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Aleida Samaniego
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En Panamá, el manejo de desechos hospitalarios ha alcanzado niveles alarmantes de improvisación y riesgo ambiental, según admitió el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en una entrevista con La Prensa. Bolsas con residuos peligrosos eran entregadas “a los compadres” para su disposición, lo que generaba contaminación de suelos, aguas subterráneas y playas, afectando a comunidades enteras y poniendo en riesgo la salud pública.
Para poner fin a esta práctica, el Consejo de Gabinete aprobó en noviembre de 2025, mediante un procedimiento excepcional, un nuevo contrato de 20.4 millones de dólares al Ministerio de Salud (Minsa) con la empresa Construcciones, Limpiezas y Equipo, S.A.
El acuerdo, con vigencia de 12 meses, contempla la gestión integral de desechos hospitalarios, el suministro de insumos certificados y la remodelación de infraestructuras sanitarias en instalaciones de salud de todo el país, desde la capital hasta las provincias más alejadas y las comarcas indígenas.
El contrato fue necesario debido a la urgencia sanitaria y al interés público, explicó Boyd Galindo. Los informes técnicos evidenciaron deficiencias graves en la gestión de los residuos peligrosos, incluyendo almacenamiento inadecuado, falta de infraestructura especializada y riesgos ambientales que no podían esperar los plazos de una licitación tradicional. Legalmente, la decisión se sustentó en el artículo 79, numeral 5, del Texto Único de la Ley 22 de junio 2006, que permite contratos de beneficio social en situaciones de emergencia sanitaria, garantizando la protección inmediata de la población y del medio ambiente.
Históricamente, la gestión de residuos hospitalarios en Panamá ha sido insuficiente. El país carece de plantas de tratamiento certificadas en varias regiones, la flota de transporte es limitada y no existe un sistema uniforme de trazabilidad. Por ello, el Minsa dependía de terceros para la recolección y disposición, lo que generaba riesgos graves tanto para la salud pública como para el entorno natural.
“El manejo previo de la basura hospitalaria se hacía de forma improvisada y peligrosa”, afirmó Boyd Galindo. “Se entregaban bolsas de residuos a conocidos, quienes las transportaban y enterraban sin control alguno. Esto contaminaba ríos, playas y suelos, afectando de manera directa a comunidades enteras”.
La desigualdad en la capacidad instalada agrava el problema, ya que algunas regiones están mejor equipadas que otras y persisten brechas importantes en cobertura y calidad del servicio. Por ello, la contratación directa de una empresa especializada fue considerada una medida responsable y urgente para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores y de la población en general.
Boyd Galindo aseguró que la elección de Construcciones, Limpiezas y Equipo, S.A. se basó en un análisis exhaustivo de criterios técnicos, operativos, legales y financieros. Desde el punto de vista técnico, la empresa debía contar con permisos vigentes para el manejo de desechos peligrosos, una flota certificada para transporte seguro y plantas de tratamiento autorizadas, así como la capacidad operativa real para garantizar cobertura nacional.
En el proceso participaron un total de cinco empresas. Tras un análisis riguroso, Construcciones, Limpiezas y Equipo, S.A. fue la seleccionada, ya que las demás compañías no cumplieron de manera integral con los requisitos técnicos, operativos o de infraestructura, lo que limitaba su capacidad para ofrecer un servicio seguro y eficiente. Esta elección garantiza que la firma pueda operar de manera óptima en todo el país, minimizando riesgos sanitarios y ambientales.
La empresa debe cumplir con el alcance completo del contrato, que incluye recolección con pesaje validado, transporte especializado, tratamiento térmico controlado, suministro de insumos y adecuación de infraestructura en las instalaciones de salud. Este proceso garantiza trazabilidad, eficiencia y seguridad, reduciendo la exposición de trabajadores y comunidades a residuos peligrosos.
En el aspecto financiero, la empresa presentó estados financieros sólidos y una carta de financiamiento que respalda la ejecución total del proyecto, junto con la oferta más baja entre las propuestas recibidas. Esto asegura viabilidad, sostenibilidad y protección del interés del Estado. Boyd Galindo resaltó que, gracias a esta selección, se logró un ahorro económico significativo, sin comprometer la calidad del servicio.
Para organizar la operación, el país se dividió en dos zonas operativas: una cercana a la capital, que incluye Panamá, San Miguelito y Colón, y otra que abarca provincias más alejadas y comarcas. Esta segmentación no tiene fines administrativos, sino que busca optimizar rutas, tiempos de recolección, logística, distribución de insumos y tratamiento final, considerando las particularidades geográficas y el volumen de desechos en cada región. Este esquema permite eficiencia, control y trazabilidad del servicio a nivel nacional, asegurando que todas las instalaciones de salud reciban atención oportuna y cumplan con estándares ambientales y sanitarios.
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El contrato también contempla la remodelación de infraestructuras hospitalarias, principalmente depósitos temporales refrigerados o “cuartos fríos”, destinados al almacenamiento seguro de residuos peligrosos. Estos espacios cuentan con materiales lavables y resistentes, drenaje, ventilación, separación de residuos por tipo, piso adecuado, señalización y control de ubicación.
La selección de instalaciones beneficiadas se realiza con criterios técnicos, priorizando hospitales sin depósitos adecuados o con infraestructuras deterioradas, con el fin de lograr una cobertura nacional progresiva y estandarizada. Asimismo, se asegura el suministro centralizado de insumos normados, como bolsas rojas certificadas de distintos tamaños, garantizando calidad, uniformidad y continuidad del servicio en todo el país.
El Minsa tendrá control total sobre la ejecución del contrato, con acceso a reportes periódicos, certificados de disposición final, trazabilidad por rutas y registros documentados mediante software provisto por la empresa. Se realizarán inspecciones técnicas, auditorías administrativas y revisiones de cumplimiento normativo, tanto en instalaciones de salud como en puntos de tratamiento. Este sistema asegura visibilidad y control permanente, cumpliendo con los estándares sanitarios y ambientales más exigentes.
El ministro Boyd Galindo confirmó que la medida temporal tendrá vigencia de un año, mientras se gestionan los fondos necesarios para realizar la licitación formal ante la Contraloría. “Esperamos que para junio de 2026 podamos iniciar los procesos de licitación pública con partidas presupuestarias asignadas, garantizando transparencia y cumplimiento ambiental”, aseguró.
Con esta contratación integral, el Minsa busca solucionar problemas estructurales históricos: almacenamiento deficiente, ausencia de insumos normados, falta de trazabilidad, equipos de protección insuficientes y prácticas de disposición inapropiadas. El objetivo es implementar un sistema moderno, seguro y trazable que proteja a pacientes, trabajadores y comunidades, evitando daños al ambiente y asegurando un servicio sanitario sostenible en todo el país.
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Para poner fin a esta práctica, el Consejo de Gabinete aprobó en noviembre de 2025, mediante un procedimiento excepcional, un nuevo contrato de 20.4 millones de dólares al Ministerio de Salud (Minsa) con la empresa Construcciones, Limpiezas y Equipo, S.A.
El acuerdo, con vigencia de 12 meses, contempla la gestión integral de desechos hospitalarios, el suministro de insumos certificados y la remodelación de infraestructuras sanitarias en instalaciones de salud de todo el país, desde la capital hasta las provincias más alejadas y las comarcas indígenas.
El contrato fue necesario debido a la urgencia sanitaria y al interés público, explicó Boyd Galindo. Los informes técnicos evidenciaron deficiencias graves en la gestión de los residuos peligrosos, incluyendo almacenamiento inadecuado, falta de infraestructura especializada y riesgos ambientales que no podían esperar los plazos de una licitación tradicional. Legalmente, la decisión se sustentó en el artículo 79, numeral 5, del Texto Único de la Ley 22 de junio 2006, que permite contratos de beneficio social en situaciones de emergencia sanitaria, garantizando la protección inmediata de la población y del medio ambiente.
Históricamente, la gestión de residuos hospitalarios en Panamá ha sido insuficiente. El país carece de plantas de tratamiento certificadas en varias regiones, la flota de transporte es limitada y no existe un sistema uniforme de trazabilidad. Por ello, el Minsa dependía de terceros para la recolección y disposición, lo que generaba riesgos graves tanto para la salud pública como para el entorno natural.
“El manejo previo de la basura hospitalaria se hacía de forma improvisada y peligrosa”, afirmó Boyd Galindo. “Se entregaban bolsas de residuos a conocidos, quienes las transportaban y enterraban sin control alguno. Esto contaminaba ríos, playas y suelos, afectando de manera directa a comunidades enteras”.
La desigualdad en la capacidad instalada agrava el problema, ya que algunas regiones están mejor equipadas que otras y persisten brechas importantes en cobertura y calidad del servicio. Por ello, la contratación directa de una empresa especializada fue considerada una medida responsable y urgente para garantizar la seguridad de pacientes, trabajadores y de la población en general.
Selección de la empresa: cinco candidatas, una elegida
Boyd Galindo aseguró que la elección de Construcciones, Limpiezas y Equipo, S.A. se basó en un análisis exhaustivo de criterios técnicos, operativos, legales y financieros. Desde el punto de vista técnico, la empresa debía contar con permisos vigentes para el manejo de desechos peligrosos, una flota certificada para transporte seguro y plantas de tratamiento autorizadas, así como la capacidad operativa real para garantizar cobertura nacional.
En el proceso participaron un total de cinco empresas. Tras un análisis riguroso, Construcciones, Limpiezas y Equipo, S.A. fue la seleccionada, ya que las demás compañías no cumplieron de manera integral con los requisitos técnicos, operativos o de infraestructura, lo que limitaba su capacidad para ofrecer un servicio seguro y eficiente. Esta elección garantiza que la firma pueda operar de manera óptima en todo el país, minimizando riesgos sanitarios y ambientales.
La empresa debe cumplir con el alcance completo del contrato, que incluye recolección con pesaje validado, transporte especializado, tratamiento térmico controlado, suministro de insumos y adecuación de infraestructura en las instalaciones de salud. Este proceso garantiza trazabilidad, eficiencia y seguridad, reduciendo la exposición de trabajadores y comunidades a residuos peligrosos.
En el aspecto financiero, la empresa presentó estados financieros sólidos y una carta de financiamiento que respalda la ejecución total del proyecto, junto con la oferta más baja entre las propuestas recibidas. Esto asegura viabilidad, sostenibilidad y protección del interés del Estado. Boyd Galindo resaltó que, gracias a esta selección, se logró un ahorro económico significativo, sin comprometer la calidad del servicio.
Para organizar la operación, el país se dividió en dos zonas operativas: una cercana a la capital, que incluye Panamá, San Miguelito y Colón, y otra que abarca provincias más alejadas y comarcas. Esta segmentación no tiene fines administrativos, sino que busca optimizar rutas, tiempos de recolección, logística, distribución de insumos y tratamiento final, considerando las particularidades geográficas y el volumen de desechos en cada región. Este esquema permite eficiencia, control y trazabilidad del servicio a nivel nacional, asegurando que todas las instalaciones de salud reciban atención oportuna y cumplan con estándares ambientales y sanitarios.
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Adjuntos
cuadro de precio.docxRemodelación de infraestructura
El contrato también contempla la remodelación de infraestructuras hospitalarias, principalmente depósitos temporales refrigerados o “cuartos fríos”, destinados al almacenamiento seguro de residuos peligrosos. Estos espacios cuentan con materiales lavables y resistentes, drenaje, ventilación, separación de residuos por tipo, piso adecuado, señalización y control de ubicación.
La selección de instalaciones beneficiadas se realiza con criterios técnicos, priorizando hospitales sin depósitos adecuados o con infraestructuras deterioradas, con el fin de lograr una cobertura nacional progresiva y estandarizada. Asimismo, se asegura el suministro centralizado de insumos normados, como bolsas rojas certificadas de distintos tamaños, garantizando calidad, uniformidad y continuidad del servicio en todo el país.
El Minsa tendrá control total sobre la ejecución del contrato, con acceso a reportes periódicos, certificados de disposición final, trazabilidad por rutas y registros documentados mediante software provisto por la empresa. Se realizarán inspecciones técnicas, auditorías administrativas y revisiones de cumplimiento normativo, tanto en instalaciones de salud como en puntos de tratamiento. Este sistema asegura visibilidad y control permanente, cumpliendo con los estándares sanitarios y ambientales más exigentes.
El ministro Boyd Galindo confirmó que la medida temporal tendrá vigencia de un año, mientras se gestionan los fondos necesarios para realizar la licitación formal ante la Contraloría. “Esperamos que para junio de 2026 podamos iniciar los procesos de licitación pública con partidas presupuestarias asignadas, garantizando transparencia y cumplimiento ambiental”, aseguró.
Con esta contratación integral, el Minsa busca solucionar problemas estructurales históricos: almacenamiento deficiente, ausencia de insumos normados, falta de trazabilidad, equipos de protección insuficientes y prácticas de disposición inapropiadas. El objetivo es implementar un sistema moderno, seguro y trazable que proteja a pacientes, trabajadores y comunidades, evitando daños al ambiente y asegurando un servicio sanitario sostenible en todo el país.
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