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Motines coordinados evidencian sincronización entre grupos de pandillas; analistas advierten de riesgos de más fugas
En En un proceso sistémico y coordinado, se registró un motín en tres reclusorios del país como medida de presión para exigir el traslado de líderes de pandillas.
la Redacción
18 de enero de 2026
|
07:00h
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La primera revuelta del año en los centros carcelarios ocurrió el sábado 17 de enero en horas de la madrugada, cuando un grupo de privados de libertad protagonizó motines simultáneos en tres cárceles.
La primera revuelta del año en los centros carcelarios ocurrió ayer en horas de la madrugada, cuando un grupo de privados de libertad protagonizó motines simultáneos en tres cárceles, con el objetivo de presionar a las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) y del Sistema Penitenciario (SP) para el traslado de los principales cabecillas a otros centros de reclusión.
El movimiento comenzó en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla; posteriormente se extendió al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, sector 11, y al reclusorio Fraijanes 2.
En Renovación 1 permanecen miembros líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS) y Barrio 18, así como población no pandillera —conocida como “paisas”—, considerada de alto perfil de peligrosidad.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró en conferencia de prensa que los motines tienen como finalidad poner a prueba la autoridad del Estado dentro de los centros penitenciarios, y reiteró que una de las principales políticas de su gestión es retomar el control de las cárceles y eliminar los privilegios.
“Se han desarticulado centros de llamadas dentro de las cárceles, que eran el origen de muchas extorsiones”, enfatizó el funcionario.
La forma coordinada en que se desarrollaron los motines, así como el incendio en áreas administrativas y los daños causados a la infraestructura en Renovación 1, también es interpretada por diversos analistas como un “mensaje político y de seguridad”, dirigido directamente a las autoridades.
Planificado desde meses atrás
De acuerdo con fuentes cercanas y con conocimiento de lo acontecido, la planificación de un motín simultáneo en cárceles se venía gestando desde hace varios meses, y en al menos dos ocasiones anteriores las autoridades lograron neutralizar los movimientos.
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El ministro Villeda explicó en conferencia de prensa que el objetivo principal del motín coordinado es presionar para el traslado del líder del Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, a otro centro carcelario. Asimismo, se ha establecido que Jorge Jair de León Hernández, alias “El Diabólico”, señalado como líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Guatemala, también busca un cambio de prisión.
Según las investigaciones, ambos líderes han perdido el control de sus clicas —grupos que operaban bajo sus órdenes—, así como su cuota de poder interno, lo que habría provocado conflictos dentro de las estructuras criminales y la necesidad de recuperar territorios.
Al no contar con privilegios ni control interno dentro de los centros penitenciarios, se habría producido una sincronización de acciones, en la que participaron privados de libertad conocidos como “paisas”, así como supuestos familiares de reclusos, quienes bloquearon el paso de vehículos para impedir el ingreso de fuerzas de seguridad a la cárcel Renovación 1 cuando inició la revuelta.
Las autoridades también investigan la posible financiación de pandilleros a grupos de paisas para ejecutar los motines.
Una de las principales alertas de seguridad emitidas ayer es la eventual conformación de una alianza entre el Barrio 18, la MS-13 y grupos de paisas, dirigida contra el Mingob y el SP, lo que podría derivar en una escalada de acciones violentas.
Renovación 1 no fue diseñada para reclusos de alta peligrosidad
Para Corinne Dedik, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y experta en temas del SP, los hechos evidencian que se intentó crear un centro carcelario con mayor control para personas vinculadas a pandillas y al crimen organizado, debido a que se sabe que desde prisión continúan delinquiendo y planificando delitos.
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Sin embargo, Dedik señaló que uno de los principales problemas es la falta de nueva infraestructura penitenciaria. En el caso de Renovación 1, agregó, se optó por remozar y remodelar un centro ya existente, en lugar de construir uno nuevo.
“Se trata de un centro antiguo que no cuenta con la arquitectura necesaria para ejercer un control efectivo sobre privados de libertad de alta peligrosidad”, indicó.
Según la analista, estos perfiles corresponden a reclusos que no se adaptan al régimen penitenciario, continúan delinquiendo y, por ello, deberían estar recluidos en celdas individuales.
“El objetivo principal del motín coordinado es presionar para el traslado del líder del Barrio 18, Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “el Lobo”, a otro centro carcelario”
Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación
“Cuando permanecen en grupos, siempre pueden ponerse de acuerdo, unir fuerzas y resulta muy difícil controlarlos. En cambio, cuando están recluidos de manera individual, se reduce la capacidad de organización y de acción colectiva”, remarcó.
Agregó que un factor primordial que deja una lección —y no es la primera vez— es que, si se quiere contar con una cárcel de máxima seguridad, se necesita una infraestructura adecuada, moderna y segura, acorde con los estándares que exige un centro de esta naturaleza.
Motines evidencian coordinación e intercambio de información
Kevin López, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), afirmó que el carácter simultáneo de los motines evidencia una clara coordinación entre los centros penitenciarios, lo que implica un intercambio de información entre los reclusos que permitió la ejecución de estas acciones.
El analista explicó que, a partir de las posturas asumidas por algunos pandilleros dentro de los penales, se identifican dos situaciones principales. La primera es el malestar de ciertos líderes y miembros de organizaciones criminales que han sido trasladados a prisiones con condiciones más restrictivas, lo cual resulta incómodo para estas estructuras.
“Ese escenario genera descontento y una de las principales peticiones es que se les retorne a centros donde tenían mayores accesibilidades”, señaló.
La segunda situación, agregó López, es que durante el desarrollo de los motines se han mencionado posibles acciones que podrían derivar en intentos de fuga de otros privados de libertad en distintos centros penitenciarios, lo que incrementa el riesgo en materia de seguridad.
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“¿Cuál debería ser la respuesta de las autoridades? En primer lugar, se debe priorizar el control integral del sistema penitenciario, no únicamente en los centros de máxima seguridad”, añadió. En el caso de Renovación 1, afirmó, si bien se han impulsado acciones para reforzar el control después de su remodelación, también es necesario anticipar y atender las circunstancias que se presentan en otros centros de privación de libertad, para evitar que situaciones similares se repliquen.
Señala objetivos políticos
Los movimientos registrados en los centros carcelarios también reflejan una lectura política de los hechos.
El politólogo independiente Douglas González señaló que un evento coordinado de caos y desorden dentro del sistema penitenciario permite suponer la existencia de “objetivos políticos claros”. En primer lugar, destacó que los motines coinciden con la visita de una misión de congresistas de Estados Unidos a Guatemala, cuyo propósito es evaluar temas de seguridad y gobernabilidad.
“Cuando permanecen en grupos, siempre pueden ponerse de acuerdo, unir fuerzas y resulta muy difícil controlarlos. En cambio, cuando están recluidos de manera individual, se reduce la capacidad de organización y de acción colectiva”
Corinne Dedik, analista del Cien
En segundo término, González advirtió que estas acciones podrían buscar un desgaste anticipado del ministro de Gobernación, con el objetivo de debilitar su perfil público, especialmente considerando que podría postularse al cargo de fiscal general.
Finalmente, el analista señaló que los hechos también muestran un alineamiento con el discurso golpista de sectores que, desde los resultados electorales, han intentado impedir o deslegitimar la toma de posesión del actual Gobierno.
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“La respuesta de las autoridades debe ser contundente, sin margen para negociaciones, y orientada a ampliar las restricciones para los privados de libertad que participaron en estos hechos. Está claro que la principal exigencia de estos grupos es obtener mayores libertades para continuar ejerciendo violencia y extorsiones desde las cárceles”, comentó.
Asimismo, que debe reconocerse que el SP fue “cedido”, de manera errónea, al control de los propios reclusos desde hace décadas. “El modelo impuesto durante la influencia de Byron Lima aún persiste, y como resultado, los centros carcelarios se han transformado en verdaderas universidades del crimen, donde se fortalecen y reproducen las estructuras criminales”, indicó el politólogo.
Reingeniería total del SP
Para el analista político José Carlos Ortega Santa Cruz, no existe ninguna duda de que los grupos delincuenciales mantienen comunicación entre sí y que, aun sin conocerse con precisión sus demandas o exigencias, actúan con un propósito común. Este va desde desestabilizar las medidas de orden que se estén implementando en el sistema penitenciario hasta recuperar privilegios.
“El Sistema Penitenciario está en una situación crítica, de las peores del país, y requiere una reingeniería profunda, que incluya reformas legales, nueva infraestructura y políticas de control más estrictas, aplicadas de manera simultánea en todos los centros”, afirmó.
Ortega Santa Cruz señaló que la respuesta de las autoridades debe depender del nivel de riesgo que representen los motines para guardias, visitas y otros privados de libertad. En casos de motines violentos, subrayó, las fuerzas del orden deben actuar de inmediato, aunque insistió en que, de forma paralela, se debe fortalecer el sistema de control penitenciario.
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“El país no puede seguir con un sistema penitenciario en el que los reos mantengan el control interno. El contacto con las visitas debe reducirse mediante la perfilación de los privados de libertad, visitas a través de mamparas de vidrio y, en algunos casos, la prohibición total de visitas”, concluyó.
Mensaje “de poder” del crimen organizado
El analista político Renzo Rosal consideró que los hechos registrados en dichas cárceles constituyen una manifestación de poder, una forma de demostrar, una vez más, “quién ejerce el control real” del SP. Señaló que estos acontecimientos se producen pocos días después del segundo aniversario del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, lo que representa un mensaje concreto: “Así iniciamos el tercer año”.
Bajo ese contexto, Rosal afirmó que resulta evidente que las estructuras del crimen organizado, que han mantenido el control del SP, envían mensajes. “El primero, que tienen el dominio de las cárceles; el segundo, que pueden poner en jaque al país y bloquear acciones futuras, lo que constituye un mensaje desafiante al Estado”, precisó.
Esta postura, añadió, confirma que existe una fase de planificación previa detrás de los hechos.
El analista recordó que la fuga registrada en octubre del 2025 fue un preámbulo de lo que podría manifestarse en adelante, dejando en evidencia que el control de estas estructuras trasciende los muros de las cárceles. Asimismo, advirtió que cualquier situación de este tipo puede generar temor en la ciudadanía y provocar un “efecto dominó rápido”, agravando la percepción y la realidad de la inseguridad.
En cuanto a la respuesta estatal, Rosal sostuvo que las autoridades deben actuar de manera más contundente, firme y dominante, para recuperar el control de la situación.
Finalmente, subrayó que el Gobierno debería aprovechar la relación positiva con Estados Unidos y solicitar apoyo internacional para enfrentar la crisis penitenciaria y de seguridad.
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