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Giovanna Alvear
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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lamentó este domingo 28 de diciembre de 2025 la muerte de Edison Farinango, quien resultó herido durante las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas sociales. Las movilizaciones se desarrollaron entre septiembre y octubre pasados en varias provincias del país. La organización calificó el hecho como consecuencia directa de la represión ejercida durante el paro nacional.
A través de un pronunciamiento público, la Conaie expresó sus condolencias a la familia de Farinango y exigió verdad y justicia. La organización sostuvo que la muerte del comunero se inscribe en un contexto de violencia estatal contra comunidades movilizadas. El fallecimiento ocurrió la tarde del sábado, tras varios meses de complicaciones de salud derivadas de las heridas sufridas en las protestas.
Edison Farinango se dedicaba a la agricultura y a la construcción. Vivía en la comunidad de San Ignacio, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Esa zona se convirtió en uno de los principales focos de las protestas indígenas, que se extendieron por cerca de un mes. Las movilizaciones concluyeron sin que el Gobierno del presidente Daniel Noboa aceptara los pedidos planteados por la Conaie.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) informó que Farinango permaneció dos meses en estado crítico. La organización señaló que el comunero luchó por su vida debido a graves lesiones que sufrió durante los enfrentamientos registrados en el marco del paro nacional.
En la misma provincia también murieron otros dos comuneros: Efraín Fuerez y José Guamán. Según la Conaie, ambos recibieron disparos que habrían sido realizados por militares durante los momentos más intensos de los operativos de seguridad. En esos días, las fuerzas del orden intentaban despejar carreteras bloqueadas por los manifestantes.
Durante las protestas, distintos organismos nacionales e internacionales alertaron sobre posibles violaciones a los derechos humanos. En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares. El organismo instó al Estado ecuatoriano a investigar, juzgar y sancionar los hechos denunciados.
A las expresiones de la Conaie se sumaron organizaciones locales de Imbabura. La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Fici), el pueblo Kichwa Karanki y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) manifestaron su profundo dolor y solidaridad con la familia de Farinango. Estas agrupaciones cuestionaron la actuación de las fuerzas de seguridad durante el paro.
La Unorcac aseguró que lo ocurrido no puede considerarse un simple control del orden público. La organización denunció que Farinango perdió la vida tras recibir impactos directos de bombas durante las jornadas de protesta.
De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, las movilizaciones convocadas por la Conaie dejaron un saldo de 473 personas heridas, 206 detenidas y 391 presuntas violaciones a los derechos humanos. Estos datos refuerzan los reclamos de las organizaciones indígenas, que mantienen su pedido de justicia por las muertes registradas durante el paro nacional.
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A través de un pronunciamiento público, la Conaie expresó sus condolencias a la familia de Farinango y exigió verdad y justicia. La organización sostuvo que la muerte del comunero se inscribe en un contexto de violencia estatal contra comunidades movilizadas. El fallecimiento ocurrió la tarde del sábado, tras varios meses de complicaciones de salud derivadas de las heridas sufridas en las protestas.
El caso de Edison Farinango y las protestas en Imbabura
Edison Farinango se dedicaba a la agricultura y a la construcción. Vivía en la comunidad de San Ignacio, en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Esa zona se convirtió en uno de los principales focos de las protestas indígenas, que se extendieron por cerca de un mes. Las movilizaciones concluyeron sin que el Gobierno del presidente Daniel Noboa aceptara los pedidos planteados por la Conaie.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) informó que Farinango permaneció dos meses en estado crítico. La organización señaló que el comunero luchó por su vida debido a graves lesiones que sufrió durante los enfrentamientos registrados en el marco del paro nacional.
En la misma provincia también murieron otros dos comuneros: Efraín Fuerez y José Guamán. Según la Conaie, ambos recibieron disparos que habrían sido realizados por militares durante los momentos más intensos de los operativos de seguridad. En esos días, las fuerzas del orden intentaban despejar carreteras bloqueadas por los manifestantes.
Denuncias de uso excesivo de la fuerza y reclamos de justicia
Durante las protestas, distintos organismos nacionales e internacionales alertaron sobre posibles violaciones a los derechos humanos. En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares. El organismo instó al Estado ecuatoriano a investigar, juzgar y sancionar los hechos denunciados.
A las expresiones de la Conaie se sumaron organizaciones locales de Imbabura. La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Fici), el pueblo Kichwa Karanki y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) manifestaron su profundo dolor y solidaridad con la familia de Farinango. Estas agrupaciones cuestionaron la actuación de las fuerzas de seguridad durante el paro.
La Unorcac aseguró que lo ocurrido no puede considerarse un simple control del orden público. La organización denunció que Farinango perdió la vida tras recibir impactos directos de bombas durante las jornadas de protesta.
De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, las movilizaciones convocadas por la Conaie dejaron un saldo de 473 personas heridas, 206 detenidas y 391 presuntas violaciones a los derechos humanos. Estos datos refuerzan los reclamos de las organizaciones indígenas, que mantienen su pedido de justicia por las muertes registradas durante el paro nacional.
Los crímenes de Estado no tienen retorno ni perdón.
La memoria de Edison Farinango exige verdad y justicia.
Su muerte es consecuencia de la represión contra las comunidades movilizadas en el Paro Nacional.
Nos solidarizamos con su familia y su comunidad.#ParoNacional2025 pic.twitter.com/Z9aABKRKqn
— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) December 28, 2025
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