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Laura Martínez Quesada
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Las recientes declaraciones del alcalde de Cartago, Mario Redondo, atribuyendo el colapso del área de Pediatría del Hospital Max Peralta a la presencia de población indígena migrante, no solo son desafortunadas, sino profundamente reveladoras. Revelan, ante todo, una estrategia conocida en la política contemporánea: encubrir la inacción propia señalando a quienes tienen menos poder para defenderse.
El alcalde afirmó, textualmente: “Se nos ha llenado de pacientes, particularmente de niños, de población indígena migratoria de Panamá, que tienen virus respiratorios y eso ha colapsado las áreas de atención al punto de que difícilmente se podrá atender niños cartagineses en estos espacios. Estos niños merecen atención especializada, merecen que se les dé una alternativa.”
La frase es clave, no solo por lo que dice, sino por lo que instala: la idea de que la causa del colapso no es estructural, sino poblacional; no es política, sino demográfica; no es producto de años de abandono, sino de quienes hoy ocupan las camas.
El Hospital Max Peralta no colapsó de la noche a la mañana ni por una migración súbita e imprevisible. Su deterioro —físico, funcional y operativo— es el resultado de años de abandono institucional, de promesas incumplidas, de trámites postergados y de una alarmante normalización de la precariedad en la infraestructura hospitalaria. Cartago lleva décadas esperando una solución estructural para su principal centro de atención en salud, y durante ese tiempo han pasado administraciones municipales, gobiernos centrales y jerarcas que sabían —o debían saber— que el problema era serio y progresivo.
Cuando una autoridad local decide explicar ese colapso responsabilizando a una población específica, desvía deliberadamente la atención del verdadero problema: la falta de gestión, de presión política efectiva y de corresponsabilidad institucional. Es más cómodo señalar a quienes llegan con lo puesto que rendir cuentas por lo que no se hizo cuando sí se tenía poder, voz y presupuesto.
Pero el problema no termina ahí. En sus declaraciones, el alcalde va un paso más allá y plantea un falso dilema que resulta particularmente grave: “difícilmente se podrá atender niños cartagineses en estos espacios”. El mensaje implícito es claro y peligroso: o se atiende a los niños indígenas migrantes, o se atiende a los niños cartagineses. No hay matices. No hay responsabilidad estatal. No hay obligación de ampliar la capacidad instalada. Solo una disyuntiva moralmente inaceptable entre unos niños y otros.
A esto se suma una segunda afirmación igualmente preocupante: “Adicionalmente el llamado para que en adelante este país regule de mejor manera el ingreso de los niños y familiares de los trabajadores agrícolas particularmente que vienen en estas épocas.”
Aquí, el problema sanitario se desplaza hacia el control migratorio, como si la saturación hospitalaria se resolviera regulando el ingreso de niños y familias trabajadoras, y no fortaleciendo el sistema de salud que debe atenderlos.
El señalamiento es doblemente grave porque descarga la culpa sobre una población que concentra múltiples vulnerabilidades. Se culpa a la niñez, en un servicio pediátrico. Se culpa a pueblos indígenas, activando prejuicios racistas históricos. Se culpa a personas empobrecidas, reproduciendo una lógica de aporofobia que castiga la pobreza. Se culpa a población migrante y trabajadora informal, indispensable para la economía agrícola del país, pero incómoda cuando ejerce derechos básicos.
Este discurso no es inocente. Construye un “otro” que se presenta como exceso, carga o amenaza. Omite deliberadamente que estos niños no llegan al hospital por capricho, sino por necesidad. Omite que viven y trabajan —junto a sus familias— en condiciones que aumentan el riesgo de enfermedad. Y omite, sobre todo, que el sistema de salud costarricense se diseñó para atender necesidades, no para jerarquizar infancias según su origen.
Cuando una autoridad política utiliza su investidura para plantear una disyuntiva entre niños, legitima la exclusión y normaliza la idea de que hay vidas que valen menos que otras. Y eso, en un país que se precia de su sistema de salud solidario, es especialmente grave.
La discusión sobre el Hospital Max Peralta debe darse donde corresponde: en la responsabilidad del Estado, en la planificación ausente, en la incapacidad histórica de transformar diagnósticos en decisiones. Culpar a los más vulnerables no solo es éticamente reprochable, sino también políticamente peligroso. Porque hoy se coloca a la población indígena migrante como chivo expiatorio; mañana puede ser cualquier otro grupo el señalado para ocultar la desidia institucional.
Defender la salud pública implica algo básico: no permitir que el poder se lave las manos acusando a quienes no lo tienen. El país entero, y específicamente Cartago, no necesita discursos que enfrenten a unos niños contra otros; necesita autoridades que asuman su responsabilidad y exijan, con seriedad y constancia, las soluciones que se debieron impulsar desde hace años.
La entrada No don Mario, la culpa no es de los niños indígenas aparece primero en Semanario Universidad.
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