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Mario Bermúdez Vives
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Representantes del Ministerio de Justicia y Paz acudieron a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, para solicitar a los diputados el impulso del proyecto 24.912, la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, pero mostraron resistencia a la posibilidad de coordinar con otras instancias en un proyecto relacionado y que está más avanzado, la reforma a la ley para la ejecución de la pena.
Niels Ching, viceministro de Justicia, asistió acompañado de Alexander Bolaños, director general de la Dirección General de Adaptación Social y Nelson Barquero, subdirector de la Policía Penitenciaria, para abogar ante los diputados por el expediente 24.912 presentado por el Poder Ejecutivo, que el mismo presidente de la comisión, el diputado Gilbert Jiménez calificó como un intento de saldar una deuda de más de 50 años, la carencia de una ley que regule integralmente el sistema penitenciario y la ejecución de la pena en el país.
Sin embargo, desde el inicio quedó claro que la visión del Ministerio de Justicia apuntaba a una confrontación con la propuesta de la Corte. Ching enfatizó que la reforma permitiría una base integral del sistema penitenciario, para integrar todas las áreas que lo conforman y permitir una política penitenciaria articulada, con una rectoría única en el Ministerio de Justicia.
«Estamos hablando no solo del sistema cerrado (personas detenidas, en la actualidad 19.100), sino del sistema abierto, semiinstitucional, comunidad, monitoreo electrónico, prisión preventiva y medidas alternativas», especificó Ching, pero cuando se le consultó la posibilidad de coordinar con el tema de la ejecución de la pena, enfatizó que la propuesta de Justicia es la que consideran completa, mientras la de ejecución de la pena «no contempla todo».
Ante preguntas de los diputados para insistir en el expediente de ejecución de la pena, primero alegó que fueron convocados para hablar del expediente penitenciario y no de otro; y cuando el diputado Gilberto Campos le consultó si estaban dispuestos a buscar acuerdos entre ambas materias, indicó que «no vemos inconveniente en eso, siempre que las personas que deben tomar la decisión, la tomen».
«¿Quienes deben tomar la decisión?», repreguntó Campos, pero Ching insistió en que «quienes debían tomar las decisiones», de manera críptica. «La ley de ejecución de la pena solo incluye algunas posibilidades, las personas sentenciadas», amplió luego el viceministro.
Adicionalmente, las diputadas Gloria Navas (independiente), Priscila Vindas (Frente Amplio) y Alejandra Larios (Liberación Nacional) preguntaron a Ching sobre una posible violación a la separación de poderes, al establecer el proyecto que los jueces de ejecución de la pena deberían acatar en forma obligatoria disposiciones que les brinde este sistema. El viceministro alegó que el Ministerio respeta la división de poderes, y que los diputados podrían decidir al respecto.
Finalmente, a Ching se le consultó por el retiro del Ejecutivo de la mesa en que se discutían estos temas de seguridad, materia en la que alegó tener desconocimiento.
Quedó pendiente una audiencia en este tema con el ministro de Justicia Gerald Campos, que estaba convocado para hoy, pero tenía una cita médica.
En la comisión también se presentó un dictamen negativo para el proyecto 2449, la ley para promover la convivencia y prevención de violencia en las comunidades, promovido por el presidente de la comisión, Gilbert Jiménez, luego de que las diputadas del PLN -Larios y Paulina Ramírez- Vindas, Navas y el diputado Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), reclamaron que no se tomaron en cuenta sus observaciones para la construcción de un texto sustitutivo. Además, cuestionaron que se pretendiera trasladar recursos de IAFA a esta materia, y se otorgara una rectoría al Ministerio de Seguridad que atenta contra al autonomía municipal.
En favor del proyecto votaron Jiménez, junto con la oficialista Pilar Cisneros, Yonder Salas de Nueva República, y Campos, del Partido Liberal Progresista.
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