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Ignacio Ortiz Salas
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El Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA), organización que mantuvo la toma del edificio administrativo B de la Universidad de Costa Rica (UCR) durante tres semanas, aseguró la tarde de este jueves que existe una “clara falta de coherencia” entre la información divulgada por la Rectoría sobre los presuntos daños ocasionados durante la ocupación y lo que fue revisado conjuntamente por representantes estudiantiles y personal administrativo antes de la entrega del inmueble el pasado 15 de mayo.
La agrupación reaccionó a las declaraciones emitidas por el rector Carlos Araya Leandro tras comparecer ante el Ministerio Público en condición de ofendido dentro de una investigación por presuntos daños agravados al patrimonio universitario. En un comunicado divulgado este 4 de junio, el movimiento calificó como “profundamente preocupante y alarmante” el rumbo que han tomado las acciones impulsadas por la administración universitaria. “Consideramos que esta actuación representa una ruptura de los acuerdos alcanzados durante el proceso de negociación que permitió la desocupación del edificio de Rectoría” aseguran en su comunicado.
Según el MEA, las afirmaciones realizadas por la administración universitaria contradicen lo conversado y revisado junto con representantes administrativos tanto el día en que se concretó la entrega del edificio como durante el proceso de negociación que puso fin a la ocupación.
La organización también rechazó lo que considera una campaña de criminalización de la protesta estudiantil. A su criterio, el abordaje que ha dado la administración al conflicto desvía la atención de las demandas planteadas por la comunidad universitaria y opaca los acuerdos alcanzados tras varias semanas de negociación.
El movimiento cuestionó, además, declaraciones brindadas por el rector en las que habría calificado la toma del edificio “no como protesta, sino como daños al patrimonio” ante el medio Teletica. Para la organización, este tipo de manifestaciones contradicen el reconocimiento previo de la legitimidad de la protesta y refuerzan una lectura punitiva del conflicto.
En declaraciones exclusivas a UNIVERSIDAD, una vocería del movimiento indicó que, si bien entienden que la comparecencia de Araya ante las autoridades judiciales responde a una obligación derivada de una denuncia presentada por un tercero, les preocupa el discurso que ha acompañado las acciones posteriores de la administración. “Más que fortalecer el diálogo y el derecho a la protesta, como lo dicen en su comunicado, más bien están generando un efecto contrario donde se criminaliza a las personas estudiantes” aseguró la persona estudiante.
El MEA también cuestionó que las denuncias sobre presuntos daños y bienes desaparecidos se hayan conocido a través de medios de comunicación. “Posterior a la entrega del edificio, se ha roto ese diálogo recíproco y transparente. Este movimiento se ha enterado de todos estos procesos por medio de la prensa, y nunca por una comunicación o siquiera una consulta de la administración respecto a los hechos que hoy denuncian públicamente”. Esto pese a que en el primer punto del acuerdo firmado para la entrega del edificio, y del que este medio tiene copia, se asegura que se instalaría una “mesa resolutiva de negociación” entre ambas partes.
La vocería agregó que, desde la entrega del inmueble, el movimiento no ha recibido información directa sobre los procesos emprendidos por la administración y expresó su expectativa de que puedan restablecerse los canales de comunicación abiertos durante las negociaciones.
La reacción estudiantil surge a su vez durante la divulgación en medios, y confirmación en el comunicado de prensa, de supuestos daños valorados preliminarmente en ₡37 millones y de que la Vicerrectoría de Docencia presentara una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la desaparición de diversos bienes institucionales tras la recuperación del edificio.
En el cuadro presentado por el medio CrHoy, que contendría un desglose de los gastos para la reparación de las instalaciones, existen rubros que no necesariamente tienen que ver con la restauración propiamente. Por ejemplo, la administración habría incluido un monto de ₡8 millones por “horas extras” del personal de seguridad.
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