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Monserrat Cordero Parra
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La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) advirtió en su más reciente informe sobre las elecciones nacionales de la posible infiltración del crimen organizado y uso de recursos ilícitos en la campaña política.
Esto fue plasmado en el informe a partir de diversos relatos recibidos por la Misión, la cual entrevistó a distintos actores políticos.
“Las elecciones en 2026 se desarrollaron en un contexto que mantiene desafíos de larga data relacionados con la inequidad en el sistema de financiamiento político-electoral vigente en Costa Rica. A esto se suman los diversos relatos recibidos por la Misión de preocupación sobre la posible infiltración del crimen organizado y la presencia de recursos de origen ilícito, incluyendo los asociados al narcotráfico, así como de financiación prohibida proveniente del extranjero, en la competencia política», se lee en el informe.
Esta preocupación ya había sido puesta en conocimiento de la Misión en las pasadas elecciones municipales celebradas en 2024.
Sobre el financiamiento de los partidos políticos, la Misión indicó también que en el país predominan los reembolsos postelectorales (deuda política), lo que conlleva a una excesiva dependencia en el financiamiento privado, “en un sistema que no establece límites a las contribuciones individuales, ni topes de gasto para campañas”.
“En la contienda actual se destaca la creciente utilización de certificados de cesión de la contribución estatal también conocidos como bonos, por un monto total cedido autorizado de ₡71.317.500.00038, para las agrupaciones políticas en contienda, muy por encima del monto total de la contribución estatal para las elecciones nacionales, fijado por el Tribunal Supremo de Elecciones en ₡39.292.747.76040”, se lee en el informe.
Actualmente, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) analiza la solvencia económica de los principales compradores de bonos del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
La Misión externó también que, según personas entrevistadas, el sistema de financiamiento político-electoral genera profundas condiciones de inequidad. Estos actores opinaron que la figura de cesión de la contribución estatal, al basarse en la especulación, genera incentivos indeseados para su adquisición.
Agregaron también que apenas tres partidos políticos Liberación Nacional, el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana cuentan con créditos bancarios suscritos, cuya garantía se acordó mediante la colocación de certificados de cesión. Esto se debe a las dificultades que enfrentan la mayoría de las agrupaciones para acceder a créditos bancarios.
Esto, asociado a otras circunstancias, conducen a que candidaturas y dirigentes de partidos, principalmente nuevos, emergentes o sin deuda política deban recurrir a recursos personales o créditos individuales para financiar sus campañas. Esto contribuye a incrementar la desigualdad entre quienes cuentan con mayor disponibilidad o acceso a fondos privados y quienes no”.
En esa línea, la Misión recomienda adoptar un esquema de financiamiento público anticipado basado en criterios objetivos y equitativos que asegure que todos los partidos políticos cuenten con recursos oportunos para desarrollar sus campañas, reduciendo la dependencia del financiamiento privado; fijar límites individuales a los aportes de las personas naturales o físicas, así como al valor de las campañas.
A esto se suma adoptar mecanismos que permitan a los partidos políticos contar con espacios en los medios de comunicación (financiamiento público indirecto) para garantizar la equidad en el acceso a difundir propaganda electoral.
Resultados claros y transparentes
No todo fue negativo, tras la finalización de las elecciones, la Misión felicitó a nuestro país por una jornada electoral que se desarrolló en un ambiente de paz, celebración y convivencia democrática.
Asimismo resaltaron un aumento significativo en la participación ciudadana de casi casi 10 puntos porcentuales en comparación con la registrada en procesos anteriores.
La Misión reconoció la solidez y el profesionalismo del TSE y sus funcionarios. Alegaron también que la votación, el proceso de conteo y la divulgación de los resultados preliminares se llevaron a cabo de manera transparente.
La Misión llegó al país a partir del 22 de enero y estuvo integrada por 27 observadoras y observadores de 15 nacionalidades, quienes dieron seguimiento a las elecciones en las siete provincias de Costa Rica.
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