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Martha Concepción
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El presidente de la República, José Raúl Mulino, devolvió a la Asamblea Nacional (AN), sin la sanción correspondiente, los proyectos de ley 388, sobre prescripción de deudas); 233, sobre cobro de tributos municipales; y 249, que busca reducir gastos de alquiler de oficinas en el sector público.
El mandatario espera que los diputados analicen las detalladas consideraciones expuestas por el Ejecutivo en cada una de las iniciativas.
En cartas enviadas al presidente de la AN, Jorge Luis Herrera, Mulino detalló los aspectos que considera problemáticos en cada iniciativa.
En su misiva sobre el proyecto de ley 388, que propone el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas por bancos y entidades financieras, Mulino advirtió que la propuesta podría tener impactos negativos en el mercado crediticio, generar conflictos con el régimen bancario vigente y afectar el sistema judicial.
Además, planteó que la iniciativa podría contradecir la Ley 42 de 23 de julio de 2001, que regula las empresas financieras, y vulnerar la función jurisdiccional del Órgano Judicial.
El mandatario destacó que, en su conjunto, la iniciativa es inconveniente e inexequible, pues también atenta contra la separación de poderes y el derecho al debido proceso.
El proyecto de ley 233, que modifica la Ley 55 de 1973 relacionada con la administración, fiscalización y cobro de tributos municipales, también fue objeto de críticas por parte del presidente Mulino.
Aunque no se opone a la totalidad de la iniciativa, el mandatario presentó objeciones parciales a los primeros cinco artículos de la propuesta, señalando que resultan inconvenientes y podrían afectar la estructura fiscal y administrativa de los municipios.
Además, en su carta señaló que el primer artículo es inexequible debido a la falta de concordancia con la Constitución.
Finalmente, el presidente Mulino también devolvió el proyecto de ley 249, que busca reducir los gastos de alquiler de oficinas en el sector público.
El Ejecutivo se opone al contenido del artículo 6, considerando que es inconveniente, y a los artículos 11, 12 y 14, en los que se menciona la “Contraloría General de la República”. Además, Mulino presentó una objeción parcial a los artículos 2 y 3, señalando que estos comprometen las competencias constitucionales del Ejecutivo en materia presupuestaria, según lo estipulado en el artículo 280 de la Constitución.
Finalmente, el mandatario solicitó a la AN un análisis más profundo de estos proyectos, en respuesta a lo que considera fallos de forma y fondo que podrían generar problemas en su implementación.
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El mandatario espera que los diputados analicen las detalladas consideraciones expuestas por el Ejecutivo en cada una de las iniciativas.
En cartas enviadas al presidente de la AN, Jorge Luis Herrera, Mulino detalló los aspectos que considera problemáticos en cada iniciativa.
Proyecto de ley 388: objeción por inconveniencia e inexequibilidad
En su misiva sobre el proyecto de ley 388, que propone el reconocimiento administrativo de la prescripción de deudas por bancos y entidades financieras, Mulino advirtió que la propuesta podría tener impactos negativos en el mercado crediticio, generar conflictos con el régimen bancario vigente y afectar el sistema judicial.
Además, planteó que la iniciativa podría contradecir la Ley 42 de 23 de julio de 2001, que regula las empresas financieras, y vulnerar la función jurisdiccional del Órgano Judicial.
El mandatario destacó que, en su conjunto, la iniciativa es inconveniente e inexequible, pues también atenta contra la separación de poderes y el derecho al debido proceso.
Proyecto de ley 233: objeciones parciales
El proyecto de ley 233, que modifica la Ley 55 de 1973 relacionada con la administración, fiscalización y cobro de tributos municipales, también fue objeto de críticas por parte del presidente Mulino.
Aunque no se opone a la totalidad de la iniciativa, el mandatario presentó objeciones parciales a los primeros cinco artículos de la propuesta, señalando que resultan inconvenientes y podrían afectar la estructura fiscal y administrativa de los municipios.
Además, en su carta señaló que el primer artículo es inexequible debido a la falta de concordancia con la Constitución.
Proyecto de ley 249: objeciones por inconveniencia e inexequibilidad
Finalmente, el presidente Mulino también devolvió el proyecto de ley 249, que busca reducir los gastos de alquiler de oficinas en el sector público.
El Ejecutivo se opone al contenido del artículo 6, considerando que es inconveniente, y a los artículos 11, 12 y 14, en los que se menciona la “Contraloría General de la República”. Además, Mulino presentó una objeción parcial a los artículos 2 y 3, señalando que estos comprometen las competencias constitucionales del Ejecutivo en materia presupuestaria, según lo estipulado en el artículo 280 de la Constitución.
Finalmente, el mandatario solicitó a la AN un análisis más profundo de estos proyectos, en respuesta a lo que considera fallos de forma y fondo que podrían generar problemas en su implementación.
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