Prensa Libre
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La Fiscalía de Guatemala tachó de “espurios” los señalamientos que hicieron el lunes expertos de la ONU al vincular a la fiscal general, Consuelo Porras, en adopciones ilegales de niños indígenas en los años 1980.
Relatores y especialistas de la ONU pidieron, en un comunicado publicado en Ginebra, una investigación independiente de la supuesta participación de Porras en las adopciones de los menores cuando ella fue directora, administradora y “tutora” de un hogar para menores estatal en 1982.
“Rechazamos (…) estos señalamientos falsos, carentes de sustento, carentes de conocimiento fáctico y completamente malintencionados”, señaló la Fiscalía guatemalteca en un comunicado enviado a la AFP. “Estos señalamientos espurios constituyen una afectación directa al derecho de participación”, añadió.
El caso
Expertos de la ONU señalaron este lunes a la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, de una supuesta participación en adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, durante el conflicto armado interno.
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La denuncia trascendió en un comunicado publicado en Ginebra el mismo día en que Porras, que concluirá su mandato como fiscal en mayo, fracasó en su intento de ser elegida magistrada en la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima instancia judicial del país.
Los especialistas de la ONU dijeron haber recibido información sobre “al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales“, tras “su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996″.
El grupo señaló que los menores fueron entregados en adopción tras ser llevados al Hogar Temporal Elisa Martínez, donde Porras era directora y también “tutora legal de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982”, según el comunicado.
Los expertos pidieron “investigaciones independientes sobre las alegaciones” de que en esas “adopciones ilegales internacionales, supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo” a Porras, añadió el texto.
La fiscal, de 72 años, está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran “corrupta” y “antidemocrática” por abrir procesos penales contra exfuncionarios antimafia, periodistas y líderes sociales.
Además, por haber intentado hace dos años impedir la investidura del presidente Bernardo Arévalo, a quien también ha tratado de despojar de su inmunidad.
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