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Daniela Muñoz Solano
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El viceministro de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Pablo Camacho, admitió este miércoles a la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios que el debate que ese órgano ha dado sobre el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar las obras de la carretera San Carlos, ha impulsado una renegociación a la baja de los intereses de dicho empréstito.
Estas afirmaciones fueron brindadas durante una comparecencia de Camacho, junto al jerarca del ramo, Efraím Zeledón y varios funcionarios tanto del MOPT como el Consejo Nacional de Vialidad, en la que dieron detalles sobre los preparativos para la ejecución de esas horas.
Durante la audiencia el ministro Zeledón explicó que los recursos que genere el proyecto de ley, que autoriza un préstamo por $700 millones, se utilizarán para construir por completo la carretera San Ramón, tanto a partir de La Sabana como de Río Segundo de Alajuela, a través de la licitación de ocho megaproyectos de infraestructura comprendidos en dos grandes carteles ejecutarán dos empresas distintas en simultáneo.
Según dijo, el proyecto ya superó los procesos de prefactibilidad y factibilidad, y tiene aprobados todos los estudios técnicos, ambientales y financieros.
Sobre las expropiaciones de predios que deben hacerse para lograr siquiera iniciar las obras, el jerarca dijo que aunque hay decenas pendientes ya hay una empresa contratada con este fin y se han reservado fondos estatales en el presupuesto para que se completen a la mayor brevedad.
Cuestionado por algunos diputados Zeledón incluso dijo que su ministerio -cuyo término podría terminar en mayo o extenderse si se suma a las filas del nuevo gobierno- puede comprometerse a que se reserven entre ₡15,000 y ₡25,000 millones por año para expropiaciones.
El liberacionista José Joaquín Hernández intervino para aclarar que todas las personas de la comisión están a favor de la empresa en principio pero que es su obligación revisar minuciosamente los compromisos económicos que adquiere el país.
También preguntó, considerando la historia que comprueba que las expropiaciones son el proceso más difícil en la construcción de obra pública, si era seguro que se reservarían estos fondos a lo que el ministro respondió que sí.
Jonathan Acuña criticó el hecho de que no se había buscado más alternativa que el préstamo con el BCI cuyos costos son altos pero el viceministro Pablo Camacho intervino para decir que la decisión había sido por razones de agilidad y admitió que motivado por el debate legislativo que se había dado, y por la experiencia favorable que se tuvo con el préstamo de PROERI, acudieron al BCIE para solicitar una mejora de la tasa de intereses del empréstito.
Tanto Acuña como Luis Fernando Mendoza, Paulina Ramírez, José Pablo Sibaja y Eliécer Feinzaig celebraron el hecho de que se estén negociando a la baja los términos del préstamo y resaltaron que es la razón por la cual han sido minuciosos en la discusión del proyecto.
Cuando los oficialistas Pilar Cisneros y Alexander Barrantes hicieron uso de la palabra, se enfocaron en llamar a apresurar el proceso y a dejar de debatir para que se pueda concretar el negocio y comenzar las obras, incluso destacando que cada día que pasa sin que se apruebe el proyecto le cuesta, según ellos, $100.000 al país.
Jonathan Acuña intervino luego de Cisneros para decir que la misma admisión del viceministro de que el debate había promovido una renegociación de los términos que favorecen al país, era la razón por la cual su fracción era tan insistente en fiscalizar este tipo de proyectos y anunció es un comportamiento que continuará durante el siguiente periodo legislativo.
Eliécer Feinzaig también reclamó las intervenciones de la legisladora oficialista para que se dejara debatir el proyecto y se aprobara sin más, pues quedaba en evidencia que el debate mismo estaba generando beneficios a los costarricenses.
El liberal junto con su compañero de bancada Luis Diego Vargas cuestionaron los plazos establecidos por el MOPT, que asegura que si se aprueba pronto el texto las obras darán inicio en 2027 y concluirán en 2031.
Ambos diputados plantearon que es posible que los plazos sean aún más extensos pues está hablando de obras enormes de infraestructura y especialmente de decenas de expropiaciones que están pendientes y que podrían incluso terminar judicializadas.
Hacia el fin de la comparecencia, el oficialista Barrantes dijo que ya era hora de aprobar el proyecto que, según él, “lleva 30 años dando vueltas en la corriente legislativa”, dato que fue desmentido por Feinzaig, pues el proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo apenas hace 5 meses.
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