G
Gerardo Villacreces Carbo
Guest
Hoy el narcotráfico parece ensayar tomarse el país, pero no solo con violencia, sino con algo más sutil pero igual de peligroso, esto es, con injerencia. Lo cual no solo es en carreteras, puertos y fronteras, sino en instituciones estatales y círculos sociales que hasta poco se veían intocables. Escenas recientes —Judicatura, Mocolí y la transición en la Corte Nacional de Justicia— nos invitan a pensar que el Estado flaquea, mientras el crimen avanza.
El narco no necesita gobernar formalmente para mandar. Le basta con planificada intromisión, a jueces intimidación, sumado a un entorno social que normaliza (e incluso – a momentos – parecería aplaudir) el dinero fácil y a un puñado de disponibles testaferros.
I. La toga sitiada: Todo se destapó con la denuncia sobre presuntas presiones en un caso de lavado de activos relacionado con el narcotráfico, vinculadas a un exfuncionario cercano al entorno de la presidencia del Consejo de la Judicatura, develando un debilitamiento institucional de fondo. El órgano que administra y disciplina a los jueces se habría vuelto espacios de influencia a favor del narco, constatando que la independencia judicial se vuelve fantasía y, sobre todo, mercancía.
Aun con el beneficio de la presunción de inocencia, el daño institucional ya está hecho. Mientras la crisis crecía, José Suing renunció el 12 de enero de 2026 a la presidencia encargada de la Corte Nacional. Mario Godoy, en cambio, ha dado señales de resistencia a dejar el cargo. Esa asimetría alimenta una preocupante interpretación: que el costo reputacional lo paga la Corte, mientras que el control de la Judicatura parecería que ¿se defiende a toda costa?
La consecuencia es inmediata, la justicia pierde autoridad y el Estado legitimidad. En ese vacío, el narco prospera y se reproduce a sus anchas, comprando miedo, silencio y atajos…
II. La burbuja perforada de Mocolí: El segundo momento llegó desde Samborondón. Reportes sostienen que uno de los objetivos de alta prioridad se daba el lujo de jugar fútbol en una cancha de la isla Mocolí, dentro de una de las ciudadelas más exclusivas y resguardadas del Ecuador. Allí, en el corazón de la supuesta burbuja de alta seguridad de la sociedad, fue acribillado el presunto delincuente (que ya tenía la calidad de vecino según fuentes periodísticas) junto a otros dos ciudadanos.
El mensaje no es solo probablemente la venganza o ajuste de cuentas entre bandas, sino algo igual de inquietante, que el dinero ilícito busca pertenencia, aceptación y camuflaje. Compra casas, vecindad y estatus en dichos lugares, para codearse al lado de las élites sociales, económicas y, a veces, hasta políticas. Y cuando esa convivencia se vuelve cotidiana, la sociedad realmente se acercaría a un precipicio insalvable…
En ese ecosistema aparece otra forma de secuestro, pero voluntario, silencioso y discreto, pero igual de perturbador, esto es, el reclutamiento social. Específicas mujeres jóvenes, bellas y ambiciosas, de diversos orígenes socioeconómicos, que, atraídas por el lujo, son incorporadas como imagen, compañía o puente hacia círculos de prestigio. Y hombres jóvenes educados y bien conectados —residentes en Samborondón y sus alrededores— que pueden terminar siendo usados como rostros presentables para mover, invertir o blanquear dinero. Lo cual puede darse, en algunos casos, por ingenuidad, pero sobre todo por codicia.
III. La bisagra institucional: En medio de esta presión cruzada, el 14 de enero de 2026 la Corte Nacional designó a Marco Rodríguez como presidente encargado. Su perfil, percibido como ajeno tanto al oficialismo como al correísmo, podría ser una oportunidad para recomponer mínimos de credibilidad (pese a campañas difamatorias en redes). Pero también pudiese producir el efecto contrario en la Judicatura, al darle a Godoy una oportunidad adicional para aferrarse a su escritorio en razón de su funcionalidad, y resistir el vendaval.
Conclusión: Cabe reflexionar en el sentido de que, la pregunta de fondo ya no es solamente quién controla un cargo, sino —a estas alturas— también y sobre todo, quién controla el miedo. Y si la respuesta a la segunda pregunta es el crimen organizado, no habrá urbanización, institución, ley ni discurso que sea suficiente.
Por consiguiente, ante la temeraria y mortal penetración del narco en el Ecuador, se debe tener claro que una de sus “rutas” más codiciadas es la impunidad; y, por ende, para combatirla, debe primar el serio, decidido y determinante apoyo y protección a los jueces honestos anticorrupción, junto con una Judicatura y una Justicia compuesta por profesionales probos, caracterizada por la independencia y transparencia y ya no por la conveniencia…
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El narco no necesita gobernar formalmente para mandar. Le basta con planificada intromisión, a jueces intimidación, sumado a un entorno social que normaliza (e incluso – a momentos – parecería aplaudir) el dinero fácil y a un puñado de disponibles testaferros.
I. La toga sitiada: Todo se destapó con la denuncia sobre presuntas presiones en un caso de lavado de activos relacionado con el narcotráfico, vinculadas a un exfuncionario cercano al entorno de la presidencia del Consejo de la Judicatura, develando un debilitamiento institucional de fondo. El órgano que administra y disciplina a los jueces se habría vuelto espacios de influencia a favor del narco, constatando que la independencia judicial se vuelve fantasía y, sobre todo, mercancía.
Aun con el beneficio de la presunción de inocencia, el daño institucional ya está hecho. Mientras la crisis crecía, José Suing renunció el 12 de enero de 2026 a la presidencia encargada de la Corte Nacional. Mario Godoy, en cambio, ha dado señales de resistencia a dejar el cargo. Esa asimetría alimenta una preocupante interpretación: que el costo reputacional lo paga la Corte, mientras que el control de la Judicatura parecería que ¿se defiende a toda costa?
La consecuencia es inmediata, la justicia pierde autoridad y el Estado legitimidad. En ese vacío, el narco prospera y se reproduce a sus anchas, comprando miedo, silencio y atajos…
II. La burbuja perforada de Mocolí: El segundo momento llegó desde Samborondón. Reportes sostienen que uno de los objetivos de alta prioridad se daba el lujo de jugar fútbol en una cancha de la isla Mocolí, dentro de una de las ciudadelas más exclusivas y resguardadas del Ecuador. Allí, en el corazón de la supuesta burbuja de alta seguridad de la sociedad, fue acribillado el presunto delincuente (que ya tenía la calidad de vecino según fuentes periodísticas) junto a otros dos ciudadanos.
El mensaje no es solo probablemente la venganza o ajuste de cuentas entre bandas, sino algo igual de inquietante, que el dinero ilícito busca pertenencia, aceptación y camuflaje. Compra casas, vecindad y estatus en dichos lugares, para codearse al lado de las élites sociales, económicas y, a veces, hasta políticas. Y cuando esa convivencia se vuelve cotidiana, la sociedad realmente se acercaría a un precipicio insalvable…
En ese ecosistema aparece otra forma de secuestro, pero voluntario, silencioso y discreto, pero igual de perturbador, esto es, el reclutamiento social. Específicas mujeres jóvenes, bellas y ambiciosas, de diversos orígenes socioeconómicos, que, atraídas por el lujo, son incorporadas como imagen, compañía o puente hacia círculos de prestigio. Y hombres jóvenes educados y bien conectados —residentes en Samborondón y sus alrededores— que pueden terminar siendo usados como rostros presentables para mover, invertir o blanquear dinero. Lo cual puede darse, en algunos casos, por ingenuidad, pero sobre todo por codicia.
III. La bisagra institucional: En medio de esta presión cruzada, el 14 de enero de 2026 la Corte Nacional designó a Marco Rodríguez como presidente encargado. Su perfil, percibido como ajeno tanto al oficialismo como al correísmo, podría ser una oportunidad para recomponer mínimos de credibilidad (pese a campañas difamatorias en redes). Pero también pudiese producir el efecto contrario en la Judicatura, al darle a Godoy una oportunidad adicional para aferrarse a su escritorio en razón de su funcionalidad, y resistir el vendaval.
Conclusión: Cabe reflexionar en el sentido de que, la pregunta de fondo ya no es solamente quién controla un cargo, sino —a estas alturas— también y sobre todo, quién controla el miedo. Y si la respuesta a la segunda pregunta es el crimen organizado, no habrá urbanización, institución, ley ni discurso que sea suficiente.
Por consiguiente, ante la temeraria y mortal penetración del narco en el Ecuador, se debe tener claro que una de sus “rutas” más codiciadas es la impunidad; y, por ende, para combatirla, debe primar el serio, decidido y determinante apoyo y protección a los jueces honestos anticorrupción, junto con una Judicatura y una Justicia compuesta por profesionales probos, caracterizada por la independencia y transparencia y ya no por la conveniencia…
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