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Betty Jumbo
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El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Ecuador por grave conmoción interna, que se aplicará durante 60 días en nueve provincias y tres cantones, con la suspensión de derechos vinculados a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia.
El Gobierno declaró el nuevo estado de excepción en Ecuador mediante un decreto ejecutivo que establece medidas extraordinarias de seguridad en amplias zonas del país. La decisión presidencial responde a un escenario de grave conmoción interna y define un marco temporal y territorial específico para la actuación de la fuerza pública.
El decreto dispone que el nuevo estado de excepción en Ecuador se aplique en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. La medida también incluye a los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en la provincia de Bolívar. El Ejecutivo delimitó así los territorios donde se ejecutarán acciones especiales de control y seguridad.
La vigencia del estado de excepción será de 60 días, según lo establece el artículo 2 del decreto. Durante ese periodo, las autoridades nacionales podrán implementar operativos específicos con el objetivo de prevenir, mitigar o neutralizar amenazas relacionadas con grupos armados organizados y estructuras de delincuencia organizada.
Uno de los ejes centrales del nuevo estado de excepción en Ecuador es la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en las provincias y cantones, bajo este decreto. Esta medida autoriza a la fuerza pública a realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios objetivos y razonables de que en un inmueble se oculten integrantes de organizaciones criminales o se almacenen armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización u otros objetos vinculados a infracciones penales.
El decreto establece que las intervenciones deberán cumplir los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Las autoridades deberán dejar constancia documentada de cada actuación y respetar el debido proceso y los derechos intangibles reconocidos por la Constitución. El texto señala que los registros y controles sobre personas, bienes y espacios deberán guardar relación directa con el objetivo del allanamiento.
La normativa también suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia en las provincias y cantones incluidos. Esta suspensión permitirá la identificación, el análisis y la recopilación de información estrictamente pertinente cuando resulte indispensable para prevenir o neutralizar amenazas vinculadas a la declaratoria. El decreto aclara que la aplicación de esta medida será excepcional, caso por caso, y no podrá exceder los fines del estado de excepción.
Para cada intervención relacionada con la correspondencia, el órgano competente deberá presentar un informe motivado que identifique la información requerida y explique las razones que justifican el acceso. El texto prioriza, cuando sea posible, el uso de los mecanismos previstos en el régimen ordinario y exige que no se acceda a información ajena a los objetivos de la medida.
El Ejecutivo encargó la ejecución del decreto a los ministerios de Defensa Nacional y del Interior, con la participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación con otras entidades competentes. Además, el Gobierno dispuso que se notifique a la ciudadanía sobre la suspensión de los derechos señalados.
El decreto también ordena la notificación formal a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos. En el ámbito jurídico, la Secretaría General Jurídica de la Presidencia deberá remitir a la Corte Constitucional informes reservados de inteligencia, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, para el control de constitucionalidad de la medida.
Como parte de las disposiciones finales, el Ejecutivo derogó el Decreto Ejecutivo No. 202, emitido el 4 de noviembre de 2025, con lo cual el nuevo estado de excepción en Ecuador reemplaza al régimen anterior y establece un nuevo marco de actuación para las fuerzas de seguridad durante los próximos dos meses.
Información externa: Guerra interna en Ecuador
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Estado de excepción en Ecuador se decretó el 31 de diciembre de 2025
El Gobierno declaró el nuevo estado de excepción en Ecuador mediante un decreto ejecutivo que establece medidas extraordinarias de seguridad en amplias zonas del país. La decisión presidencial responde a un escenario de grave conmoción interna y define un marco temporal y territorial específico para la actuación de la fuerza pública.
El decreto dispone que el nuevo estado de excepción en Ecuador se aplique en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. La medida también incluye a los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, en la provincia de Bolívar. El Ejecutivo delimitó así los territorios donde se ejecutarán acciones especiales de control y seguridad.
La vigencia del estado de excepción será de 60 días, según lo establece el artículo 2 del decreto. Durante ese periodo, las autoridades nacionales podrán implementar operativos específicos con el objetivo de prevenir, mitigar o neutralizar amenazas relacionadas con grupos armados organizados y estructuras de delincuencia organizada.
Medidas especiales del estado de excepción en Ecuador en las nueve provincias y tres cantones
Uno de los ejes centrales del nuevo estado de excepción en Ecuador es la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en las provincias y cantones, bajo este decreto. Esta medida autoriza a la fuerza pública a realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios objetivos y razonables de que en un inmueble se oculten integrantes de organizaciones criminales o se almacenen armas, municiones, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización u otros objetos vinculados a infracciones penales.
El decreto establece que las intervenciones deberán cumplir los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Las autoridades deberán dejar constancia documentada de cada actuación y respetar el debido proceso y los derechos intangibles reconocidos por la Constitución. El texto señala que los registros y controles sobre personas, bienes y espacios deberán guardar relación directa con el objetivo del allanamiento.
La normativa también suspende el derecho a la inviolabilidad de correspondencia en las provincias y cantones incluidos. Esta suspensión permitirá la identificación, el análisis y la recopilación de información estrictamente pertinente cuando resulte indispensable para prevenir o neutralizar amenazas vinculadas a la declaratoria. El decreto aclara que la aplicación de esta medida será excepcional, caso por caso, y no podrá exceder los fines del estado de excepción.
Para cada intervención relacionada con la correspondencia, el órgano competente deberá presentar un informe motivado que identifique la información requerida y explique las razones que justifican el acceso. El texto prioriza, cuando sea posible, el uso de los mecanismos previstos en el régimen ordinario y exige que no se acceda a información ajena a los objetivos de la medida.
La fuerza pública actuará en el estado de excepción
El Ejecutivo encargó la ejecución del decreto a los ministerios de Defensa Nacional y del Interior, con la participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en coordinación con otras entidades competentes. Además, el Gobierno dispuso que se notifique a la ciudadanía sobre la suspensión de los derechos señalados.
El decreto también ordena la notificación formal a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos. En el ámbito jurídico, la Secretaría General Jurídica de la Presidencia deberá remitir a la Corte Constitucional informes reservados de inteligencia, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, para el control de constitucionalidad de la medida.
Como parte de las disposiciones finales, el Ejecutivo derogó el Decreto Ejecutivo No. 202, emitido el 4 de noviembre de 2025, con lo cual el nuevo estado de excepción en Ecuador reemplaza al régimen anterior y establece un nuevo marco de actuación para las fuerzas de seguridad durante los próximos dos meses.
Información externa: Guerra interna en Ecuador
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