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Mario Bermúdez Vives
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El Partido Pueblo Soberano (PPSO) tendrá a partir de mayo del 2026 condiciones para gobernar que no se veían en Costa Rica desde hace casi medio siglo: además de la Presidencia, tendrá un control de la Asamblea Legislativa que rompe con las tendencias recientes.
Los 31 diputados que cosecharía, según el conteo provisional del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), representan un 54% de las curules. Para remontarse a una condición similar, hay que retroceder 44 años, a los 33 diputados que logró en 1982 el Partido Liberación Nacional (PLN).
Ese 54% del PPSO es la tercera bancada oficialista más grande desde que Costa Rica tiene una Asamblea Legislativa con 57 curules, solo por detrás del 58% que representó la bancada del PLN en 1982, y del 56% que alcanzó en 1970 el mismo PLN, con 32 diputados.
Sin embargo, lo más relevante es que el PPSO logró revertir una tendencia que se remonta a 1994. Desde esa elección, los gobiernos no lograron mayoría en la Asamblea y, durante ocho Congresos, vieron cómo se derrumbaba el tamaño de sus fracciones (ver gráfico).
Esto se tradujo en una oposición que llegó a acumular hasta más de 40 curules desde el 2014, lo que obligó a complejas negociaciones desde Casa Presidencial. (ver recuadro: “Oficialismo rompe…). Pero en mayo, por primera vez desde 1994, el oficialismo tendrá mayoría (ver gráfico).
Esto quiere decir que la presidenta electa Laura Fenández tendrá un escenario muy diferente al que encontraron los últimos ocho gobiernos y, en general, 12 de los 19 desde que se realizan elecciones organizadas por el TSE. Es decir, el 63% de los gobiernos desde 1953 no tenían mayoría legislativa.
El Partido Liberación Nacional se mantiene como la principal fuerza de la oposición en el Congreso, pero perdió dos curules y ahora deberá lidiar con un oficialismo que tiene mayoría.
Entre el discurso y la realidad
Desde antes de la campaña electoral, el presidente Rodrigo Chaves hizo constantes referencias a que se le dieran al próximo Gobierno una mayoría de 40 diputados, algo que Fernández, al recoger la estafeta de la actual administración, reiteró.
Esa cifra representa un 70% de las curules de la Asamblea, un nivel que ninguna administración en Costa Rica, de la historia reciente, ha estado cerca de alcanzar.
No obstante, la mayoría de 31 si posiciona a la futura administración en un terreno en el que pocos gobiernos han estado en su inicio, lo que contradice el discurso de que anteriores gestiones simplemente han carecido de voluntad. La realidad es que el entorno legislativo es más complicado, con fracciones cambiantes —han sido 38 en los últimos 19 Congresos— y Parlamentos que en promedio han estado integrados por 5 bancadas o más.
Además, se debe tener claridad de que la mayoría simple no es una licencia para tener vía libre en materia de legislación: de hecho, hay límites establecidos por el rango de la mayoría calificada (38 votos) que hacen obligatoria la negociación en varios temas, que en caso contrario implicarían caminos cerrados (ver recuadro: “Posibilidades y límites…).
Esto se traduce en un desafío para la administración de Laura Fernández y el oficialismo en Cuesta de Moras: mantener el estilo de confrontación con la Asamblea Legislativa que caracterizó a Chaves, o buscar un tono diferente para buscar acuerdos, ahora que la justificación de que los diputados no dejan hacer al Gobierno, ha quedado devaluada.
La agenda del mañana
A esto hay que agregar una ambiciosa lista de reformas legislativas en la mira de la administración Fernández: en su plan de Gobierno “Más oportunidades, un mismo rumbo -Plan de la continuidad” establece al menos 26 promesas de reformas legales.
En ellas, aparecen algunas que se intentaron en la presente administración, sin éxito, como las jornadas laborales de 12 horas, autorizar la explotación de minería a cielo abierto en Cutris, una reforma a la contratación pública —no especifica si en los mismos términos de la fallida Ley Jaguar para eliminar controles de la Contraloría— y retomar la venta del Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (Bicsa) y del Banco de Costa Rica (BCR) (lo justifica para capitalizar el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, IVM).
Pero también agrega la aspiración de restringir los plazos para los magistrados del Poder Judicial a diez años, y creación de una rendición de cuentas con un régimen de sanciones, reformar el Código Penal para aumentar las penas por aborto y la transformación del sistema eléctrico nacional.
Pero también hay aspectos que no fueron vistos con simpatía por el presidente Rodrigo Chaves, como la revisión integral de la legislación penal —un tema del que se distanció personalmente—, y un nuevo modelo de financiamiento para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en el que desliza la posibilidad de una ley de reestructuración de obligaciones, con un plan de pago estratégico, que pareciera la posibilidad de poner sobre la mesa la atención de obligaciones del Estado con la Caja, que la actual administración eludió descaradamente.
Además, aparecen otros temas como aumentar las penas por maltrato animal, actualizar el marco legal de la Zona Marítimo Terrestre, impulsar un proyecto para estimular la contratación de personas desempleadas de más de 40 años, y reformas integrales a Acueductos y Alcantarillados (AyA), al Instituto Costarricense del Deporte (Icoder), al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al Reglamento de la Asamblea Legislativa y un clásico de los programas de Gobierno: la modernización de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Una lista de promesas bastante grande, incluso para una administración que estrenará un control de la Asamblea inédito en más de cuatro décadas.
Oficialismo rompe debilidad creciente en Asamblea
Durante las últimas ocho administraciones, el oficialismo estuvo perdiendo terreno en forma continua en la Asamblea Legislativa, un debilitamiento que estaría por romperse a partir del primero de mayo.
Luego de que en 1990 el gobierno de Rafael Ángel Calderón, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), lograra en el límite la mayoría con 29 diputados, su sucesor, José María Figueres, del PLN, la perdió en 1994, al quedarse en 28 curules, lo que le obligó a constantes negociaciones para lograr ese voto.
Sin embargo, la posición del oficialismo se deterioró luego de esas elecciones, particularmente en el 2002, cuando por primera vez se tuvo que recurrir a una segunda ronda, de la que salió electo Abel Pacheco, del PUSC. Y se complicó más luego del 2014, con los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado del Partido Acción Ciudadana (PAC), y Rodrigo Chaves, de Progreso Social Democrático (PSD), en los que la oposición superaba los 40 diputados.
A eso se debió agregar una creciente dispersión del Plenario: de bancadas que oscilaron entre 5 y 7 de 1978 al 2002, las fracciones pasaron a 8 y 9 entre el 2006 y el 2014, convirtiendo la negociación legislativa en un auténtico laberinto.
Afortunadamente, para el PPSO, no solo han logrado volver a convertir el oficialismo en la principal bancada, capaz de obtener la mayoría simple por sí misma, sino que el escenario muestra la menor cantidad de fracciones desde el 2002, lo que reduce los frentes de negociación a solo cuatro.
Elección para diputados no tuvo medias tintas
El resultado de la elección legislativa del 2026 no deja lugar para medias tintas: hay una Asamblea Legislativa más polarizada, con menos actores.
No quedó duda de la intención del electorado, al darle al PPSO una mayoría simple de 31 diputados, que se afianzó en los zonas costeras: la bandera turquesa tuvo un 60% de las curules en Guanacaste, un 66% en Puntarenas y un 80% en Limón.
Sin embargo, el PLN y el FA, que ejercieron una oposición al oficialismo en la actual Asamblea, mantuvieron sus bancadas, con ajustes: los verdiblancos pasaron de 19 a 17 curules, para mantenerse como principal fracción de la oposición, mientras el FA aumentó de 6 a 7.
Por el contrario, aliados usuales u ocasionales del chavismo en la Asamblea no quedaron bien parados ante el huracán de votos chavistas. El PUSC pasó de 9 a tan solo 1 curul, mientras Nueva República y el Liberal Progresista pasaron de 7 y 6 a quedarse con las manos vacías.
El resultado apunta a una Asamblea más polarizada: el chavismo tiene mayoría en su segunda incursión legislativa, pero no parece tener aliados. El PLN y el FA, que se desempeñaron como opositores, parecieran tener que afianzar posiciones para mantener vigencia ante un oficialismo más vigoroso, lo que en principio apunta a una Asamblea en la clave de chavismo y oposición al chavismo como elementos diferenciadores.
Posibilidades y límites de oficialismo en Congreso
La cantidad de diputados le otorga al oficialismo una mayoría simple, que lo faculta para tomar muchas decisiones, pero no es ilimitada, como puede verse en varios temas:
Asamblea Constituyente: la Constitución Política establece en el artículo 196 que solo puede ser convocada mediante votación calificada (38 votos) y no requiere sanción del Poder Ejecutivo, el cual no tiene iniciativa particular en este campo. Tampoco hay opción de una convocatoria directa por la ciudadanía. Y realizar reformas parciales a la Constitución, para incluir nuevas formas de convocatoria, también requieren 38 votos.
Suspensión de garantías individuales: la Constitución Política establece en artículo 121 que solo se pueden realizar en casos de evidente necesidad pública y con el respaldo de 38 votos en la Asamblea.
Procedimientos de vía rápida: también requieren de 38 votos, por lo que imponer plazos y condiciones especiales a proyectos de ley como jornadas laborales de 12 horas o apertura del mercado de energía requieren un acuerdo del oficialismo con al menos una de las bancadas mayores de oposición.
Cambios en la agenda legislativa: Variar el orden de los proyectos que se conocerán en el Plenario requiere de mayoría calificada, lo que obliga a un acuerdo con una fracción mayoritaria de oposición. En sesiones extraordinarias, puede definir los proyectos que se conocerán, pero mediante convocatorias y desconvocatorias.
Directorio legislativo: Elección de puestos requiere mayoría simple (29 votos si hay 57 diputados), por lo que 31 legisladores son suficientes para elegir el Directorio sin requerir alianzas.
Presupuestos: Requiere mayoría simple, Zapote podrá definir aprobaciones y cambios en el manejo de recursos públicos sin recurrir a alianzas.
Proyectos de ley: La Constitución indica en el artículo 119 que los proyectos de ley requieren mayoría simple, salvo las excepciones que la misma Carta Magna establece. Entre estos, pueden citarse los tratados internacionales, nombramientos de magistrados del Poder Judicial o rechazar su reelección, o apartarse del criterio del TSE en reformas de la materia electoral.
Hitos de esta Asamblea
La actual Asamblea Legislativa es la 19 desde que el TSE organiza las elecciones, y la 17 con el modelo de 57 diputados (las dos anteriores fueron de 45), y ya ha marcado algunos hitos:
El PLN: la única fracción legislativa que ha permanecido en estas 19 elecciones. Sin embargo, su bancada de 17 diputados empata sus representaciones más bajas, 17 curules en 2002 y en 2018.
El PUSC: la siguiente fracción con más participaciones, 13 (si se incluyen dos participaciones como coalición Unidad). Esta es su representación más baja de la historia, con solo un diputado. Antes de ello, lo más bajo había sido 5 curules en 2006, después de la detención de los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez.
Frente Amplio al club de partidos tradicionales: Sin contar al PLN y al PUSC, el FA se convierte en el primer partido en lograr elegir diputados en seis ocasiones consecutivas, con lo que se une al exclusivo club de los únicos que han logrado esa permanencia en el Congreso.
Pueblo Soberano: la fracción que debuta con más diputaciones, con 31. El antecedente más alto antes de ello era el PLN, con 30 curules en 1953, y la coalición Unidad, con 27 en 1978.
Fracciones experimentadas: será la Asamblea Legislativa que presenta bancadas con más experiencia: PLN con 19 participaciones, el PUSC con 13, el Frente Amplio con 6, y el Partido Acción Ciudadana, integrante de la Coalición Agenda Ciudadana, también con 6, ante un PPSO que debuta. Antes de esta Asamblea, en ninguna se presentaron dos bancadas con más de 5 participaciones previas.
Más mujeres: es la Asamblea en la que se han elegido mayor cantidad de mujeres, 30 (52%) y por primera vez serán mayoría. En la actual, la cantidad inicial fue de 26 (45%). Un importante avance con respecto a la Asamblea de 1953, en la que se eligieron las primeras diputadas (Estela Quesada, Ana Rosa Chacón y María Teresa Obregón), que representaron apenas 6% del Plenario.
La costumbre del debut: en 17 de las 18 integraciones de la Asamblea, al menos un partido político ha debutado con su primera fracción legislativa: solo en la del 2010 al 2014 no hubo ninguna bancada novata. En la próxima, PPSO mantiene esa costumbre de los electores de introducir nuevos actores al Plenario.
La entrada Oficialismo logra un control de Asamblea Legislativa que no se veía en más de 40 años en Costa Rica aparece primero en Semanario Universidad.
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