandra Zúñiga, de la Sala Tercera, se acogió a su jubilación, por lo que los magistrados deberán elegir este cargo, además de las suplencias pendientes.
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